Introducción
La justicia social ha sido el propósito fundamental que ha guiado el esfuerzo y las aspiraciones nacionales a lo largo de nuestra historia. La Constitución de 1917 es el resultado de un movimiento de hondas raíces sociales que asignó al Estado la responsabilidad de procurar la igualdad de oportunidades y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población.
Diagnóstico
Transformar los ideales constitucionales en mejores niveles de bienestar ha significado un esfuerzo sostenido de los mexicanos durante más de siete décadas. En este lapso, con el crecimiento económico ha mejorado el nivel de vida, se ha avanzado notoriamente en el acceso generalizado a los servicios educativos y de salud, a la vivienda y a la dotación de agua potable y electricidad. Sin embargo, existen aún severas carencias en cada uno de estos servicios, tanto en su cobertura como en su calidad. Más aún, los beneficios del crecimiento se han distribuido desigualmente: en 1992, el 20% de la población con más altos ingresos concentraba el 54% del ingreso nacional, mientras que el 20% más pobre recibía sólo el 4%. El problema social de atención más urgente es el de pobreza extrema que padecen cerca de 14 millones de mexicanos.
Los retos para "moderar la pobreza y la opulencia" y proporcionar igualdad de oportunidades a todos los mexicanos, se incrementan al considerar el desafío demográfico. Somos ya 90 millones de mexicanos y seguimos teniendo una tasa alta de crecimiento (2.0% anual). La tasa promedio de fecundidad es elevada (más de 3 hijos por mujer) y mayor en los sectores pobres y marginados de la población (hasta 5.6 hijos por mujer). El aumento demográfico de los años sesenta y setenta ha hecho que cerca de un millón de mexicanos demanden nuevos empleos cada año. Debido al aumento de la esperanza de vida, el número de mexicanos de la tercera edad crece significativamente, presionando sobre los servicios de salud y de seguridad social.
Objetivo
Para alcanzar plenamente los propósitos de mayor desarrollo social, político y económico de los mexicanos, se requiere combatir la inequidad que se expresa entre las personas, por la diferencia de oportunidades y de ingreso; entre las regiones, por las ventajas de unas sobre otras en materia de infraestructura y oportunidades económicas, y entre los sectores productivos, por los desequilibrios que presenta la economía rural respecto a las actividades industriales y de servicios.
La política de desarrollo social que asume el Gobierno de la República para el periodo 1995- 2000 se nutre del pasado, tiene como propósito fomentar la igualdad de oportunidades y condiciones que aseguren el ejercicio de los derechos individuales y sociales consagrados en la Constitución; elevar los niveles de bienestar y la calidad de vida de los mexicanos en todas las regiones del país, y de manera prioritaria, disminuir la pobreza y la exclusión social.
La acción pública se orientará a promover la equidad, es decir, a igualar las oportunidades de desarrollo social mediante la ampliación de la cobertura y el mejoramiento de la calidad de los servicios de educación, salud y vivienda. Elevará los niveles de bienestar y la calidad de vida de los mexicanos en todo el país, promoviendo el desarrollo equilibrado tanto de la población en la ciudad y en el campo, como el de las diferentes regiones. Se privilegiará la atención a la población con mayor desventaja económica y social, especialmente a los más pobres.
El objetivo de mayor justicia social y equidad requiere de una estrategia que amplíe la cobertura y mejore la calidad de la educación, la salud, la seguridad social y la vivienda (incluyendo sus servicios complementarios), con el propósito de ofrecer a todos los mexicanos las mismas oportunidades de desarrollo social.
Educación
Realizar una cruzada permanente por la educación, sustentada en una alianza nacional en la que converjan los esfuerzos e iniciativas de todos los órdenes de gobierno y de todos los grupos sociales.
Intensificar el esfuerzo de enseñanza-aprendizaje, mejorando contenidos y métodos e incrementando el trabajo escolar.
Elevar sustancialmente la eficiencia terminal en primaria y secundaria. A los niños con mayores desventajas económicas se les ayudará con becas y desayunos escolares. Al maestro, que es el protagonista del proceso educativo, se le apoyará con un sistema de superación profesional, y elevando sus condiciones de vida y de trabajo.
Realizar un esfuerzo especial de alfabetización para adultos, así como de una educación y una capacitación más flexibles y adecuadas a sus necesidades. La flexibilidad le permite al adulto seleccionar las opciones educativas más idóneas para una más provechosa incorporación y movilidad en el mercado de trabajo.
Dar un impulso sin precedentes a la capacitación para el trabajo, conforme a los lineamientos enunciados en el capítulo de crecimiento económico, a fin de fomentar la productividad y las oportunidades para tener acceso a actividades más calificadas y con mejores ingresos.
Fomentar la eficiencia y fortalecer la pertinencia de los estudios, especialidades y opciones en educación tecnológica, además de prestarle una atención especial al estímulo de la calidad académica. Se avanzará en la consolidación de una flexibilidad curricular adecuada que asegure una preparación básica sólida, útil para el aprendizaje y la actualización posteriores. Se vigorizará la vinculación de la educación tecnológica con los requerimientos del sector productivo y, en especial, de las economías regionales.
Impulsar una estrategia para elevar la calidad en la educación superior, la cual entraña una docencia eficiente, sustantiva y profunda; comprende una formación integral que prepare hombres y mujeres críticos, participativos y responsables; exige planes y programas de estudio pertinentes y orientados a una vida profesional de servicio al conocimiento y a la sociedad, e implica una evaluación objetiva y periódica de las labores y el desempeño institucional.
Ampliar la base científica del país, aumentando el número de proyectos de investigación, mejorando la infraestructura para ello e impulsando la formación mediante becas para estudios de posgrado. Se mantendrán y fortalecerán los programas que ya dan buenos resultados, como el del Sistema Nacional de Investigadores.
Apoyar el desarrollo científico y tecnológico obteniendo y dirigiendo fondos hacia la investigación de calidad, hacia proyectos de generación y difusión de innovación tecnológica, y hacia la formación de recursos humanos de alto nivel.
Impulsar, de manera decidida la generación, transferencia y difusión de las innovaciones tecnológicas. Con objeto de inducir una mayor articulación de los centros de investigación con las necesidades nacionales, se impulsará la orientación de la ciencia y la tecnología hacia la satisfacción de las demandas sociales y se impulsará una interrelación mayor de los centros de investigación científica y tecnológica con el sector productivo y de servicios, especialmente con la pequeña y mediana industria.
Afianzar de modo especial los objetivos que la política cultural ha asumido históricamente en el país: preservar el patrimonio cultural nacional; estimular y promover la creatividad intelectual y artística en sus diferentes modalidades y expresiones; fortalecer la educación artística en todos sus niveles, y difundir las diversas manifestaciones de las artes y la cultura para hacerlas accesibles a toda la población.
Salud y seguridad social
Reformar el sistema nacional de salud para mejorar la calidad de los servicios y ampliar su cobertura. Se garantizará un paquete básico de servicios a todos los mexicanos, integrando el primer y segundo nivel de atención. Para ello se reorganizará el gasto y se procurará aumentar la eficiencia de las instituciones, bajo el marco legal de cada una de ellas. La nutrición, vacunación y la salud reproductiva constituirán el eje del paquete básico.
Formular esquemas consistentes de financiamiento, adecuados a la capacidad de selección del usuario y a la responsabilidad administrativa del gobierno, procurando que todos los trabajadores gocen de los beneficios de la seguridad social.
Los servicios de atención a la población no asegurada operarán en forma descentralizada. Serán transferidos a los gobiernos estatales los servicios de la Secretaría de Salud. El programa "Municipio Saludable" alentará la participación de los ayuntamientos en acciones de potabilización del agua, letrinización, alcantarillado, recolección de basura, control de la fauna nociva y manejo adecuado de desechos residuales, entre otros.
Garantizar un nivel óptimo de preparación de quienes prestan servicios de salud, alentar la vocación de médicos y de enfermeras y fortalecer las instituciones de enseñanza para mejorar la calidad de los estudios de esas especialidades, aumentando la posibilidad de que médicos y enfermeras mejoren sus condiciones de vida y de trabajo. El desarrollo de los recursos humanos se articulará con la innovación tecnológica y la investigación científica.
Revisar profundamente al sistema de seguridad social para hacer de él un instrumento mejor dotado para cumplir con su cometido original. Se analizarán y modificarán los esquemas actuales de financiamiento de la seguridad social, con el propósito de asegurar su viabilidad en el mediano plazo y, al mismo tiempo, eliminar las distorsiones que hoy constituyen un límite a la contratación de mano de obra, pues la seguridad social se asocia con un alto costo para el contratante.
Vivienda
Orientar el papel del Estado hacia la promoción y coordinación de los sectores público, social y privado, para facilitar, reforzar y apoyar las actividades de producción, financiamiento, comercialización y titulación de la vivienda. Se revisará el marco jurídico vigente con el fin de establecer normas que faciliten avanzar en la satisfacción de la demanda de vivienda.
Fomentar las condiciones para que las familias rurales y urbanas disfruten de una vivienda digna. Se fortalecerán los organismos promotores de vivienda; se avanzará en la simplificación administrativa; se tomarán las medidas para garantizar el incremento del suelo apto para vivienda; se intensificarán los trabajos para crear un mercado secundario de hipotecas que incremente el financiamiento; se impulsarán los programas de autoconstrucción y se promoverá la innovación de las técnicas y materiales utilizados, para ofrecer mejores resultados en calidad y precio.
Impulsar un desarrollo poblacional, regional y urbano, más armónico, fundado en el pleno respeto a la soberanía de los estados y a la autonomía municipal, es una de las estrategias para avanzar en el mejoramiento de los niveles y la calidad de vida de la población. El objetivo último es el establecimiento de las bases productivas para un desarrollo social sostenido, justo y homogéneo en todo el territorio nacional. Por ello, el diseño y ejecución de las políticas de población y desarrollo regional y urbano se orientarán a reducir las desigualdades entre las regiones, aumentar los niveles de competitividad, generar más empleos, atenuar las presiones demográficas y mejorar la distribución de la población.
Población y bienestar
Propiciar la reducción del crecimiento demográfico, buscando mejorar las condiciones de vida de la población y sentar las bases para un desarrollo perdurable.
Basar la política de población en prioridades reordenadoras de los asentamientos e inspirarla en el desarrollo sustentable y en el equilibrio de las ciudades y las regiones.
Desarrollar proyectos productivos sustentables en zonas donde la población impone fuertes presiones sobre el medio ambiente, así como reforzar y ampliar los programas que promuevan una más equilibrada distribución territorial de la población. El fortalecimiento de polos alternativos de crecimiento es una estrategia que debe apoyarse para favorecer un desarrollo regional más equilibrado, sin detrimento del ambiente. Para ello, resulta necesario promover acciones que comprendan -en el marco de un nuevo federalismo como base del desarrollo regional- el impulso a las ciudades pequeñas e intermedias y la modernización de las estructuras administrativas locales. Estas acciones deben ayudar a promover y consolidar destinos alternos para los flujos migratorios que se dirigen hacia zonas de concentración demográfica.
Desarrollo regional
Fomentar una estrategia de desarrollo regional que asuma los siguientes retos: el primero se refiere a las marcadas desigualdades en las macrorregiones, norte, centro y sur, así como en las costas del Golfo y el Pacífico; el segundo, corresponde a las microrregiones que dentro de cada entidad federativa muestran condiciones de desventaja económica y social.
Impulsar acciones específicas para cada región, apoyando las iniciativas de los gobiernos de los estados, de acuerdo con la estrategia de crecimiento económico y de mejoramiento y ampliación de la infraestructura física para el desarrollo. El propósito es promover una mayor integración y homogeneidad entre las regiones, acelerando el crecimiento de las de menor crecimiento relativo y manteniendo el dinamismo de las que registren una mayor capacidad de respuesta productiva e índices más altos de bienestar social.
Otorgar atención prioritaria a las zonas que tienen los mayores rezagos en las entidades federativas.
Desarrollo urbano
Buscar la consolidación del desarrollo urbano ordenado de las ciudades que, desde la perspectiva nacional, constituyen alternativas de inversión y de residencia para la población. Esto se hará mediante la promoción del desarrollo de 100 ciudades medias. A pesar de la persistencia de una fuerte concentración en las cuatro grandes zonas metropolitanas (Cd. de México, Guadalajara, Monterrey y Puebla), existe una tendencia hacia la redistribución más homogénea de la población, ya que las zonas metropolitanas han reducido su participación en la población urbana nacional del 51.3% en 1980, al 45% en 1990.
Reforma agraria
Impulsar el desarrollo equilibrado de las regiones y el bienestar de los grupos rurales a través de la consolidación de una reforma agraria que ofrezca certeza jurídica sobre sus tierras a campesinos, ejidatarios y pequeños propietarios, y les brinde al mismo tiempo la oportunidad de incrementar su productividad a través de políticas regionales de apoyo al sector agrícola. En particular, en esta administración se superará el rezago agrario y se concluirá la certificación y titulación de ejidos, comunidades y colonias agropecuarias, y se regularizará la propiedad privada.
Desarrollar, en la etapa actual de la reforma agraria, tres estrategias para incrementar la productividad del campo mexicano e impulsar la superación de la pobreza que afecta severamente al sector rural: a) redefinir con la participación de campesinos y productores rurales las instituciones, políticas y programas de apoyo al campo, a fin de dar paso a programas dirigidos a impulsar la productividad; b) establecer las condiciones necesarias para atraer un flujo significativo y permanente de inversión al medio rural, condiciones que están plasmadas en la reforma al Artículo 27 Constitucional; y c) apoyar la organización rural como centro de la transformación productiva de este sector económico, y como punto de partida para hacer de la igualdad de oportunidades una realidad en las áreas rurales.
Proporcionar servicios básicos a la población y, al mismo tiempo, promover su empleo o su incorporación en actividades que incrementen su productividad e ingresos, para lograr la erradicación de la pobreza y de la exclusión social.
Transformar el Programa Nacional de Solidaridad con el propósito de que la experiencia acumulada permita la construcción de una política integral y descentralizada que se concentre en los grupos y las regiones con menores oportunidades de desarrollo y una los esfuerzos de la Federación, los estados y los municipios, así como del gobierno y la sociedad. La nueva política de combate a la pobreza y la exclusión social se dará con una estrategia renovada de integración social y productiva. La integración social alude al compromiso de crear condiciones para la participación de todos los grupos sociales en los beneficios del desarrollo. La integración productiva es un medio para vincular el esfuerzo para superar los rezagos sociales con la promoción del crecimiento económico, condición ineludible para romper el círculo vicioso de la pobreza y la exclusión.
Superación de la pobreza extrema
La pobreza se manifiesta en la incapacidad del individuo para generar de manera permanente ingresos que satisfagan sus necesidades básicas. Las familias en condiciones de pobreza extrema están inmersas en una situación en que las carencias se refuerzan mutuamente y reducen al mínimo la capacidad para aprovechar las oportunidades disponibles, por lo cual no pueden beneficiarse, en muchos casos, de las políticas diseñadas para apoyar a la población en general. Las políticas aisladas y centralizadas, por su parte, no han sido suficientes para asegurar resultados positivos. Existe un círculo vicioso de transmisión generacional de la pobreza extrema que impide que los hijos de estas familias tengan posibilidades de mejoramiento económico futuro debido a deficiencias nutricionales, educativas y de salud que padecen. Un aspecto central para romper el círculo de la pobreza es la elevación sostenida y permanente de las capacidades productivas y culturales de los grupos sociales que se encuentran en condiciones de pobreza.
Aplicar integral y descentralizadamente acciones, fundamentalmente de educación, salud, alimentación y vivienda, pero también de promoción del empleo y de proyectos productivos, para mejorar las condiciones de vida de los grupos sociales más desfavorecidos e impulsar su plena incorporación al desarrollo.
Proporcionar directamente a las familias en condiciones de pobreza extrema, localizadas principalmente en zonas rurales dispersas, a través de una sola instancia coordinadora, el paquete básico de nutrición y salud.
En el medio urbano pobre se modificará el esquema de los subsidios al consumo en maíz, harina, masa y tortilla, para que éstos se canalicen efectivamente a la población de menores ingresos, mediante un sistema único.
Dar apoyo en materiales, crédito, cooperación y asistencia técnica para el mejoramiento de la vivienda rural y urbana. El sistema de crédito a la palabra se convertirá en uno de los principales métodos financieros para alentar la autoconstrucción y el mejoramiento de vivienda en zonas marginadas.
La integración efectiva de los grupos menos favorecidos requiere, en primer lugar, contar con un nivel mínimo de infraestructura en caminos, telecomunicaciones y servicios urbanos, como agua potable, drenaje y energía eléctrica. Se aportará lo necesario para extender la infraestructura productiva y habitacional en las zonas más necesitadas.
Realizar un ordenamiento ecológico que permita que las actividades productivas se lleven a cabo de acuerdo con las condiciones de conservación y restauración del equilibrio ecológico.
Incrementar sustancialmente el número de juzgados, tanto en zonas rurales como urbanas, para acercar sus servicios a la población.
Aumentar las capacidades personales de la población no es suficiente si no existen oportunidades reales para el trabajo y la producción. Los apoyos directos al consumo y a la inversión en capital humano se complementarán con programas de empleo, los cuales harán que la población tenga un ingreso en tanto transforma sus condiciones de vida y de trabajo.
El sistema de crédito a la palabra tendrá un papel primordial en la provisión de servicios crediticios en las comunidades más apartadas. Se fortalecerá la capitalización y la capacidad de ahorro de las comunidades y grupos sociales.
Desarrollo de los pueblos indígenas
México se reconoce como un país pluriétnico y multicultural. Aproximadamente ocho millones de indígenas padecen pobreza. El Estado ha propuesto una política de incorporación de los pueblos indios al desarrollo político y económico nacionales, y los convoca a participar en el diseño de esa política partiendo del respeto irrestricto a sus lenguas y tradiciones.
Integración de la mujer al desarrollo
Es tarea urgente el mejoramiento de la condición cultural, social y económica de la mujer. El propósito del Plan es promover un conjunto de programas y acciones integrales para asegurarles un trato justo, garantizando la igualdad de oportunidades de educación, capacitación y empleo.
Atención a grupos vulnerables
Uno de los sectores más vulnerable es el de los trabajadores migrantes. Se continuará fomentando su organización y se contribuirá al mejoramiento de las condiciones de su bienestar básico, de acuerdo con las características de las zonas donde habitan.
Se promoverá una nueva cultura de consideración a las personas con discapacidades que multiplique sus opciones productivas, culturales, laborales y deportivas.
El Estado contempla como uno de sus objetivos asegurar a los ciudadanos de la tercera edad condiciones de acceso a los servicios de salud, a una vivienda adecuada y a una vida digna.
Integración de las políticas de desarrollo social
Se trata de que la política social sea integral y no una suma desarticulada de esfuerzos. Se persigue que todas las acciones públicas se orienten en un sólo sentido y, de este modo, contribuyan a atenuar más eficientemente los efectos de la crisis, a combatir mejor las causas estructurales de la pobreza y a promover con mayor eficacia el desarrollo equitativo.
Descentralización
El Gobierno de la República, conforme a los propósitos del federalismo, transferirá mayores recursos y responsabilidades a los gobiernos de los estados. La descentralización se acompañará de un proceso de desconcentración, así como por el fortalecimiento de los instrumentos de coordinación entre los tres niveles de gobierno.
Corresponsabilidad de la sociedad y el Estado
Impulsar el desarrollo social y superar la pobreza extrema requiere que la política social impulse sin vacilaciones la participación social y ciudadana. La exigencia de corresponsabilidad deriva de un sentido de justicia que reclama que todos los ciudadanos ejerzan, a la vez, sus derechos y cumplan con sus obligaciones. La participación social y ciudadana se inscribe en la conformación de una cultura al servicio de la justicia, la libertad y la democracia, en la que todos: gobierno, actores sociales, grupos productivos, antepongan a cualquier interés el propósito común de contribuir a la integración social y productiva de los mexicanos.
Se arraigarán y harán más eficaces las funciones de contraloría social.
La profundidad y la complejidad de los retos actuales demandan una nueva alianza del gobierno con los grupos sociales y todos los ciudadanos con voluntad de participar. La nueva política de desarrollo social será una política de Estado que combine ideologías y articule los esfuerzos de todos los grupos.
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