ESTADO DE DERECHO
El Estado de Derecho constituye la soluci�n que los mexicanos nos hemos dado ante el reto
de constituir un orden jur�dico que nos d� certidumbre y seguridad en el goce de nuestros
derechos y en el ejercicio de nuestras libertades. S�lo el Estado de Derecho es garant�a
suficiente para una convivencia social arm�nica, el pleno desarrollo nacional y el despliegue
en la libertad de las potencialidades de cada individuo y de la sociedad.
Hoy en d�a nuestro marco normativo e institucional no es del todo adecuado a las
expectativas y a las condiciones de nuestro tiempo. Subsisten atrasos, vicios y carencias en
materia de seguridad p�blica, procuraci�n de justicia, combate a la corrupci�n y la
impunidad, impartici�n de justicia, seguridad jur�dica, reconocimiento de los derechos
fundamentales y el acceso de los pueblos ind�genas a la justicia.
Con las reformas constitucionales realizadas en diciembre de 1994, se inici� una etapa de
renovaci�n integral del Estado de Derecho; sin embargo, estas reformas s�lo han sido un
primer paso para su transformaci�n.
Objetivos
Vivir en un Estado de Derecho plenamente garantizado requiere definir estrategias y l�neas
de acci�n que permitan alcanzar los siguientes objetivos:
- Crear las condiciones legales, institucionales, administrativas y de comportamiento �tico
de los cuerpos policiales que aseguren a los individuos la debida protecci�n f�sica y
patrimonial.
- Establecer las condiciones que permitan al Estado combatir de manera frontal y eficiente
a la delincuencia organizada.
- Lograr que los �rganos responsables de la procuraci�n de justicia se constituyan en
aut�nticos vigilantes de la legalidad y de la persecuci�n de los delitos, y realicen sus
acciones con base en un correcto ejercicio de las atribuciones que el orden jur�dico
nacional les ha conferido.
- Otorgar a la poblaci�n la confianza de que los recursos p�blicos se utilizan con legalidad,
transparencia, honestidad y eficiencia, y que, a su vez, existan mecanismos para
prevenir y detectar acciones de corrupci�n.
- Contar con un r�gimen donde todos puedan tener acceso a la justicia y satisfacer sus
justas demandas, un r�gimen donde los individuos y las autoridades se sometan a los
mandatos de la ley.
- Fortalecer un r�gimen de seguridad jur�dica en la propiedad y posesi�n de los bienes y
en las transacciones de los particulares, como requisito indispensable para promover la
inversi�n y propiciar el sano desempe�o de las actividades productivas.
- Consolidar la reglamentaci�n y el ejercicio de las funciones de los organismos que tienen
a su cargo la protecci�n no jurisdiccional de los derechos humanos.
- Mejorar el acceso de los pueblos ind�genas a la justicia sin que su propia identidad sufra
menoscabo en la aplicaci�n justa de la ley.
Estrategias
Seguridad p�blica:
- Establecer un Sistema Nacional de Seguridad P�blica que contemple est�ndares
nacionales de calidad, una carrera policial profesional, un r�gimen de prestaciones
econ�micas y sociales adecuadas a la dignificaci�n del servicio policial, y programas de
coordinaci�n vinculatorios entre los tres �rdenes de gobierno.
- Consolidar un proceso efectivo y permanente de profesionalizaci�n policial, mediante la
creaci�n de un Centro Nacional de Formaci�n Policial y la apropiada reglamentaci�n y
utilizaci�n del Registro Nacional de Servicios Policiales.
- Integrar un Sistema de Informaci�n Policial moderno y confiable, que puedan consultar
las autoridades federales, estatales y municipales. Dicho sistema contendr� informaci�n
de delincuentes, bandas, formas delictivas y tipo de armamento de las organizaciones
criminales.
- Para transparentar las acciones de los cuerpos policiales y generar una nueva imagen de
la seguridad p�blica en M�xico, se promover� una vinculaci�n m�s estrecha entre las
autoridades competentes y los diversos grupos de la sociedad.
Lucha contra el crimen organizado:
Establecer programas de especializaci�n en los cuerpos policiales de seguridad
encargados de combatir el crimen organizado y promover el cabal aprovechamiento de
las nuevas t�cnicas y tecnolog�as para la investigaci�n de conductas delictivas.
Intensificar los esfuerzos de cooperaci�n internacional fortaleciendo los convenios y
acuerdos destinados a la identificaci�n y persecuci�n de los delincuentes.
Revisar la legislaci�n penal sustantiva en la materia para que sancione m�s severamente
a quienes incurren en esta forma de criminalidad.
Procuraci�n de justicia:
- En congruencia con la reforma al art�culo 21 Constitucional del pasado diciembre, es
necesario reglamentar la forma en que los particulares podr�n impugnar el no ejercicio y
el desistimiento de la acci�n penal.
- Revisar las normas de organizaci�n y competencia de los �rganos encargados de la
investigaci�n y persecuci�n de los delitos, as� como los m�todos y procedimientos de
investigaci�n moderna que pueden utilizarse v�lidamente en el cumplimiento de sus
funciones.
- Establecer programas y mecanismos de control que garanticen que la actuaci�n del
Ministerio P�blico y de la polic�a judicial se lleve a cabo con estricto apego a la ley.
- Revisar el marco normativo en los aspectos sustantivos, org�nicos, procedimentales y de
responsabilidades de los �rganos y personas encargadas de procurar justicia.
Probidad y rendici�n de cuentas en el servicio p�blico:
- Realizar una reforma profunda de los actuales �rganos de control interno y externo de la
gesti�n p�blica y actualizar el marco jur�dico para la prevenci�n, control y sanci�n de la
corrupci�n.
- Reestructurar el sistema de control interno del poder Ejecutivo para transformarlo en un
�rgano promotor de la modernizaci�n y desarrollo de la administraci�n p�blica.
- Promover el acercamiento del gobierno a la poblaci�n y la participaci�n ciudadana en las
acciones de control de la gesti�n p�blica.
- Edificar una cultura que refuerce los valores �ticos del servicio p�blico, rechace la
corrupci�n, la impunidad y aliente los principios democr�ticos y las actitudes
participativas.
Impartici�n de justicia:
- El pasado mes de diciembre se inici� el proceso de reforma al Poder Judicial Federal
mediante las modificaciones constitucionales aprobadas por el Constituyente
Permanente. Dicha reforma representa una etapa del proceso que es necesario llevar a
cabo para fortalecer y perfeccionar a los �rganos jurisdiccionales de nuestro pa�s. Por
ello, el Ejecutivo Federal envi� al H. Congreso de la Uni�n las iniciativas de Ley
Org�nica del Poder Judicial de la Federaci�n y de la Ley Reglamentaria del Art�culo 105
Constitucional.
- Para elevar la calidad profesional de los jueces y magistrados se apoyar�n programas
que mejoren sus sueldos y prestaciones, as� como de capacitaci�n, actualizaci�n y
especializaci�n, tanto a nivel federal como estatal.
- Realizar un proceso sistem�tico de revisi�n de las normas procesales de diversos
ordenamientos que permita una pronta impartici�n de justicia y evite rezagos y
dilaciones, discrecionalidad, negligencia y mala fe.
- Se promover� el establecimiento de mecanismos alternativos de resoluci�n de conflictos
que ofrezcan mayor rapidez y especializaci�n en las resoluciones. Se buscar� tambi�n
lograr una revaloraci�n de la justicia de paz a fin de dotarla de atribuciones mayores.
- Mejorar la prestaci�n y los alcances de la asistencia jur�dica gratuita en materia penal
mediante la profesionalizaci�n de quienes presten este servicio.
- Llevar a cabo todas las acciones de apoyo que sean necesarias para garantizar el
acceso a la justicia en condiciones de igualdad y calidad a todos los mexicanos.
Seguridad jur�dica en la propiedad de los bienes y en los derechos de los particulares
- Se promover�n medidas que ofrezcan condiciones de seguridad jur�dica para garantizar
la propiedad y posesi�n de los bienes y favorecer la transparencia de las relaciones de
los particulares entre s� y de �stos con el Gobierno.
- Para propiciar la vigencia de un r�gimen de plena seguridad jur�dica se requiere, entre
otros, de dos elementos fundamentales: primero, la existencia de un marco normativo
claro, preciso y congruente con las necesidades actuales, que defina con puntualidad los
derechos de propiedad, as� como las prerrogativas y obligaciones de todos los que
intervienen en las actividades econ�micas y sociales, y, segundo, un sistema de justicia
capaz de garantizar eficaz y oportunamente el cumplimiento de dicho marco normativo
- Para brindar certidumbre a los particulares en las actividades en que se requiere alg�n
tipo de intervenci�n de las autoridades, se continuar� e intensificar� el proceso de
desregulaci�n administrativa.
- En materia de tenencia de la tierra, se realizar�n las acciones que consoliden la
aplicaci�n de las reformas al Art�culo 27 constitucional y la nueva legislaci�n agraria.
- En materia de la propiedad particular, habr� de realizarse un esfuerzo de coordinaci�n
entre las distintas instancias en los tres �rdenes de gobierno para llevar a cabo
programas de regulaci�n y titulaci�n de predios, y lograr la modernizaci�n de los
registros p�blicos de propiedad.
Derechos humanos:
- Le corresponde al Gobierno fortalecer las funciones de las comisiones de derechos
humanos, abrir nuevos cauces a la participaci�n ciudadana e inducir a una mayor y m�s
oportuna atenci�n de los servidores p�blicos a las recomendaciones de esas comisiones.
- Integrar un sistema nacional de informaci�n de derechos humanos, para apoyar el
cumplimiento de las recomendaciones, as� como fortalecer el mecanismo de recepci�n
de quejas en las comisiones de derechos humanos.
Justicia para los pueblos ind�genas:
- Se extremar�n esfuerzos para que la pr�ctica procesal y los mecanismos de formaci�n,
capacitaci�n y responsabilidad de los jueces cercanos a casos que incluyan a los
pueblos ind�genas les permitan cumplir con el papel que les asigna la ley en la tutela
efectiva de los derechos de todo mexicano.
- De manera prioritaria se impulsar� la formaci�n de int�rpretes en las lenguas ind�genas a
fin de garantizar en la pr�ctica el derecho de los ind�genas a contar con un traductor en
todos los procesos legales e instancias jur�dicas, y a conocer su naturaleza y
consecuencias.
- Se buscar�n los mecanismos para que los pueblos ind�genas reciban respuesta pronta y
en su idioma cuando ejerzan el derecho de petici�n, de manera que puedan tener pleno
conocimiento de los motivos y fundamentos del caso, as� como de los tr�mites que
deber�n seguir.
- En el caso de ind�genas sujetos al sistema de justicia como acusados y presos, el
gobierno considera prioritaria la labor de identificaci�n y seguimiento en todo el pa�s de
los ind�genas presos por causas atribuibles a la indefensi�n, para proveer las medidas
necesarias y proteger sus garant�as y, en su caso, procurar su excarcelaci�n.
Es necesario, que los mexicanos nos empe�emos en el fortalecimiento del Estado de
Derecho: s�lo as� podremos aspirar a mantener una sociedad plural y diversa, unida por
ideales comunes que est�n plasmados y actualizados en el orden jur�dico. Hemos de
buscar, en s�ntesis, el establecimiento y la pr�ctica diaria, firmemente enraizada, de un
Estado Democr�tico de Derecho.
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Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000