El pleno desarrollo pol�tico ha sido una aspiraci�n fundamental a lo largo de nuestra historia como naci�n libre y soberana.
El Ejecutivo Federal est� animado por un conjunto de convicciones pol�ticas: la convicci�n de que la democracia es el valor supremo de la pol�tica y debe ser su ideal permanente y su pr�ctica cotidiana; la convicci�n de que la democracia es indispensable para el progreso de M�xico; la convicci�n de que la democracia debe ser la base pol�tica del crecimiento econ�mico y de una vida social regida por los derechos y garant�as constitucionales; la convicci�n de que la democracia es la norma de conducta pol�tica que permite la coexistencia civilizada y la libre expresi�n de nuestra pluralidad, la convicci�n de que la democracia no se agota en los procesos electorales, pero se funda en ellos.
El compromiso fundamental del Ejecutivo Federal, en la escena pol�tica, es con la democracia. El Ejecutivo Federal reafirma su compromiso de contribuir al desarrollo democr�tico del pa�s mediante la sujeci�n estricta de sus actos a la ley, el ejercicio de la tolerancia, la procuraci�n del di�logo con todas las fuerzas pol�ticas, la construcci�n de consensos y el trato fundado en el respeto y la civilidad.
En los �ltimos a�os, M�xico ha vivido una transformaci�n constante y acelerada de su sistema de partidos y de su vida electoral. Hemos transitado de un sistema de partido predominante a un sistema pluripartidista fortalecido. Simult�neamente hemos pasado de una vida electoral incipiente a una etapa m�s avanzada, donde los procesos comiciales, intensamente competidos, son la fuente fundamental de legitimidad para los diferentes �rdenes de gobierno. Hoy los partidos compiten con determinaci�n por el poder p�blico en condiciones legales que les ofrecen la posibilidad de constituirse en gobierno con base en la voluntad popular. Al mismo tiempo, en los �ltimos a�os ha emergido con gran fuerza una ciudadan�a alerta, activa y demandante.
Por razones hist�ricas y por una cultura pol�tica insuficientemente madura, el r�gimen presidencial no ha estado exento de una centralizaci�n excesiva. Un presidencialismo sin suficientes contrapesos puede conducir hacia un poder usufructuario de facultades extralegales que rebasar�a el ejercicio democr�tico de la funci�n p�blica y distorsionando la pr�ctica republicana del equilibrio entre los poderes. De igual modo, si bien el Gobierno Federal tiene responsabilidades esenciales para garantizar la conducci�n del pa�s hacia un efectivo desarrollo integral y una adecuada compensaci�n social y econ�mica entre las partes integrantes de la Rep�blica, las inercias del centralismo han llegado a inhibir el desenvolvimiento de estados y municipios, concentrando competencias, limitando facultades de otros �rdenes de gobierno y constri�endo iniciativas de la propia sociedad.
Es preciso consolidar la organizaci�n de la naci�n como Rep�blica representativa, democr�tica y federal, y perfeccionar la democracia como forma de gobierno y como todo un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento econ�mico, social y cultural del pueblo.
El Plan Nacional de Desarrollo propone varias l�neas de acci�n para articular el compromiso del Gobierno Federal, los partidos y la sociedad, a fin de afirmar y desplegar la democracia en todas las esferas de la vida de la Rep�blica.
Reforma electoral definitiva
Realizar una reforma electoral definitiva para que los ciudadanos y los partidos tengan la certeza de que est�n garantizadas la legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad que son los principios rectores de la funci�n estatal de organizar las elecciones federales.
Nueva relaci�n entre los Poderes de la Uni�n
Dise�ar y poner en pr�ctica una nueva relaci�n entre los Poderes de la Uni�n, sobre la base del ejercicio pleno de las atribuciones y competencias que la Constituci�n establece para cada uno de los tres Poderes.
Nuevo Federalismo
Impulsar el federalismo, redistribuyendo competencias, responsabilidades, capacidades de decisi�n y ejercicio de recursos fiscales entre los tres �rdenes de gobierno.
Fortalecimiento de los estados
Impulsar un vasto programa de fortalecimiento de los estados y municipios, para hacer efectiva su funci�n en las �reas de gobierno directamente vinculadas a las necesidades cotidianas de la poblaci�n.
Participaci�n social
Promover la participaci�n social y definir un nuevo marco de relaciones entre el Estado, los ciudadanos y sus organizaciones.
Reforma del gobierno
Avanzar en la reforma del gobierno a fin de que la funci�n p�blica se ejerza con absoluta transparencia y con trato imparcial para todos los grupos sociales y ciudadanos.
El Gobierno de la Rep�blica est� comprometido a lograr que la vida pol�tica sea un espacio abierto de convivencia plural y pac�fica, a que se respeten las diferencias de posiciones y se construyan los consensos fundamentales que sustenten el orden y el crecimiento con justicia. Para alcanzar dichos objetivos, se propone:
Un principio fundamental que debe fortalecerse para impulsar nuestro desarrollo democr�tico, es el de la separaci�n, equilibrio y colaboraci�n respetuosa entre los Poderes de la Uni�n.
El postulado de un gobierno democr�tico y republicano exige que el poder que ejercen los distintos �rganos del Estado sea limitado. El principio de divisi�n de poderes es un elemento esencial a nuestro r�gimen constitucional.
R�gimen Presidencial
El Ejecutivo Federal se ha comprometido con el ejercicio de una Presidencia eficiente, capaz y limitada; sometida al imperio de la Constituci�n y las leyes, y sujeta al control de los otros Poderes de la Uni�n.
Poder Legislativo
La independencia de las legislaturas federales y estatales es esencial para la elaboraci�n de leyes justas, que beneficien a toda la sociedad.
Relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo
El Plan ratifica su obligaci�n de respetar y alentar toda iniciativa del Poder Legislativo para fortalecer su independencia, garantizar su pluralismo pol�tico y sus facultades de supervisi�n y control sobre los �rganos del Ejecutivo, particularmente de control presupuestal y de la cuenta p�blica. Desde la esfera de su competencia, el Ejecutivo se compromete a llevar a cabo una relaci�n m�s intensa con el Poder Legislativo en los t�rminos de la ley, dando instrucciones a todos los funcionarios del Poder Ejecutivo para que, con respeto, eficacia y oportunidad, atiendan las solicitudes del Congreso, sus C�maras y sus comisiones.
La mayor�a legislativa
El Ejecutivo cuenta en las C�maras con el apoyo y la solidaridad de una mayor�a surgida de las filas del mismo partido. Sin privilegios ni exclusiones, buscando siempre el consenso de mayor�a y minor�as, mantendr� una relaci�n de respeto y colaboraci�n estrecha con los legisladores de la mayor�a, sin vulnerar su libertad e independencia de criterio.
Agenda legislativa
El Ejecutivo Federal propone respetuosamente a las c�maras del Congreso de la Uni�n que sean ellas las que legislen respecto a los plazos, frecuencia y modalidades a que habr� de ce�irse el propio Ejecutivo Federal en el env�o de iniciativas de ley que �l mismo haya elaborado.
Poder Judicial
En la perspectiva de fortalecer el equilibrio de poderes, la reforma emprendida el pasado mes de diciembre al sistema de justicia ha promovido ya una mayor independencia del Poder Judicial, dot�ndolo con mecanismos efectivos de control sobre los actos de autoridad y con facultades para sancionar las infracciones a la ley y el abuso de poder. La reforma emprendida por el Ejecutivo Federal ampli� las facultades de la Suprema Corte de la Naci�n para que decida sobre la constitucionalidad de las leyes y resuelva controversias entre los distintos �rdenes de gobierno. Se impulsar� la capacidad, el profesionalismo y la imparcialidad de los servidores p�blicos del Poder Judicial y se consolidar� el Consejo de la Judicatura, para dar a todos los mexicanos acceso a una justicia expedita.
Fortalecimiento de derechos pol�ticos
El Plan propone que se analice y, en su caso, se legisle para consolidar la protecci�n de los derechos pol�ticos y fortalecer las v�as de participaci�n de los ciudadanos. Por otra parte, es compromiso del Gobierno impulsar la reforma pol�tica del Distrito Federal, para que los derechos pol�ticos de sus habitantes se ejerzan plenamente, se promueva la representatividad de sus autoridades, se mejore la capacidad del gobierno y administraci�n de la ciudad capital, y se preserve una sede digna de los poderes federales.
El nuevo federalismo es un acuerdo fundamental hacia la distribuci�n del poder del Estado, porque parte del reconocimiento de los espacios de autonom�a de las comunidades pol�ticas y del respeto a los universos de competencia de cada uno de los �rdenes gubernamentales. El nuevo federalismo busca articular, arm�nica y eficazmente, la soberan�a de los estados y la libertad de los municipios con las facultades constitucionales propias del Gobierno Federal.
Esencia compensatoria del Pacto Federal
El Plan reconoce que todos los �rdenes de gobierno, todas las entidades federativas y todas las dependencias del Gobierno Federal deben asumir corresponsablemente los programas y acciones para equilibrar recursos y oportunidades a fin de mitigar las disparidades en el desarrollo entre los estados y entre los municipios.
Redistribuci�n de competencias
Se impulsar� la descentralizaci�n de funciones, recursos fiscales y programas p�blicos hacia los estados y municipios, con criterios de eficiencia y equidad en la provisi�n de los bienes y servicios a las comunidades.
Descentralizaci�n y federalizaci�n de funciones
Se aprovechar� la experiencia de procesos como el de la federalizaci�n educativa, para consolidarlos en favor de una participaci�n informada y oportuna de las comunidades y los gobiernos locales.
Sistema Nacional de Coordinaci�n Fiscal
El Poder Ejecutivo alentar� el intercambio constructivo de opiniones entre los tres �rdenes de gobierno, a fin de formular nuevas bases para el Sistema de Coordinaci�n Fiscal.
Vida municipal
Se buscar�n formas para fortalecer a los municipios como base de gobiernos estatales s�lidos. Se ampliar�n los cauces para que las comunidades participen m�s activamente en la definici�n de los programas socialmente prioritarios de la gesti�n gubernamental municipal y cuenten con la capacidad de decisi�n, ejecuci�n y evaluaci�n correspondiente.
Participaci�n municipal en la planeaci�n para el desarrollo
Se vigorizar� la participaci�n de los municipios en la planeaci�n del desarrollo, as� como en la preparaci�n y formulaci�n de planes y programas para el desarrollo sectorial y regional, a fin de que respondan cabalmente a las exigencias de bienestar de la sociedad en general y de las comunidades en particular.
Per�odo constitucional de los ayuntamientos
Se discutir� la posible extensi�n del per�odo constitucional de los ayuntamientos, analizando con serenidad y rigor las ventajas y desventajas de una medida en ese sentido.
Municipios ind�genas
Se fortalecer� la representaci�n y la participaci�n de pueblos y comunidades ind�genas mediante mecanismos que respeten sus formas de organizaci�n y sus procedimientos para la toma de decisiones.
Promoci�n de la descentralizaci�n administrativa
El Gobierno Federal promover� una descentralizaci�n administrativa profunda para fortalecer el federalismo. En este sentido, ser� necesario evaluar las funciones que actualmente realiza la Federaci�n y determinar cu�les podr�an desempe�arse de manera m�s eficiente, menos costosa y con mayor pertinencia por los gobiernos estatales y municipales o con su participaci�n.
Profesionalizaci�n de los servidores p�blicos
La creaci�n del servicio p�blico de carrera entra�a el reconocimiento de la importancia que tiene el trabajo del servidor p�blico y asegura que su desempe�o honesto y eficiente sea condici�n esencial para la permanencia en el empleo. La profesionalizaci�n dar� continuidad a programas de trabajo y garantizar� que no se interrumpa el funcionamiento administrativo en la transici�n por el relevo de los poderes. El servicio profesional de carrera se establecer� por �reas prioritarias, pero el objetivo a largo plazo ser� incluir a toda la administraci�n p�blica.
Sistemas de control y rendici�n de cuentas
Es indispensable dar a los �rganos encargados de evaluar y fiscalizar la gesti�n p�blica y el ejercicio del gasto la capacidad t�cnica, la independencia y credibilidad necesarias. Esto implicar� una reforma estructural profunda de las actuales instituciones y mecanismos de control interno y externo de la gesti�n p�blica, y adecuar el marco jur�dico a las necesidades de rendici�n puntual de cuentas a la ciudadan�a.
Modernizaci�n de la gesti�n p�blica
Este Plan propone desarrollar criterios nuevos y m�s pertinentes para la medici�n del desempe�o de los servidores p�blicos, de la calidad de los servicios que prestan y de la capacidad de respuesta de cada dependencia a los requerimientos de la ciudadan�a.
Simplificaci�n y adecuaci�n del marco normativo
Actualizar la normatividad de las funciones presupuestales globales y propiciar la revisi�n, actualizaci�n y simplificaci�n de los reglamentos y disposiciones que rigen los procesos de la administraci�n p�blica, con objeto de reducir costos, incrementar la oportunidad y transparencia de las operaciones, y favorecer la iniciativa de los servidores p�blicos para mejorar la atenci�n a la ciudadan�a.
Responsabilidades de servidores p�blicos
El Plan propone modernizar la legislaci�n en materia de responsabilidades de los servidores p�blicos y fortalecer su observancia mediante programas de orientaci�n, capacitaci�n y consultor�a, as� como la aplicaci�n de sanciones en caso de incumplimiento.
Muchos problemas de desarrollo social y comunitario s�lo pueden resolverse conjuntando la acci�n del Gobierno con la participaci�n de la sociedad y sus organizaciones.
Organizaciones sociales
Se propone perfeccionar con las organizaciones sociales los procedimientos permanentes de consulta en los puntos que son de su competencia e inter�s, con objeto de llegar al mayor acuerdo posible.
Organizaciones civiles
La nueva relaci�n entre las organizaciones civiles y el Gobierno ha de fundarse en el pleno respeto a su pluralidad y autonom�a, y en el reconocimiento a sus potencialidades de respuesta en los campos en que su colaboraci�n complementa y multiplica la acci�n del Gobierno.
Marco legal y fiscal
El Gobierno de la Rep�blica considera que es de primordial importancia promover el establecimiento de un nuevo marco regulatorio que reconozca, favorezca y aliente las actividades sociales, c�vicas y humanitarias de las organizaciones civiles. El Plan propone examinar la conveniencia de establecer una regulaci�n general de las actividades que estas organizaciones desarrollan, para otorgarles el tratamiento fiscal correspondiente. En el mismo sentido, se estudiar�n las medidas que tiendan a simplificar los tr�mites administrativos que las organizaciones civiles realicen ante las instancias gubernamentales, brind�ndoles, adem�s, la asesor�a y la informaci�n que requieran, y colaborando en su profesionalizaci�n.
L�neas de colaboraci�n entre gobierno y organizaciones civiles
El Poder Ejecutivo promover� la participaci�n de las organizaciones civiles en las actividades p�blicas. Pueden ser consultores calificados en la elaboraci�n y aplicaci�n de pol�ticas p�blicas.
El desarrollo pol�tico de un pa�s corresponde siempre una ampliaci�n de la participaci�n ciudadana. Habr� de impulsarse la cultura de participaci�n y corresponsabilidad ciudadana en la educaci�n c�vica de los ni�os y los j�venes, haciendo �nfasis en el conocimiento de los derechos y las obligaciones p�blicas, en la discusi�n respetuosa, la cr�tica propositiva y el compromiso con la naci�n.
Participaci�n social en las pol�ticas p�blicas
Las acciones gubernamentales est�n mejor orientadas y son m�s eficaces en la medida en que incorporan el esfuerzo colectivo, el escrutinio p�blico y la cr�tica de la sociedad, por lo que se promover� que la sociedad y sus organizaciones tomen parte en la formulaci�n, ejecuci�n y evaluaci�n de las pol�ticas p�blicas.
Consejos consultivos
Se establecer� una pol�tica de firme aliento a la participaci�n de los ciudadanos y de las organizaciones civiles en las diversas �reas de la administraci�n p�blica mediante la creaci�n de consejos consultivos en los tres �rdenes de gobierno.
El Plan comprende el compromiso inquebrantable de respetar la libertad de expresi�n y el derecho a la informaci�n, consagrado como garant�a constitucional.
Autonom�a del Instituto Nacional de Estad�stica, Geograf�a e Inform�tica
Promover las reformas legales para dotar de autonom�a plena al INEGI.
Medios de comunicaci�n
La democracia es inconcebible sin las libertades de informaci�n y de prensa.
La laicidad del Estado y la separaci�n entre �ste y las iglesias constituyen la garant�a m�xima de respeto al ejercicio leg�timo de las libertades y los derechos en materia religiosa. El l�mite a ese ejercicio se encuentra en la salvaguarda y preservaci�n del orden, el inter�s y la moral p�blicos, as� como en la tutela de los derechos de terceros y en la observancia de las leyes.
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