El pleno desarrollo político ha sido una aspiración fundamental a lo largo de nuestra historia como nación libre y soberana.
El Ejecutivo Federal está animado por un conjunto de convicciones políticas: la convicción de que la democracia es el valor supremo de la política y debe ser su ideal permanente y su práctica cotidiana; la convicción de que la democracia es indispensable para el progreso de México; la convicción de que la democracia debe ser la base política del crecimiento económico y de una vida social regida por los derechos y garantías constitucionales; la convicción de que la democracia es la norma de conducta política que permite la coexistencia civilizada y la libre expresión de nuestra pluralidad, la convicción de que la democracia no se agota en los procesos electorales, pero se funda en ellos.
El compromiso fundamental del Ejecutivo Federal, en la escena política, es con la democracia. El Ejecutivo Federal reafirma su compromiso de contribuir al desarrollo democrático del país mediante la sujeción estricta de sus actos a la ley, el ejercicio de la tolerancia, la procuración del diálogo con todas las fuerzas políticas, la construcción de consensos y el trato fundado en el respeto y la civilidad.
En los últimos años, México ha vivido una transformación constante y acelerada de su sistema de partidos y de su vida electoral. Hemos transitado de un sistema de partido predominante a un sistema pluripartidista fortalecido. Simultáneamente hemos pasado de una vida electoral incipiente a una etapa más avanzada, donde los procesos comiciales, intensamente competidos, son la fuente fundamental de legitimidad para los diferentes órdenes de gobierno. Hoy los partidos compiten con determinación por el poder público en condiciones legales que les ofrecen la posibilidad de constituirse en gobierno con base en la voluntad popular. Al mismo tiempo, en los últimos años ha emergido con gran fuerza una ciudadanía alerta, activa y demandante.
Por razones históricas y por una cultura política insuficientemente madura, el régimen presidencial no ha estado exento de una centralización excesiva. Un presidencialismo sin suficientes contrapesos puede conducir hacia un poder usufructuario de facultades extralegales que rebasaría el ejercicio democrático de la función pública y distorsionando la práctica republicana del equilibrio entre los poderes. De igual modo, si bien el Gobierno Federal tiene responsabilidades esenciales para garantizar la conducción del país hacia un efectivo desarrollo integral y una adecuada compensación social y económica entre las partes integrantes de la República, las inercias del centralismo han llegado a inhibir el desenvolvimiento de estados y municipios, concentrando competencias, limitando facultades de otros órdenes de gobierno y constriñendo iniciativas de la propia sociedad.
Es preciso consolidar la organización de la nación como República representativa, democrática y federal, y perfeccionar la democracia como forma de gobierno y como todo un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo.
El Plan Nacional de Desarrollo propone varias líneas de acción para articular el compromiso del Gobierno Federal, los partidos y la sociedad, a fin de afirmar y desplegar la democracia en todas las esferas de la vida de la República.
Reforma electoral definitiva
Realizar una reforma electoral definitiva para que los ciudadanos y los partidos tengan la certeza de que están garantizadas la legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad que son los principios rectores de la función estatal de organizar las elecciones federales.
Nueva relación entre los Poderes de la Unión
Diseñar y poner en práctica una nueva relación entre los Poderes de la Unión, sobre la base del ejercicio pleno de las atribuciones y competencias que la Constitución establece para cada uno de los tres Poderes.
Nuevo Federalismo
Impulsar el federalismo, redistribuyendo competencias, responsabilidades, capacidades de decisión y ejercicio de recursos fiscales entre los tres órdenes de gobierno.
Fortalecimiento de los estados
Impulsar un vasto programa de fortalecimiento de los estados y municipios, para hacer efectiva su función en las áreas de gobierno directamente vinculadas a las necesidades cotidianas de la población.
Participación social
Promover la participación social y definir un nuevo marco de relaciones entre el Estado, los ciudadanos y sus organizaciones.
Reforma del gobierno
Avanzar en la reforma del gobierno a fin de que la función pública se ejerza con absoluta transparencia y con trato imparcial para todos los grupos sociales y ciudadanos.
El Gobierno de la República está comprometido a lograr que la vida política sea un espacio abierto de convivencia plural y pacífica, a que se respeten las diferencias de posiciones y se construyan los consensos fundamentales que sustenten el orden y el crecimiento con justicia. Para alcanzar dichos objetivos, se propone:
Un principio fundamental que debe fortalecerse para impulsar nuestro desarrollo democrático, es el de la separación, equilibrio y colaboración respetuosa entre los Poderes de la Unión.
El postulado de un gobierno democrático y republicano exige que el poder que ejercen los distintos órganos del Estado sea limitado. El principio de división de poderes es un elemento esencial a nuestro régimen constitucional.
Régimen Presidencial
El Ejecutivo Federal se ha comprometido con el ejercicio de una Presidencia eficiente, capaz y limitada; sometida al imperio de la Constitución y las leyes, y sujeta al control de los otros Poderes de la Unión.
Poder Legislativo
La independencia de las legislaturas federales y estatales es esencial para la elaboración de leyes justas, que beneficien a toda la sociedad.
Relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo
El Plan ratifica su obligación de respetar y alentar toda iniciativa del Poder Legislativo para fortalecer su independencia, garantizar su pluralismo político y sus facultades de supervisión y control sobre los órganos del Ejecutivo, particularmente de control presupuestal y de la cuenta pública. Desde la esfera de su competencia, el Ejecutivo se compromete a llevar a cabo una relación más intensa con el Poder Legislativo en los términos de la ley, dando instrucciones a todos los funcionarios del Poder Ejecutivo para que, con respeto, eficacia y oportunidad, atiendan las solicitudes del Congreso, sus Cámaras y sus comisiones.
La mayoría legislativa
El Ejecutivo cuenta en las Cámaras con el apoyo y la solidaridad de una mayoría surgida de las filas del mismo partido. Sin privilegios ni exclusiones, buscando siempre el consenso de mayoría y minorías, mantendrá una relación de respeto y colaboración estrecha con los legisladores de la mayoría, sin vulnerar su libertad e independencia de criterio.
Agenda legislativa
El Ejecutivo Federal propone respetuosamente a las cámaras del Congreso de la Unión que sean ellas las que legislen respecto a los plazos, frecuencia y modalidades a que habrá de ceñirse el propio Ejecutivo Federal en el envío de iniciativas de ley que él mismo haya elaborado.
Poder Judicial
En la perspectiva de fortalecer el equilibrio de poderes, la reforma emprendida el pasado mes de diciembre al sistema de justicia ha promovido ya una mayor independencia del Poder Judicial, dotándolo con mecanismos efectivos de control sobre los actos de autoridad y con facultades para sancionar las infracciones a la ley y el abuso de poder. La reforma emprendida por el Ejecutivo Federal amplió las facultades de la Suprema Corte de la Nación para que decida sobre la constitucionalidad de las leyes y resuelva controversias entre los distintos órdenes de gobierno. Se impulsará la capacidad, el profesionalismo y la imparcialidad de los servidores públicos del Poder Judicial y se consolidará el Consejo de la Judicatura, para dar a todos los mexicanos acceso a una justicia expedita.
Fortalecimiento de derechos políticos
El Plan propone que se analice y, en su caso, se legisle para consolidar la protección de los derechos políticos y fortalecer las vías de participación de los ciudadanos. Por otra parte, es compromiso del Gobierno impulsar la reforma política del Distrito Federal, para que los derechos políticos de sus habitantes se ejerzan plenamente, se promueva la representatividad de sus autoridades, se mejore la capacidad del gobierno y administración de la ciudad capital, y se preserve una sede digna de los poderes federales.
El nuevo federalismo es un acuerdo fundamental hacia la distribución del poder del Estado, porque parte del reconocimiento de los espacios de autonomía de las comunidades políticas y del respeto a los universos de competencia de cada uno de los órdenes gubernamentales. El nuevo federalismo busca articular, armónica y eficazmente, la soberanía de los estados y la libertad de los municipios con las facultades constitucionales propias del Gobierno Federal.
Esencia compensatoria del Pacto Federal
El Plan reconoce que todos los órdenes de gobierno, todas las entidades federativas y todas las dependencias del Gobierno Federal deben asumir corresponsablemente los programas y acciones para equilibrar recursos y oportunidades a fin de mitigar las disparidades en el desarrollo entre los estados y entre los municipios.
Redistribución de competencias
Se impulsará la descentralización de funciones, recursos fiscales y programas públicos hacia los estados y municipios, con criterios de eficiencia y equidad en la provisión de los bienes y servicios a las comunidades.
Descentralización y federalización de funciones
Se aprovechará la experiencia de procesos como el de la federalización educativa, para consolidarlos en favor de una participación informada y oportuna de las comunidades y los gobiernos locales.
Sistema Nacional de Coordinación Fiscal
El Poder Ejecutivo alentará el intercambio constructivo de opiniones entre los tres órdenes de gobierno, a fin de formular nuevas bases para el Sistema de Coordinación Fiscal.
Vida municipal
Se buscarán formas para fortalecer a los municipios como base de gobiernos estatales sólidos. Se ampliarán los cauces para que las comunidades participen más activamente en la definición de los programas socialmente prioritarios de la gestión gubernamental municipal y cuenten con la capacidad de decisión, ejecución y evaluación correspondiente.
Participación municipal en la planeación para el desarrollo
Se vigorizará la participación de los municipios en la planeación del desarrollo, así como en la preparación y formulación de planes y programas para el desarrollo sectorial y regional, a fin de que respondan cabalmente a las exigencias de bienestar de la sociedad en general y de las comunidades en particular.
Período constitucional de los ayuntamientos
Se discutirá la posible extensión del período constitucional de los ayuntamientos, analizando con serenidad y rigor las ventajas y desventajas de una medida en ese sentido.
Municipios indígenas
Se fortalecerá la representación y la participación de pueblos y comunidades indígenas mediante mecanismos que respeten sus formas de organización y sus procedimientos para la toma de decisiones.
El desenvolvimiento de México requiere de una administración pública orientada al servicio y cercana a las necesidades e intereses de la ciudadanía, que responda con flexibilidad y oportunidad a los cambios estructurales que vive y demanda el país, que promueva el uso eficiente de los recursos públicos y cumpla puntualmente con programas precisos y claros de rendición de cuentas.
Promoción de la descentralización administrativa
El Gobierno Federal promoverá una descentralización administrativa profunda para fortalecer el federalismo. En este sentido, será necesario evaluar las funciones que actualmente realiza la Federación y determinar cuáles podrían desempeñarse de manera más eficiente, menos costosa y con mayor pertinencia por los gobiernos estatales y municipales o con su participación.
Profesionalización de los servidores públicos
La creación del servicio público de carrera entraña el reconocimiento de la importancia que tiene el trabajo del servidor público y asegura que su desempeño honesto y eficiente sea condición esencial para la permanencia en el empleo. La profesionalización dará continuidad a programas de trabajo y garantizará que no se interrumpa el funcionamiento administrativo en la transición por el relevo de los poderes. El servicio profesional de carrera se establecerá por áreas prioritarias, pero el objetivo a largo plazo será incluir a toda la administración pública.
Sistemas de control y rendición de cuentas
Es indispensable dar a los órganos encargados de evaluar y fiscalizar la gestión pública y el ejercicio del gasto la capacidad técnica, la independencia y credibilidad necesarias. Esto implicará una reforma estructural profunda de las actuales instituciones y mecanismos de control interno y externo de la gestión pública, y adecuar el marco jurídico a las necesidades de rendición puntual de cuentas a la ciudadanía.
Modernización de la gestión pública
Este Plan propone desarrollar criterios nuevos y más pertinentes para la medición del desempeño de los servidores públicos, de la calidad de los servicios que prestan y de la capacidad de respuesta de cada dependencia a los requerimientos de la ciudadanía.
Simplificación y adecuación del marco normativo
Actualizar la normatividad de las funciones presupuestales globales y propiciar la revisión, actualización y simplificación de los reglamentos y disposiciones que rigen los procesos de la administración pública, con objeto de reducir costos, incrementar la oportunidad y transparencia de las operaciones, y favorecer la iniciativa de los servidores públicos para mejorar la atención a la ciudadanía.
Responsabilidades de servidores públicos
El Plan propone modernizar la legislación en materia de responsabilidades de los servidores públicos y fortalecer su observancia mediante programas de orientación, capacitación y consultoría, así como la aplicación de sanciones en caso de incumplimiento.
Muchos problemas de desarrollo social y comunitario sólo pueden resolverse conjuntando la acción del Gobierno con la participación de la sociedad y sus organizaciones.
Organizaciones sociales
Se propone perfeccionar con las organizaciones sociales los procedimientos permanentes de consulta en los puntos que son de su competencia e interés, con objeto de llegar al mayor acuerdo posible.
Organizaciones civiles
La nueva relación entre las organizaciones civiles y el Gobierno ha de fundarse en el pleno respeto a su pluralidad y autonomía, y en el reconocimiento a sus potencialidades de respuesta en los campos en que su colaboración complementa y multiplica la acción del Gobierno.
Marco legal y fiscal
El Gobierno de la República considera que es de primordial importancia promover el establecimiento de un nuevo marco regulatorio que reconozca, favorezca y aliente las actividades sociales, cívicas y humanitarias de las organizaciones civiles. El Plan propone examinar la conveniencia de establecer una regulación general de las actividades que estas organizaciones desarrollan, para otorgarles el tratamiento fiscal correspondiente. En el mismo sentido, se estudiarán las medidas que tiendan a simplificar los trámites administrativos que las organizaciones civiles realicen ante las instancias gubernamentales, brindándoles, además, la asesoría y la información que requieran, y colaborando en su profesionalización.
Líneas de colaboración entre gobierno y organizaciones civiles
El Poder Ejecutivo promoverá la participación de las organizaciones civiles en las actividades públicas. Pueden ser consultores calificados en la elaboración y aplicación de políticas públicas.
El desarrollo político de un país corresponde siempre una ampliación de la participación ciudadana. Habrá de impulsarse la cultura de participación y corresponsabilidad ciudadana en la educación cívica de los niños y los jóvenes, haciendo énfasis en el conocimiento de los derechos y las obligaciones públicas, en la discusión respetuosa, la crítica propositiva y el compromiso con la nación.
Participación social en las políticas públicas
Las acciones gubernamentales están mejor orientadas y son más eficaces en la medida en que incorporan el esfuerzo colectivo, el escrutinio público y la crítica de la sociedad, por lo que se promoverá que la sociedad y sus organizaciones tomen parte en la formulación, ejecución y evaluación de las políticas públicas.
Consejos consultivos
Se establecerá una política de firme aliento a la participación de los ciudadanos y de las organizaciones civiles en las diversas áreas de la administración pública mediante la creación de consejos consultivos en los tres órdenes de gobierno.
El Plan comprende el compromiso inquebrantable de respetar la libertad de expresión y el derecho a la información, consagrado como garantía constitucional.
Autonomía del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática
Promover las reformas legales para dotar de autonomía plena al INEGI.
Medios de comunicación
La democracia es inconcebible sin las libertades de información y de prensa.
La laicidad del Estado y la separación entre éste y las iglesias constituyen la garantía máxima de respeto al ejercicio legítimo de las libertades y los derechos en materia religiosa. El límite a ese ejercicio se encuentra en la salvaguarda y preservación del orden, el interés y la moral públicos, así como en la tutela de los derechos de terceros y en la observancia de las leyes.
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