por
Agustin Navarro
Da la impresi�n de que nos estamos nuevamente enfrentando a un g�nero de invasi�n que a pesar de tener m�ltiples precedentes hist�ricos, no deja de sorprender a quienes pensaban que el intervencionismo legal de una potencia sobre un pa�s m�s d�bil, era cosa del pasado. Sin embargo, el Congreso de los Estados Unidos, con la firma del Presidente Clinton ha resucitado el viejo esquema de la pirater�a que se ense�ore� por los siete mares en los tiempos de Morgan y los bucaneros del Caribe.
La ley que extra�amente se ha denominado "Libertad Cubana y Solidaridad Democr�tica (Libertad) Acta de 1996", popularmente conocida como la "Ley Helms- Burton", constituye la muestra de ese impulso c�clico irresistible que no pueden contener los pol�ticos norteamericanos de producir leyes que tengan efectos fuera de su territorio, en franca violaci�n del derecho internacional para lograr objetivos de car�cter moral y pol�tico internos bajo una s�bana que esconde los verdaderos motivos que los animan.
La naturaleza intervencionista de la ley Helms-Burton ha sido reconocida ampliamente. Hace unos cuantos d�as el Ministro de Relaciones brit�nico, Malcolm Rifkind declar� que los Estados Unidos con �sta ley, est�n amenazando la unidad occidental y afectando sus propios intereses. Agreg� que esta nueva agresi�n extraterritorial, es comparable a los esfuerzos que hizo el Congreso norteamericano para impedir a los europeos comerciar con Ir�n y Libia, y al boycot �rabe contra aquellas compa��as que negociaran con Israel. Ambas instancias fueron resistidas por casi todos los pa�ses occidentales.
Otro elemento que alinea a la Helms-Burton con otras leyes invasoras dise�adas para la exportaci�n---como son generalmente las antinarc�ticos---es que recurre a un lenguaje similar y a la imposici�n de sanciones a terceros perjudicados que est�n en total indefensi�n y que la ley configura como sujetos de su aplicaci�n a�n sin tener v�nculo directo con las acciones que puedan dar origen a las sanciones mismas. Esto se demuestra al impedir el otorgamiento de visas de entrada o en su caso proceder a la expulsi�n f�sica de los Estados Unidos de aquellos extranjeros funcionarios, accionistas mayoritarios y familiares en primer grado o agentes ( representantes) de los ejecutivos de las empresas que sean consideradas "traficantes" con propiedades expropiadas por el gobierno cubano con un valor de $ 50,000 d�lares o m�s y que no hayan sido adecuada y efectivamente compensadas a sus propietarios anteriores si estos son actualmente nacionales norteamericanos y tienen una prueba certificada en los Estados Unidos de ser los due�os.
El t�rmino "traficar" que se utiliza en la ley Helms-Burton es todo un poema. Al amparo de la ley de marras, traficar es: transferir, distribuir, proveer, intermediar, disponer, comprar, recibir, obtener control o adquirir, mejorar, invertir, administrar, rentar , poseer, usar o mantener propiedad confiscada, nacionalizada o expropiada.
Como se puede observar, la asociaci�n del lenguaje que hay en la ley Helms-Burton y las leyes contra el tr�fico de drogas es manifiesto. La raz�n es simple. Se trata de cerrar toda posibilidad de excepci�n y meter en un solo saco toda actividad leg�tima que se pueda ejercer por cualquier extranjero---de la nacionalidad que se trate---respecto a propiedades particulares de individuos o empresas estadounidenses. Se trata de estigmatizar dichas actividades con el t�rmino de tr�fico y a sus ejecutantes, con el t�rmino de traficantes, para impresionar al vol�til electorado norteamericano y especialmente para comprar pol�ticamente el voto de los cubanos anticastristas de Florida, Estado crucial por su alto n�mero de votos electorales que se disputan los Republicanos y Dem�cratas en la elecci�n de 1996.
Los alcances extraterritoriales de la ley son flagrantes y el Congreso norteamericano y las leyes que emane y promulgue el Ejecutivo de ese pa�s, no pueden ni deben surtir efectos fuera de territorio lamentablemente ampliado a expensas de M�xico y que hoy integra a los Estados Unidos. Es procedente, utilizar todos los medios legales, pol�ticos y diplom�ticos de que dispone la comunidad internacional para impedir, minimizar o evadir los efectos extraterritoriales de dicha ley. Los norteamericanos pueden darse las leyes que gusten y los intereses pol�ticos y moralistas que los gobiernan pueden llegar a los extremos que se quieran, como ya ha ocurrido antes con las prohibiciones que se autoimponen y con las que se autoflagelan diariamente como les ocurre hoy con los narc�ticos.
Desafortunadamente, la condici�n disminuida en que se ha colocado a M�xico frente a los Estados Unidos, producto del rescate de las finanzas p�blicas nacionales, as� como las condiciones de dependencia financiera y comercial derivada de la vecindad y de la interacci�n econ�mica, limitan enormemente el �mbito de las acciones defensivas de tipo institucional por parte del gobierno mexicano que tiene que tomar en cuenta �sta situaci�n de la real-politik y la real-economik y ser muy cautos para no generar a�n incursiones mayores de la pol�tica exterior norteamericana en territorio nacional. Ya es bastante grande la problem�tica migratoria y de narc�ticos, en la que estamos comprometidos, para abrirles m�s el pecho a los francotiradores del Congreso norteamericano.
Pero la pirater�a legal Helms-Burtoniana puede enfrentar un hurac�n en ultramar que la deje m�s maltrecha que a la Gran Armada y que los Wellingtons europeos, canadienses y mexicanos se vean beneficiados sin pr�cticamente meter las manos. Esto puede ser el resultado de una ley verdaderamente "ant�doto" que neutraliza de hecho a las leyes invasoras extraterritoriales. No se trata de una legislaci�n de discutible fundamento jur�dico y funcional como la que pretenden y comentan algunos parlamentarios mexicanos, sino de esa "ley" no promulgada que siempre hace su aparici�n cuando se rompen los principios del estado de Derecho y se violentan los mercados y la l�gica de los hombres: la "ley de las consecuencias no buscadas", misma que produce efectos sorprendentemente distintos a los deseados.
Los embargos comerciales nunca alcanzan sus objetivos pol�ticos, lo que logran es sumergir en la postraci�n y miseria a aquellos a quienes se dice pretender ayudar a desprenderse de reg�menes totalitarios, ya que esas pol�ticas anti-econ�micas proveen de un fabuloso pretexto a los gobiernos opresores para justificar la destrucci�n econ�mica y social, la cual en realidad se debe a la coartaci�n de la libertad pol�tica y econ�mica de sus pueblos. En medio de ese pragmatismo que caracteriza a los norteamericanos, ya hay indicios de algunos que los alrededor de 800 reclamantes norteamericanos de restituci�n o pago de propiedades confiscadas por el Gobierno Cubano---por supuesto en paralelo a lo que resulte de la ley Helms-Burton---estan solicitando apoyo y autorizaci�n de su gobierno para ir a Cuba e iniciar negociaciones directas con los cubanos para los mismos efectos. � Quien lo dir�a ? quiz�s ah� se abra la posibilidad de que Castro aproveche la oportunidad que el embargo ha impedido y los mercados puedan empezar a funcionar en Cuba. Claro que todos sabemos que las condiciones indispensables para que esto ocurra, son: la definici�n de los derechos de propiedad, el respeto legal a los contratos, la liberalizaci�n de la econom�a y por supuesto la democratizaci�n de la pol�tica.
No es mediante embargos y leyes extraterritoriales como la democracia puede instaurarse en Cuba. No es violentando la soberan�a de pa�ses amigos y aliados, como se pueden alcanzar objetivos de pol�tica exterior, por estimables que sean. Si realmente es leg�timo el compromiso del Congreso y Ejecutivo Norteamericano por promover la libertad pol�tica y econ�mica del pueblo cubano, debe apoyar la iniciativa de sus propios ciudadanos para ir a Cuba y negociar con ese respaldo. De otra forma, la "ley de las consecuencias no buscadas", se les revertir� en su contra.
FIN DE LA NOTA M�xico D.F. a 9 de Junio de 1996.