Cecilia Soto/ Mujeres: avancemos un trecho Resulta de inter�s para toda la sociedad y no s�lo para las mujeres, el que las pr�ximas legislaturas federal y estatales legislen para garantizar igualdad de oportunidades para las mujeres en todos los �mbitos y mayor protecci�n para la familia de la mujer trabajadora. Cecilia Soto En el lapso de los �ltimos 20 a�os, la mujer mexicana ha ganado nuevas obligaciones pero no necesariamente todos los nuevos derechos correspondientes. En 1975, una de cada cinco mujeres en edad de trabajar lo hac�a. En la actualidad, trabajan una de cada tres. Y aunque precisamente en 1975, a�o de la Primer Conferencia Mundial sobre la Mujer, se adecu� el contenido del art�culo 4o. constitucional para garantizar la igualdad del var�n y la mujer frente a la ley, subsisten numerosas �reas en las que este principio no se cumple. En especial, la avalancha de mujeres que, por necesidad o por voluntad propia, se han incorporado al mundo del trabajo ha rebasado a las instituciones y al marco legal que protege el trabajo femenino: las mujeres acuden a laborar en un contexto de gran desprotecci�n para sus familias. Por ello, resulta de inter�s para toda la sociedad y no s�lo para las mujeres, el que las pr�ximas legislaturas federal y estatales legislen para garantizar igualdad de oportunidades para las mujeres en todos los �mbitos y mayor protecci�n para la familia de la mujer trabajadora. En este sentido, resulta encomiable la iniciativa del grupo Diversa que, apoyado por la Fundaci�n Friedrich Ebert, ha conseguido que candidatas y candidatos a legisladores de todos los partidos pol�ticos firmen un compromiso de cinco puntos m�nimos. Este compromiso, titulado 'Avancemos un trecho', busca que, independientemente del partido que gane la mayor�a en la C�mara de Diputados (o en las c�maras locales), se ponga en marcha un esfuerzo com�n que produzca una agenda legislativa favorable a las mujeres y, de hecho, a la sociedad entera. Se trata, primero, de legislar para extender al resto de las leyes federales y estatales el principio de igualdad jur�dica frente a la ley consagrado en el 4o. art�culo de la Constituci�n. En segundo lugar, de fomentar una cultura de paternidad responsable y de responsabilidades familiares compartidas. El tercer compromiso trata de posibles reformas a las instituciones de seguridad social en torno a cuidados materno-infantiles y al establecimiento de guarder�as, centros de lactancia y otras soluciones y apoyos a la madre trabajadora. El cuarto busca desterrar el despido o falta de contrataci�n laboral por embarazo y el quinto aborda la dram�tica problem�tica de la violencia intrafamiliar. De hecho, cada uno de los puntos espec�ficos del compromiso firmado son demostraciones de c�mo "del dicho al trecho hay un gran trecho": una cosa es lo establecido en el 4o. art�culo constitucional y muy otra la realidad cotidiana que vivimos las mujeres. Por ejemplo, lo relativo al cuarto punto, el requisito de examen que demuestre que no hay embarazo para poder solicitar empleo ha sido juzgado como violatorio de las garant�as individuales de las mujeres por la Comisi�n de Derechos Humanos del Distrito Federal y, sin embargo, contin�a como pr�ctica vigente entre grandes empleadores de los sectores p�blico y privado. La demostraci�n de ingravidez la exige la Secretar�a de Educaci�n P�blica, Telmex, los bancos, el Departamento del Distrito Federal, el gobierno de Sonora y de muchos otros estados, Pemex y muchas otras empresas privadas o entidades p�blicas. En esto, los empleadores se muestran piadosos creyentes del Esp�ritu Santo pues hasta ahora no se ha sabido de alg�n var�n a quien, al solicitar empleo, se le haya exigido prueba de no haber embarazado a alguien. La filosof�a detr�s de este acto de discriminaci�n medieval es muy simple: que la mujer embarazada se las arregle como pueda. Es tan obvia la violaci�n de esta exigencia al art�culo 4o. constitucional e incluso a la Declaraci�n de los Derechos del Hombre (sic) que lo que m�s sorprende es la falta de decenas o centenas de amparos interpuestos por mujeres que no hayan sido contratadas laboralmente por su estado de gravidez. �Por qu� se ha tolerado y por qu� se tolera su pr�ctica en el sector p�blico, el primero obligado en cumplir la ley? Las razones son muchas: por inercia, pues es una pr�ctica generalizada a muchas empresas, por el temor a quedar identificada y no ser empleada posteriormente, por la dificultad para probar la discriminaci�n pues nada de esto est� escrito formalmente en el contrato colectivo, por la falta de una cultura de respeto al derecho, por la impunidad, etc�tera. Estos cinco puntos son un buen inicio pues unen a mujeres y a hombres de distintos partidos pol�ticos en torno al prop�sito com�n de lograr un ambiente de mayor justicia e igualdad para los hombres y las mujeres en M�xico. A la vez, da la pauta para profundizar en las problem�ticas regionales. Por ejemplo, las legisladoras de los estados fronterizos o de aqu�llos con gran presencia de la industria maquiladora deber�n poner especial atenci�n a las condiciones de gran desventaja para la salud de la mujer y de sus hijos; las legisladoras de Nuevo Le�n podr�n profundizar sobre la discriminaci�n laboral que sufre la empleada de confianza cuando contrae matrimonio; las legisladoras de regiones con gran presencia campesina saben de una realidad que rebasa el marco de la salud y la protecci�n laboral y alcanza lo productivo, etc�tera. La tan tra�da y llevada transici�n podr� garantizar la democracia electoral y la llegada de nuevos actores pol�ticos al poder pol�tico pero, esto apenas nos empareja con lo que han logrado muchos pa�ses desde principios de siglo. Para estar a tono realmente con el cambio de siglo, hombres y mujeres en M�xico deben gozar no de la igualdad a secas (pues afortunadamente no somos iguales), sino de la igualdad de oportunidades para madurar como seres humanos plenos. Comentarios o informaci�n: csoto@rtn.uson.mx Copyright � 1996 Informaci�n Selectiva, S.A. de C.V. Todos los derechos reservados