La Jornada Semanal, 9 de febrero de 1997

Podemos decir que el EZLN fue el primer movimiento guerrillero en el M�xico moderno que conquist�, desde el primer d�a de su aparici�n, un espacio permanente en los medios de comunicaci�n. Los anteriores grupos guerrilleros en vano pretendieron, como una parte esencial de su objetivo de lucha, penetrar en los medios. La resonancia de los movimientos militares y policiacos y de la guerrilla campesina en Guerrero durante los a�os previos al gobierno de Rub�n Figueroa y durante los a�os que �l tuvo el poder en ese estado (1975-1981), fue pr�cticamente nula en la prensa nacional. Fue suficiente que se encontraran ejemplares de la revista �Por qu�? en la Sierra de Atoyac para que esa revista desapareciera y fueran reprimidos sus editores (con el surgimiento del EPR esos mismos editores volvieron a ser sospechosos, como lo revel� el periodista Razhy Gonz�lez, director del semanario Contrapunto de Oaxaca, secuestrado por elementos policiacos del 17 al 19 de septiembre de 1996). Hace veinte o treinta a�os, el portar un comunicado era suficiente prueba en contra para ser aprehendido y procesado. El espacio que en la prensa nacional e internacional ha ganado la guerrilla zapatista de Chiapas desde el 1 de enero de 1994 es de incalculable valor y marca una enorme diferencia con las guerrillas anteriores. Esta resonancia debemos atribuirla tambi�n, por supuesto, a condiciones internacionales y nacionales que no se viv�an en la d�cada de los sesenta o setenta, particularmente en el desarrollo pol�tico de los medios de comunicaci�n y en el surgimiento de organismos nacionales e internacionales de defensa de los derechos humanos.

El EZLN marc� tambi�n una importante diferencia en la historia de los movimientos guerrilleros de M�xico por su capacidad de convocatoria pol�tica en varios sectores sociales: caravanas estudiantiles, Convenci�n Nacional Democr�tica, consulta nacional, foros especiales para los pueblos ind�genas y para la reforma del Estado, reuniones internacionales como el Foro Continental Americano (abril de 1996) y el Encuentro Intercontinental por la Humanidad y contra el Neoliberalismo (julio de 1996). Intelectuales, artistas e investigadores de M�xico, acudieron como asesores o invitados a los foros y mesas de negociaci�n en San Crist�bal de Las Casas y en San Andr�s Larr�inzar, y han arribado a Chiapas personalidades diversas de todos los continentes. Su poder de convocatoria implic�, por supuesto, capacidad de organizaci�n en el plano legal, lo cual debe tomarse como una demostraci�n de su viabilidad como fuerza pol�tica aglutinante de varios sectores. De estas condiciones excepcionales el EZLN deriv� su capacidad e imaginaci�n para convocar, en su Cuarta Declaraci�n de la Selva Lacandona, a la creaci�n de un Frente Zapatista de Liberaci�n Nacional que no se propuso como partido pol�tico excluyente, sino como una fuerza civil de resistencia y de movilizaci�n legal para reorientar la vida pol�tica de M�xico.

Otro aspecto distintivo del EZLN (salvo el caso, por supuesto, de los viejos guerrilleros cristeros de finales de los a�os veinte) ha sido su fuerte vinculaci�n con el obispado de San Crist�bal de Las Casas. La presencia pol�tica de la Iglesia es notabil�sima en muchas �reas de esta zona de conflicto. De aqu� la dificultad que enfrenta el gobierno federal para deslindar el territorio en que pol�ticamente puede influir a profundidad la estructura obispal y el territorio pol�tico, militar o social del EZLN en que esa estructura no puede penetrar. Durante su periodo preparatorio, o durante estos �ltimos tres a�os, el EZLN pudo sentir como oportuna, y aun capitalizable en t�rminos pol�ticos, la relaci�n con ciertas bases progresistas de la Iglesia y el aprovechamiento de sus estructuras de catequizaci�n en varias zonas del pa�s, pero estos v�nculos despu�s no lo fortalecer�n, sino lo frenar�n. En este momento, el EZLN puede convocar a muchas fuerzas sociales; m�s adelante creo que la misma inercia de las estructuras de la Iglesia cat�lica lo impedir�. La Iglesia se encuentra en un camino de abierta recuperaci�n pol�tica, fiscal y econ�mica; ha logrado vencer las barreras que le impusieran las leyes de Reforma de los viejos liberales del siglo XIX. Desde este punto de vista, a futuro podr�a verse al EZLN como uno de los elementos que ayudaron al fortalecimiento pol�tico de la Iglesia, pero su propia fuerza no se consolidar� si sigue manteniendo esa estrecha relaci�n con el vigor pol�tico eclesi�stico.

Adem�s de esto, y relacionado directamente con su capacidad militar y con su base social, durante muchos meses el EZLN conquist� un espacio territorial que ha perdido desde el mes de febrero de 1995. Es muy posible que el gobierno federal y el ej�rcito mexicano decidieran reducir ese espacio territorial por m�s motivos que solamente el control militar. La fuerza de la opini�n internacional y la participaci�n de varias organizaciones internacionales induc�an al supuesto de que el territorio zapatista, con la modificaci�n de los nombres de los poblados, pudiera ser verdaderamente un territorio distinto. Quiz�s el ej�rcito mexicano decidi� recordar a los activistas de organizaciones civiles, nacionales e internacionales, que ese territorio era chiapaneco y no un nuevo pa�s.

Hay otro conflicto de dif�cil soluci�n: el de los llamados grupos de desplazados. Aunque algunos, con el apoyo del ej�rcito mexicano, han vuelto a ocupar sus ejidos en la regi�n de las Ca�adas, siguen siendo amenazados y confrontados por los ejidatarios zapatistas. Esta confrontaci�n, que suele acentuarse adem�s entre evang�licos y cat�licos, es delicada. Los zapatistas cat�licos han roto su relaci�n con el magisterio oficial y mantienen una estrecha relaci�n con los organismos internacionales de defensa de derechos humanos. Los desplazados forman un mundo aparte, incluso para esas mismas organizaciones internacionales. Esta tensi�n entre campesinos ind�genas parece insoluble y de muy alta peligrosidad social a corto plazo, sobre todo porque entre los zapatistas se considera que los desplazados son delatores o esp�as del gobierno. Este juicio, expresado en algunas ocasiones incluso por el subcomandante Marcos, se remonta al proceso de los acuerdos sobre la guerra. Primero, seg�n la memoria de los zapatistas, los grupos que hoy se conocen como desplazados se opusieron a la guerra; en los primeros d�as de enero de 1994, cuando tuvo eco el llamado del EZLN, se pusieron a favor; cuando empez� la campa�a contrainsurgente, otra vez se pusieron en contra. En t�rminos de los zapatistas, primero fueron zapatistas, despu�s neutrales, luego antizapatistas, m�s tarde zapatistas de nuevo, y finalmente, ya como antizapatistas, desplazados. Hay que agregar, adem�s, que en parte los desplazados constituyen organizaciones agrarias oficiales que responden a las discrepancias o a los intereses de facciones pri�stas en el interior del gobierno estatal mismo. Si el ej�rcito mexicano se retirara ahora, muchos de los desplazados que retornaron a sus tierras ejidales abandonar�an de nuevo las ca�adas.

Pero el EZLN logr�, al cabo de treinta a�os de lucha guerrillera y por vez primera, sobre todo, la negociaci�n directa con el gobierno federal, que ha mostrado inexperiencia en dos aspectos principales: por su an�lisis reduccionista de los alzamientos armados, y por el desconocimiento de la mentalidad y el discurso ind�genas. La aparici�n del Ej�rcito Popular Revolucionario (EPR) vino a modificar sustancialmente la perspectiva de este di�logo. En el aspecto militar, el ej�rcito mexicano increment� su presencia en varios estados del pa�s, incluido Chiapas. En el plano pol�tico, la agresividad del presidente Zedillo y del secretario de Gobernaci�n cerr� toda posibilidad de considerar en el nacimiento del EPR causas sociales e hist�ricas. Apenas el 12 de julio de 1996, en las negociaciones de San Andr�s Larr�inzar, el gobierno federal se hab�a comprometido a respetar la naturaleza del EZLN como "un grupo de ciudadanos mexicanos, mayoritariamente ind�gena, que se inconform�" y a no considerarlos terroristas o criminales. Pero siguen apareciendo se�ales intermitentes de que varios sectores en el gobierno insisten en considerarlos as�, sobre todo porque hasta ahora no se ha aceptado a cabalidad la vasta dimensi�n social del conflicto y porque la concentraci�n de destacamentos militares es inmensa en Chiapas, incuantificable. El ej�rcito mexicano mantiene el cese al fuego, es cierto, pero detr�s de este tenso silencio la paz sigue cercada; m�s que una aspiraci�n social, parece un reh�n de guerra. El subcomandante Marcos explic� a Blanche Petrich, en una entrevista que apareci� en La Jornada el d�a 19 de agosto de 1996, que los preparativos militares en Chiapas indicaban un inminente ataque:

�Por qu� ponen un dispositivo ofensivo? Si fuera defensivo, con la d�cima parte de esas tropas podr�an contener el despliegue del EZLN. Pero no s�lo es la masividad, sino tambi�n la calidad de las tropas. Tienen una fuerza de intervenci�n r�pida de unos cuatro mil paracaidistas para atacar en varios puntos, adem�s de grupos de comandos que est�n en San Quint�n, Guadalupe Tepeyac, La Garrucha, La Sultana y otras partes. Esas tropas no son de infanter�a [...] son de la fuerza a�rea, son paracaidistas especializados en combate en la selva, entrenados para combates que se llaman de infiltraci�n, para caminar de noche con aparatos de luz infrarroja, con modernos sistemas de comunicaci�n, en peque�as unidades. Uno no ubica tropas en ese terreno si no piensa atacar [...] El dispositivo que est�n montando apunta ya a preparar un golpe contra la direcci�n del EZLN. Para atacar a Marcos no van a usar tanques de guerra, van por unidades especiales que est�n colocando ya en estos puntos.

­Y el EZLN, �qu� prepara para enfrentar esta eventualidad?

­Resistir, resistir y partirse en muchos pedazos. Nada m�s que si logran pegarle a la cabeza, va a pasar como con los Aguascalientes. Destruyeron uno y ahora tienen cinco. Si destruyen o asesinan a los del Comit�, van a tener muchos comit�s y muchas guerrillas sueltas, aut�nomas e independientes, y ya no va a haber di�logo ni nada de eso. Van a tener que hacer cinco, seis o diez di�logos, seg�n el n�mero en que se haya partido el EZLN.

Las dimensiones actuales del EZLN en territorio, poblaci�n y contingentes armados, favorece la negociaci�n con un frente unificado. La desaparici�n de esta naturaleza y su transformaci�n en numerosos peque�os comandos guerrilleros tornar�a imposible una negociaci�n general y �nica. Un ataque s�bito que intentara sofocar al EZLN como ej�rcito provocar�a su atomizaci�n en comandos, y ser�a dif�cil controlar y prever la acci�n defensiva (incluso con acciones de sabotaje) de una guerrilla dispuesta a no morir. El ej�rcito mexicano demor� siete a�os en sofocar la insurrecci�n de Lucio Caba�as en el estado de Guerrero, como lo he mostrado en la novela Guerra en el Para�so; ahora se duplicar�a f�cilmente el tiempo. Un ejemplo del poder agresivo que tienen comandos guerrilleros de f�cil desplazamiento en territorios no espec�ficos lo est� dando el EPR. Nada hay firme sobre su composici�n social; nada sobre su posible ubicaci�n territorial; nada sobre la prevenci�n de sus operativos de ataque. Acorralar a los zapatistas para que se conviertan en comandos como los del EPR ser�a una equivocaci�n del gobierno mexicano y de la inteligencia militar.

Una alarma de luz roja se volvi� a encender dos d�as despu�s del segundo informe de gobierno del presidente Zedillo. El 3 de septiembre de 1996, la prensa mexicana dio a conocer la negativa del EZLN a continuar en el di�logo en San Andr�s Larr�inzar. El CCRI y la Comandancia General expresaron que:

Despu�s de los primeros acuerdos de San Andr�s, en el tema de "Derechos y Cultura Ind�gena", el gobierno despleg� su estrategia de alargar el cumplimiento de estos acuerdos y dificultar hasta el absurdo cualquier medida que apuntara a su concreci�n. Como advertimos los zapatistas desde un principio, los papeles no garantizan nada, y no se traducen en soluciones a la grave situaci�n de lo pueblos indios si no se acompa�an de acciones concretas. El EZLN acept� los acuerdos con el objetivo de demostrar a los pueblos indios, a la naci�n mexicana y a la opini�n p�blica internacional, que el gobierno no quiere solucionar de fondo la problem�tica ind�gena nacional. El gobierno aparenta que tiene disposici�n para hacerlo, pero de ninguna manera est� dispuesto a modificar radicalmente la relaci�n entre la naci�n y los ind�genas mexicanos.

Siete meses despu�s, el llamado tema I de San Andr�s est� en cero, como si nada se hubiera dialogado, como si no se hubiera negociado nada, como si nada se hubiera acordado. Los acuerdos en "Derechos y Cultura Ind�gena" no se han cumplido. Son s�lo papel muerto.

El aspecto ind�gena es quiz�s el m�s relevante de la insurrecci�n del EZLN; por ello fue mayor el desd�n del presidente Zedillo cuando en su segundo informe se expres� as�:

Hace un a�o se�al� que debemos definir una nueva relaci�n entre el Estado mexicano y las comunidades ind�genas. Una nueva relaci�n que garantice plenamente sus derechos y constituya una base firme para atender las causas reales del atraso acumulado por mucho tiempo. Una nueva relaci�n para impulsar su desarrollo social, a partir de la participaci�n de las propias comunidades ind�genas. Gracias a la colaboraci�n respetuosa y activa del Poder Legislativo Federal, de los congresos y gobiernos de los estados, se realiz� una consulta nacional que ratific� la necesidad de emprender reformas a la Constituci�n General de la Rep�blica y a las leyes que corresponda. Conf�o en que durante este periodo de sesiones se logre presentar una iniciativa de reforma que est� siendo elaborada conjuntamente por los Poderes Legislativo y Ejecutivo. Una reforma que explicite y garantice los derechos ind�genas y asegure una educaci�n biling�e y pluricultural; que reconozca sus formas de representaci�n social para incorporarlas a la organizaci�n municipal; que reafirme los compromisos del Estado con sus comunidades, y que les garantice que al acudir a la justicia se tomar�n en cuenta su lengua, usos y costumbres [...] Debatir y aprobar una reforma constitucional y transformar leyes e instituciones es s�lo un primer paso. Es indispensable trabajar para que el marco jur�dico y la capacidad institucional efectivamente sirvan a los hombres y mujeres, a las familias y las comunidades ind�genas. Esto exige evitar dilaciones, sumar esfuerzos y participaci�n...

Es decir, omiti� cuidadosamente la menci�n de los acuerdos que sobre Derechos y Cultura Ind�gena firm� la representaci�n del gobierno federal con el EZLN en San Andr�s Larr�inzar en abril de 1996 y que no han tenido efectos inmediatos como propuesta de iniciativa de ley. La rapidez con que se reforman art�culos constitucionales y se aprueban leyes reglamentarias que propone y convienen al presidente de la Rep�blica, contrasta con la lentitud que ahora se vive en la negociaci�n en San Andr�s. Esto se explica quiz� por la resistencia oficial a creer que el EZLN enarbola valores de cambios y transformaciones integrales de orden social que gran parte de M�xico quiere y que expresa a trav�s de los foros nacionales e internacionales que �l mismo ha convocado, y de la lucha de sindicatos, manifestaciones numerosas, organizaciones de resistencia civil, protestas poselectorales y opini�n p�blica. O quiz� se explica por la inexperiencia oficial a tratar con la guerrilla mexicana a que se ha visto obligado, por vez primera en treinta a�os y sobre todo, por vez primera tambi�n, a la luz de los medios informativos.

Si no hubiera ocurrido en los pa�ses de la Europa del Este la debacle del llamado socialismo real, las propuestas del EZLN se hubieran situado en la vanguardia socialista; ahora, son de orientaci�n ind�gena. Desde el gobierno federal y los gobiernos regionales seguimos desconociendo (o mejor, queriendo desconocer) que la capacidad de rebeli�n, de resistencia y de organizaci�n de los grupos ind�genas ha sido m�s que evidente y constante a lo largo de por lo menos cinco siglos. Sus organizaciones campesinas son capaces de defenderse en t�rminos legales, de dialogar en t�rminos de agrupaciones regionales o nacionales, pero capaces tambi�n de defenderse con violencia cuando a ello se les obliga. Relevante es ahora para ellos el reclamo de "autonom�as". El 5 de enero de 1996, el presidente de la Comisi�n Nacional de Derechos Humanos, Jorge Madrazo Cu�llar, propuso ante el Senado de la Rep�blica, durante la Consulta Nacional sobre Derechos Humanos y Participaci�n Ind�gena , crear una jurisdicci�n especial para que los pueblos ind�genas resolvieran conflictos civiles, penales, laborales y mercantiles que las autoridades de cada estado pudieran convalidar u homologar mediante procedimientos sencillos, y consider� que era urgente efectuar modificaciones legales que garantizaran que en los municipios mayoritariamente ind�genas los ayuntamientos fueran integrados por ind�genas.

Durante el mes de julio de 1996 algunos diarios difundieron el contenido de un documento de la Secretar�a de Gobernaci�n que ser�a la base de una propuesta que el presidente Zedillo presentar�a al Congreso en alg�n momento para modificar doce art�culos constitucionales, entre ellos, destacadamente, el 4, el 27 y el 115. Los temas se hab�an tratado en la mesa de di�logo en Chiapas y en la consulta nacional sobre derechos ind�genas que hab�an promovido la propia Secretar�a de Gobernaci�n y el Congreso de la Uni�n. El documento explicaba que exist�a el acuerdo en que los pueblos ind�genas tuvieran "la facultad expresa de aplicar justicia" a partir de una conciliaci�n entre los usos y costumbres ind�genas y el sistema jur�dico nacional, siempre que se fijara como l�mite "...el respeto a los derechos humanos y a las reglas generales que para el sistema penal y para las infracciones administrativas fija la Constituci�n de la Rep�blica". Propon�a tambi�n ampliar los cauces de intervenci�n de las comunidades para que los ind�genas pudieran hacer valer usos y costumbres donde fueran mayor�a, a fin de integrar la autoridad municipal. Por �ltimo, se�alaba que se exclu�a la interpretaci�n de autonom�a como autogobierno independiente del Estado nacional, y que no implicaba privilegios especiales ni la ruptura del principio de igualdad ante la ley.

El lector debe recordar que la perspectiva social del primer Congreso del M�xico independiente, el de 1824, empe�ado en negar al indio, ocasion� precisamente que el pa�s se organizara partiendo del supuesto de que los pueblos ind�genas no exist�an. Esto afect� de base la composici�n nacional, estatal y municipal. Para superar este error hist�rico, debe reconocerse en ciertas estructuras pol�ticas y sociales, propias durante siglos de los pueblos ind�genas, el n�cleo real, cultural, pol�tico, de las autonom�as. Su visi�n comunitaria en la posesi�n de tierras, en trabajo colectivo, en responsabilidades civiles y religiosas, en valores pol�ticos y familiares, a partir de un derecho consuetudinario sorprendentemente equitativo, es un ejercicio pol�tico y jur�dico conservado y practicado por siglos como autodefensa de la comunidad, como base de su identidad y su cultura. A partir de aqu� debe entenderse la autonom�a y formularse legislativamente, sin creer que ser� creada de la nada y sin temer a los m�ltiples sentidos de la palabra. Ahora, los pueblos ind�genas no tienen autonom�a en la forma que la desean, pero padecen el aislamiento de una isla "aut�noma" de marginaci�n y discriminaci�n. Muchos creen que su pobreza no atenta contra el estado de derecho, pero s� su autonom�a. Por esto, el reconocimiento de las autonom�as ind�genas no puede ser visto como una invenci�n o concesi�n, sino como el inicio, por vez primera en cinco siglos, de un proceso de acercamiento y de reconocimiento institucional de los pueblos ind�genas, como el primer paso hacia una nueva coordinaci�n oficial y administrativa de M�xico.

Para retomar algunos de los aspectos militares con que hab�amos iniciado este cap�tulo, repitamos que la aparici�n del EZLN en 1994 y del EPR en 1996 plante� una seria preocupaci�n en torno a las tareas y efectividad de Seguridad Nacional. Desde su aparici�n, el 28 de junio de 1996, hasta el 28 de agosto, diferentes comandos del EPR emprendieron emboscadas, ataques o incursiones violentas en varios puntos del estado de Guerrero (en, por ejemplo, Coyuca, carretera Tlapa-Chilpancingo, Atoyaquillo, Tecpan, Acapulco, Tixtla, Ciudad Altamirano y Petatl�n), del estado de Oaxaca (en Huatulco, Tlaxiaco y ciudad de Oaxaca), del Estado de M�xico (en Texcoco, Huixquilucan y Papalotla), del estado de Puebla (en Nueva Necaxa) y de Chiapas (en el kil�metro 28 de la carretera Tuxtla Guti�rrez-San Crist�bal de Las Casas). El EPR estaba corrigiendo las sucesivas versiones gubernamentales que lo hab�an minimizado y subestimado, primero como una pantomima, luego como un grupo apoyado por oscuros intereses pol�ticos que s�lo ten�a un limitado poder de penetraci�n en la sierra de Guerrero, finalmente, como una organizaci�n terrorista y cobarde. En su segundo informe de gobierno, sin mencionar al EPR de manera expl�cita, el presidente Zedillo afirm�:

Sociedad y Gobierno estamos unidos en el m�s firme repudio a toda forma de violencia. Quienes recurren a la violencia y al terrorismo buscan provocar represi�n a terceros inocentes que, seg�n ellos, les proporcione bases sociales para reducir su aislamiento y para justificar m�s violencia. El Gobierno Federal no caer� en esa provocaci�n. Perseguiremos cada acto terrorista con toda nuestra capacidad y aplicando todo el rigor de la ley. Invariablemente apegados al Derecho, respetando las garant�as individuales y los derechos humanos, actuaremos con toda la fuerza del Estado. Sociedad y Gobierno est�n y seguir�n unidos a fin de impedir que el terrorismo amenace las libertades de todos y que la violencia da�e los derechos de todos.

Durante la d�cima Cumbre del Grupo de R�o, que re�ne a doce presidentes latinoamericanos, celebrada en Cochabamba, Bolivia, los d�as 3 y 4 de septiembre de 1996, siguiendo quiz� los pasos de Bill Clinton en la reuni�n del Grupo de los Siete en Lyon, Francia, tambi�n el presidente Ernesto Zedillo se pronunci� contra "el terrorismo". Algunos diarios norteamericanos, como The Wall Street Journal o The New York Times, dieron sus versiones sobre el EPR. Dolia Est�vez, corresponsal en Washington del diario mexicano El Financiero, inform� el 5 de septiembre que, seg�n el Pent�gono, en M�xico operaban 37 organizaciones subversivas guerrilleras, desde el estado de Chiapas hasta el estado de Sonora; que aparte del EZLN, en Chiapas hab�a, por ejemplo, 12 grupos rebeldes m�s, en Guerrero tres y en Hidalgo nueve; que los otros n�cleos guerrilleros se extend�an por los estados de Puebla, Sinaloa, Chihuahua, Nuevo Le�n, Michoac�n, Jalisco, Estado de M�xico, Veracruz, Sonora y el Distrito Federal. En realidad, varios servicios de inteligencia nacionales e internacionales participaron desde 1994 en los Altos de Chiapas y en las regiones de las Ca�adas para identificar a los mandos zapatistas y a sus comunidades y familias, y para ubicar al subcomandante Marcos y conocer exactamente el n�mero y localizaci�n de los contingentes armados del EZLN.

El martes 3 de septiembre, los medios informativos de M�xico dieron a conocer el comunicado que el subcomandante Marcos dirigi� a los combatientes y mandos del EPR con fecha 29 de agosto:

S�lo quiero decirles que no queremos su apoyo. No lo necesitamos, no lo buscamos, no lo queremos [...] El apoyo que queremos, el que buscamos y necesitamos, es el de la sociedad civil nacional e internacional, y son movilizaciones pac�ficas y civiles las que esperamos [...] Nuestra legitimidad no la ganamos con las armas; la conseguimos con muchos a�os de trabajo pol�tico con quienes ahora son nuestros jefes: las comunidades ind�genas, y con el di�logo que hemos privilegiado (aun a riesgo de nuestra seguridad, autonom�a e independencia) con la sociedad civil nacional e internacional. A esto me refer�a cuando declar� que el EPR ten�a que ganarse su legitimidad ante el pueblo de M�xico. No a escatim�rselas, sino a se�alar que no son los dirigentes pol�ticos (aunque sean guerrilleros) los que otorgan legitimidad a un movimiento, tampoco las declaraciones de funcionarios (que, es para re�r, ayer se atropellaban para decir que �ramos "terroristas" y que no ten�amos base social y �ramos producto de una "implantaci�n" artificial de grupos radicales universitarios "con ideolog�as de los setenta" en medio de los ind�genas. Ahora, esos mismos se atropellan para decir que ustedes son "terroristas"; en cambio, el ezetaelene "s� tiene base social" aut�ntica) [...] En los momentos en que redacto esta carta, escucho las noticias sobre sus operativos militares y de propaganda en Guerrero, Oaxaca y el Estado de M�xico. De ellos les digo que me parece que re�nen la sorpresa y la contundencia, y han exhibido, una vez m�s, que este gobierno construye realidades virtuales sobre las declaraciones de sus funcionarios y no sobre sus acciones. Sin embargo, el operativo propagand�stico en Chiapas me pareci� in�til y tonto en el mejor de los casos, y provocador en el peor. Ese acto vino a colocarse en el final de nuestra consulta interna y puso en peligro la vida y libertad de los dirigentes ind�genas que, en estos d�as, recog�an los resultados de la opini�n de los pueblos. �Ignoraban ustedes que nosotros est�bamos en consulta? �Para qu� un operativo propagand�stico en Chiapas si ya hab�an demostrado que tienen capacidad para moverse en muchas partes de M�xico? �Para alardear que tambi�n tienen simpatizantes en las zonas donde se encuentra el EZLN? [...] En fin, las dem�s consecuencias de sus operativos est�n por verse todav�a. Es de esperarse que venga sobre ustedes una fuerte campa�a acus�ndolos de "terroristas", "delincuentes" y los etc�tera que, ahora escucho, ya llenan la boca de funcionarios y l�deres empresariales [...] Pero, �alguien olvida la pat�tica imagen del se�or Zedillo el 9 de febrero de 1995 cuando, con los mismos argumentos con los que ahora se lanzan en contra de ustedes, desat� la fallida ofensiva militar que buscaba nuestro asesinato? Tal vez lo olviden los funcionarios y los medios de comunicaci�n que, todav�a hasta hace poco, clamaban por nuestro aniquilamiento, y ahora resaltan nuestra "base social" y la "legitimidad" de nuestras demandas. Nosotros no olvidamos.

Desde el mes de junio de 1994 era un secreto a voces que en varias regiones del pa�s se hab�an detectado grupos armados "subversivos". Pongo entre comillas "subversivos" porque la palabra indicaba que no se trataba de grupos ligados con el narcotr�fico o el abigeato; eran subversivos por su naturaleza pol�tica. Las regiones se localizaban en Guerrero, en Oaxaca, en ciertas zonas de la Huasteca, e incluso en Chihuahua. En ese momento, la persistencia del EZLN en Chiapas parec�a presagiar una oleada de levantamientos similares en otras partes del pa�s. La aparici�n del EZLN acaso era s�lo la punta de un iceberg de descontento social. Y as� fue. As� es. El mismo EZLN contaba con que en alg�n momento de 1994, o incluso de 1995, otros movimientos se hubieran integrado a la lucha nacional. Pero el EPR decidi� sus propios tiempos al margen del EZLN y de las comunidades ind�genas de Chiapas. Otros posibles grupos tambi�n han decidido quiz� su propio tiempo y no se proponen encadenarse ordenadamente con los dem�s n�cleos armados. Estos movimientos no asentados en territorios espec�ficos como el EZLN producir�n al menos tres efectos principales.

El primero es un proceso de militarizaci�n del pa�s en varios niveles. Por ejemplo, como se est� manifestando ya aceleradamente, la penetraci�n del ej�rcito mexicano en las regiones del pa�s donde se han detectado posibles focos de insurgencia, particularmente en Chiapas, Guerrero, Oaxaca y en las huastecas de Hidalgo y Veracruz. Otra forma es la creciente participaci�n de elementos del ej�rcito en los cuadros policiacos del Distrito Federal y del estado de Jalisco. Si tomamos en cuenta las tareas del ej�rcito en las �reas del narcotr�fico y adem�s en el apoyo administrativo a los contingentes de desplazados en Chiapas, la militarizaci�n del pa�s aparece con dimensiones que revelan quiz�s algo m�s que el crecimiento solamente militar: el desgaste de cuadros y de instituciones pol�ticas en el gobierno mexicano. Pero la militarizaci�n no s�lo es peligrosa para el pa�s entero, tambi�n lo es para el ej�rcito mismo: lo exponen a severos riesgos de integridad institucional que podr�an ocasionar fisuras y producir una gradual descomposici�n de sus cuadros. Esto mismo se�al�, respecto al ej�rcito norteamericano, el general McCaffrey cuando se opuso a que las fuerzas armadas de su pa�s participaran en la lucha antidrogas, como lo plante� Robert Dole en la convenci�n del Partido Republicano efectuada en San Diego en 1996, pues se pondr�a en riesgo la seguridad nacional. Lo mismo podr�amos prever, ciertamente, en M�xico. Un segundo efectoser�a la posible posici�n vulnerable, en t�rminos sociales y estrat�gicos, de los numerosos comandos o c�lulas de los movimientos armados que no presenten un frente �nico o coordinado. El tercer efecto natural ser�a el de la prolongaci�n de la lucha antiguerrillera durante varios a�os, quiz� lustros, en una atm�sfera pol�tica y econ�mica cada vez m�s cerrada. Pero �cu�nto sabe acerca de esto el gobierno mexicano? �Cu�l es la efectividad ahora de Seguridad Nacional en M�xico?

He dicho que a lo largo de la administraci�n del ex presidente Salinas se fue desarticulando este enclave por la conjunci�n de varios factores, cada uno de ellos nada desde�able. Esta desarticulaci�n tuvo que afectar, en mayor o en menor medida, la participaci�n de la Armada y del Ej�rcito Nacional, y producir la tensi�n que se ha notado en diferentes c�rculos y en distintos momentos, particularmente desde 1993 hasta nuestros d�as. Hab�amos se�alado que la movilizaci�n no es un argumento aceptado de inmediato, per se, en la vida pol�ticade M�xico. Se desconf�a de ella. Este reduccionismo es sumamente peligroso: toda movilizaci�n se traduce como manipulaci�n, y toda soluci�n como represi�n. Seguridad Nacional podr�a ser uno de los contrapesos naturales para medidas gubernamentales desprovistas de un conocimiento social. Podr�a generar una �til informaci�n de vastos alcances pol�ticos si reconocemos que no debe desligarse de las condiciones sociales que las acciones econ�micas producen.

Podr�a ser un recurso m�s para conocer lo que puede llegar a ocurrir si no desaparecen medidas gubernamentales de �ndole pol�tica o econ�mica que puedan estar poniendo en peligro la seguridad del pa�s entero. Pero no debe ser un apoyo para el endurecimiento p�blico. Creer que detr�s del EZLN hay un grupo manipulador cuya presencia explicar� a satisfacci�n lo que ocurre en Chiapas es un error de Seguridad Nacional. Creer que hay que masacrar en Aguas Blancas a diecisiete campesinos para frenar la aparici�n del EPR o frenar una creciente ola de descontento social es un error de Seguridad Nacional. Creer que detr�s de todo movimiento campesino o urbano, que detr�s de todo descontento social, hay un grupo que manipula y que explica a satisfacci�n el descontento social, sin suponer que hay errores graves en la conducci�n pol�tica o econ�mica del pa�s, es un error de Seguridad Nacional. Seguridad Nacional puede dar una lectura a tiempo de gobernabilidad, de los detonantes de descontento social que no podr�n controlarse solamente con cuerpos policiacos o militares.

Con los cambios de sexenio, algunos grupos han visto los puestos de gobierno como bot�n pol�tico. Esta enfermedad de poder se ha extendido tambi�n a las estructuras de inteligencia y de Seguridad Nacional. Esas �reas no pueden verse como bot�n y desplazar cuadros enteros con el advenimiento de un nuevo grupo en el poder, porque se desarticula por completo la memoria de una estructura que por definici�n deber�a permanecer al margen de los vaivenes de palacio. Si Seguridad Nacional cumpliera a cabalidad su funci�n, incluir�a tambi�n la detecci�n de los posibles detonantes sociales de estos movimientos.

En este caso, el gobierno deber� estar preparado para saber que algunos de estos detonantes podr�an abarcar desde decisiones del presidente de la Rep�blica hasta decisiones del agente del ministerio p�blico presionado por el hambre, los poderosos o el soborno. Una estructura firme y con continuidad de Seguridad Nacional no implica, como quiz� desean algunas autoridades, que sus reportes confirmen que s�lo aquellos pobres, ind�genas o rebeldes que est�n fuera del poder tienen la culpa de la cat�strofe del pa�s.

Cuando apareci� el EPR en el vado de Aguas Blancas se�al� que la sierra de Guerrero, desde la llamada Sierra de Atoyac hasta la que se conoce como Sierra de Tecpan, ha sido una de las regiones con m�s tradici�n de lucha. Ah� Vicente Guerrero se atrincher� durante la guerra de Independencia de M�xico. Ah� Juan �lvarez luch� contra las fuerzas conservadoras durante la ocupaci�n francesa. Ah� los grupos zapatistas resistieron a los ej�rcitos de Porfirio D�az, luego a los de Madero, despu�s a los de Huerta y finalmente a los de Carranza. Un pueblo llamado El Quemado es un recuerdo de aquellas incursiones militares: fue incendiado en su totalidad para sofocar las bases de apoyo zapatistas. Durante los a�os setenta, dos movimientos campesinos se abrieron paso en Guerrero de manera cada vez m�s radical, hasta convertirse en luchas guerrilleras que mantuvieron al estado pr�cticamente bajo ocupaci�n militar durante m�s de diez a�os: la lucha encabezada por Genaro V�zquez Rojas y la encabezada por Lucio Caba�as. Fueron movimientos que se iniciaron primerocon movilizaciones de copreros y de campesinos en defensa de sus productos, predios, aserraderos o comercializaci�n de productos, pero que al momento de su formaci�n sufrieron siempre la represi�n inmediata: a veces carcelaria, a veces sangrienta. Asombra que en esa sierra, despu�s de las medidas militares que se tomaron en los a�os setenta, no siguieran otro tipo de medidas econ�micas, educativas, de infraestructura carretera o de salud. �Por qu� preferir el emporio del narcotr�fico al progreso social y econ�mico de la sierra? �Por qu� numerosos gobernadores siguieron empe�ados en resolver con masacres los conflictos agrarios? �Qu� oscuros intereses se benefician con esta falta de decisi�n de transformar a Guerrero? A la miseria, al aislamiento, al narcotr�fico, el gobernador Figueroa agreg� la masacre de campesinos en Aguas Blancas. No son culpables el EPR ni el EZLN de esta violencia que ha durado d�cadas. �Por qu� contra esta violencia no se aplica todo el peso del Estado?

Por ello las fallas de Seguridad Nacional no pueden reducirse a la lenta o fallida detecci�n militar o policiaca de focos guerrilleros. Porque hay una violencia previa, una violencia pol�tica y econ�mica que debilita, empobrece, confronta a la sociedad. El riesgo que corre el pa�s con los grupos armados no es tan grave como el que corre con las c�pulas del poder pol�tico y econ�mico que han generado la corrupci�n en M�xico. M�s grave que los grupos guerrilleros es la pol�tica econ�mica que ha venido empobreciendo al pa�s. La guerrilla no inicia esta violencia: la guerrilla es la fase armada y final de una violencia que desencadena, de manera cruel y letal, las pol�ticas que imponen los grupos de poder.