La Jornada Semanal, 9 de febrero de 1997

Podemos decir que el EZLN fue el primer movimiento guerrillero en el México moderno que conquistó, desde el primer día de su aparición, un espacio permanente en los medios de comunicación. Los anteriores grupos guerrilleros en vano pretendieron, como una parte esencial de su objetivo de lucha, penetrar en los medios. La resonancia de los movimientos militares y policiacos y de la guerrilla campesina en Guerrero durante los años previos al gobierno de Rubén Figueroa y durante los años que él tuvo el poder en ese estado (1975-1981), fue prácticamente nula en la prensa nacional. Fue suficiente que se encontraran ejemplares de la revista ¿Por qué? en la Sierra de Atoyac para que esa revista desapareciera y fueran reprimidos sus editores (con el surgimiento del EPR esos mismos editores volvieron a ser sospechosos, como lo reveló el periodista Razhy González, director del semanario Contrapunto de Oaxaca, secuestrado por elementos policiacos del 17 al 19 de septiembre de 1996). Hace veinte o treinta años, el portar un comunicado era suficiente prueba en contra para ser aprehendido y procesado. El espacio que en la prensa nacional e internacional ha ganado la guerrilla zapatista de Chiapas desde el 1 de enero de 1994 es de incalculable valor y marca una enorme diferencia con las guerrillas anteriores. Esta resonancia debemos atribuirla también, por supuesto, a condiciones internacionales y nacionales que no se vivían en la década de los sesenta o setenta, particularmente en el desarrollo político de los medios de comunicación y en el surgimiento de organismos nacionales e internacionales de defensa de los derechos humanos.

El EZLN marcó también una importante diferencia en la historia de los movimientos guerrilleros de México por su capacidad de convocatoria política en varios sectores sociales: caravanas estudiantiles, Convención Nacional Democrática, consulta nacional, foros especiales para los pueblos indígenas y para la reforma del Estado, reuniones internacionales como el Foro Continental Americano (abril de 1996) y el Encuentro Intercontinental por la Humanidad y contra el Neoliberalismo (julio de 1996). Intelectuales, artistas e investigadores de México, acudieron como asesores o invitados a los foros y mesas de negociación en San Cristóbal de Las Casas y en San Andrés Larráinzar, y han arribado a Chiapas personalidades diversas de todos los continentes. Su poder de convocatoria implicó, por supuesto, capacidad de organización en el plano legal, lo cual debe tomarse como una demostración de su viabilidad como fuerza política aglutinante de varios sectores. De estas condiciones excepcionales el EZLN derivó su capacidad e imaginación para convocar, en su Cuarta Declaración de la Selva Lacandona, a la creación de un Frente Zapatista de Liberación Nacional que no se propuso como partido político excluyente, sino como una fuerza civil de resistencia y de movilización legal para reorientar la vida política de México.

Otro aspecto distintivo del EZLN (salvo el caso, por supuesto, de los viejos guerrilleros cristeros de finales de los años veinte) ha sido su fuerte vinculación con el obispado de San Cristóbal de Las Casas. La presencia política de la Iglesia es notabilísima en muchas áreas de esta zona de conflicto. De aquí la dificultad que enfrenta el gobierno federal para deslindar el territorio en que políticamente puede influir a profundidad la estructura obispal y el territorio político, militar o social del EZLN en que esa estructura no puede penetrar. Durante su periodo preparatorio, o durante estos últimos tres años, el EZLN pudo sentir como oportuna, y aun capitalizable en términos políticos, la relación con ciertas bases progresistas de la Iglesia y el aprovechamiento de sus estructuras de catequización en varias zonas del país, pero estos vínculos después no lo fortalecerán, sino lo frenarán. En este momento, el EZLN puede convocar a muchas fuerzas sociales; más adelante creo que la misma inercia de las estructuras de la Iglesia católica lo impedirá. La Iglesia se encuentra en un camino de abierta recuperación política, fiscal y económica; ha logrado vencer las barreras que le impusieran las leyes de Reforma de los viejos liberales del siglo XIX. Desde este punto de vista, a futuro podría verse al EZLN como uno de los elementos que ayudaron al fortalecimiento político de la Iglesia, pero su propia fuerza no se consolidará si sigue manteniendo esa estrecha relación con el vigor político eclesiástico.

Además de esto, y relacionado directamente con su capacidad militar y con su base social, durante muchos meses el EZLN conquistó un espacio territorial que ha perdido desde el mes de febrero de 1995. Es muy posible que el gobierno federal y el ejército mexicano decidieran reducir ese espacio territorial por más motivos que solamente el control militar. La fuerza de la opinión internacional y la participación de varias organizaciones internacionales inducían al supuesto de que el territorio zapatista, con la modificación de los nombres de los poblados, pudiera ser verdaderamente un territorio distinto. Quizás el ejército mexicano decidió recordar a los activistas de organizaciones civiles, nacionales e internacionales, que ese territorio era chiapaneco y no un nuevo país.

Hay otro conflicto de difícil solución: el de los llamados grupos de desplazados. Aunque algunos, con el apoyo del ejército mexicano, han vuelto a ocupar sus ejidos en la región de las Cañadas, siguen siendo amenazados y confrontados por los ejidatarios zapatistas. Esta confrontación, que suele acentuarse además entre evangélicos y católicos, es delicada. Los zapatistas católicos han roto su relación con el magisterio oficial y mantienen una estrecha relación con los organismos internacionales de defensa de derechos humanos. Los desplazados forman un mundo aparte, incluso para esas mismas organizaciones internacionales. Esta tensión entre campesinos indígenas parece insoluble y de muy alta peligrosidad social a corto plazo, sobre todo porque entre los zapatistas se considera que los desplazados son delatores o espías del gobierno. Este juicio, expresado en algunas ocasiones incluso por el subcomandante Marcos, se remonta al proceso de los acuerdos sobre la guerra. Primero, según la memoria de los zapatistas, los grupos que hoy se conocen como desplazados se opusieron a la guerra; en los primeros días de enero de 1994, cuando tuvo eco el llamado del EZLN, se pusieron a favor; cuando empezó la campaña contrainsurgente, otra vez se pusieron en contra. En términos de los zapatistas, primero fueron zapatistas, después neutrales, luego antizapatistas, más tarde zapatistas de nuevo, y finalmente, ya como antizapatistas, desplazados. Hay que agregar, además, que en parte los desplazados constituyen organizaciones agrarias oficiales que responden a las discrepancias o a los intereses de facciones priístas en el interior del gobierno estatal mismo. Si el ejército mexicano se retirara ahora, muchos de los desplazados que retornaron a sus tierras ejidales abandonarían de nuevo las cañadas.

Pero el EZLN logró, al cabo de treinta años de lucha guerrillera y por vez primera, sobre todo, la negociación directa con el gobierno federal, que ha mostrado inexperiencia en dos aspectos principales: por su análisis reduccionista de los alzamientos armados, y por el desconocimiento de la mentalidad y el discurso indígenas. La aparición del Ejército Popular Revolucionario (EPR) vino a modificar sustancialmente la perspectiva de este diálogo. En el aspecto militar, el ejército mexicano incrementó su presencia en varios estados del país, incluido Chiapas. En el plano político, la agresividad del presidente Zedillo y del secretario de Gobernación cerró toda posibilidad de considerar en el nacimiento del EPR causas sociales e históricas. Apenas el 12 de julio de 1996, en las negociaciones de San Andrés Larráinzar, el gobierno federal se había comprometido a respetar la naturaleza del EZLN como "un grupo de ciudadanos mexicanos, mayoritariamente indígena, que se inconformó" y a no considerarlos terroristas o criminales. Pero siguen apareciendo señales intermitentes de que varios sectores en el gobierno insisten en considerarlos así, sobre todo porque hasta ahora no se ha aceptado a cabalidad la vasta dimensión social del conflicto y porque la concentración de destacamentos militares es inmensa en Chiapas, incuantificable. El ejército mexicano mantiene el cese al fuego, es cierto, pero detrás de este tenso silencio la paz sigue cercada; más que una aspiración social, parece un rehén de guerra. El subcomandante Marcos explicó a Blanche Petrich, en una entrevista que apareció en La Jornada el día 19 de agosto de 1996, que los preparativos militares en Chiapas indicaban un inminente ataque:

¿Por qué ponen un dispositivo ofensivo? Si fuera defensivo, con la décima parte de esas tropas podrían contener el despliegue del EZLN. Pero no sólo es la masividad, sino también la calidad de las tropas. Tienen una fuerza de intervención rápida de unos cuatro mil paracaidistas para atacar en varios puntos, además de grupos de comandos que están en San Quintín, Guadalupe Tepeyac, La Garrucha, La Sultana y otras partes. Esas tropas no son de infantería [...] son de la fuerza aérea, son paracaidistas especializados en combate en la selva, entrenados para combates que se llaman de infiltración, para caminar de noche con aparatos de luz infrarroja, con modernos sistemas de comunicación, en pequeñas unidades. Uno no ubica tropas en ese terreno si no piensa atacar [...] El dispositivo que están montando apunta ya a preparar un golpe contra la dirección del EZLN. Para atacar a Marcos no van a usar tanques de guerra, van por unidades especiales que están colocando ya en estos puntos.

­Y el EZLN, ¿qué prepara para enfrentar esta eventualidad?

­Resistir, resistir y partirse en muchos pedazos. Nada más que si logran pegarle a la cabeza, va a pasar como con los Aguascalientes. Destruyeron uno y ahora tienen cinco. Si destruyen o asesinan a los del Comité, van a tener muchos comités y muchas guerrillas sueltas, autónomas e independientes, y ya no va a haber diálogo ni nada de eso. Van a tener que hacer cinco, seis o diez diálogos, según el número en que se haya partido el EZLN.

Las dimensiones actuales del EZLN en territorio, población y contingentes armados, favorece la negociación con un frente unificado. La desaparición de esta naturaleza y su transformación en numerosos pequeños comandos guerrilleros tornaría imposible una negociación general y única. Un ataque súbito que intentara sofocar al EZLN como ejército provocaría su atomización en comandos, y sería difícil controlar y prever la acción defensiva (incluso con acciones de sabotaje) de una guerrilla dispuesta a no morir. El ejército mexicano demoró siete años en sofocar la insurrección de Lucio Cabañas en el estado de Guerrero, como lo he mostrado en la novela Guerra en el Paraíso; ahora se duplicaría fácilmente el tiempo. Un ejemplo del poder agresivo que tienen comandos guerrilleros de fácil desplazamiento en territorios no específicos lo está dando el EPR. Nada hay firme sobre su composición social; nada sobre su posible ubicación territorial; nada sobre la prevención de sus operativos de ataque. Acorralar a los zapatistas para que se conviertan en comandos como los del EPR sería una equivocación del gobierno mexicano y de la inteligencia militar.

Una alarma de luz roja se volvió a encender dos días después del segundo informe de gobierno del presidente Zedillo. El 3 de septiembre de 1996, la prensa mexicana dio a conocer la negativa del EZLN a continuar en el diálogo en San Andrés Larráinzar. El CCRI y la Comandancia General expresaron que:

Después de los primeros acuerdos de San Andrés, en el tema de "Derechos y Cultura Indígena", el gobierno desplegó su estrategia de alargar el cumplimiento de estos acuerdos y dificultar hasta el absurdo cualquier medida que apuntara a su concreción. Como advertimos los zapatistas desde un principio, los papeles no garantizan nada, y no se traducen en soluciones a la grave situación de lo pueblos indios si no se acompañan de acciones concretas. El EZLN aceptó los acuerdos con el objetivo de demostrar a los pueblos indios, a la nación mexicana y a la opinión pública internacional, que el gobierno no quiere solucionar de fondo la problemática indígena nacional. El gobierno aparenta que tiene disposición para hacerlo, pero de ninguna manera está dispuesto a modificar radicalmente la relación entre la nación y los indígenas mexicanos.

Siete meses después, el llamado tema I de San Andrés está en cero, como si nada se hubiera dialogado, como si no se hubiera negociado nada, como si nada se hubiera acordado. Los acuerdos en "Derechos y Cultura Indígena" no se han cumplido. Son sólo papel muerto.

El aspecto indígena es quizás el más relevante de la insurrección del EZLN; por ello fue mayor el desdén del presidente Zedillo cuando en su segundo informe se expresó así:

Hace un año señalé que debemos definir una nueva relación entre el Estado mexicano y las comunidades indígenas. Una nueva relación que garantice plenamente sus derechos y constituya una base firme para atender las causas reales del atraso acumulado por mucho tiempo. Una nueva relación para impulsar su desarrollo social, a partir de la participación de las propias comunidades indígenas. Gracias a la colaboración respetuosa y activa del Poder Legislativo Federal, de los congresos y gobiernos de los estados, se realizó una consulta nacional que ratificó la necesidad de emprender reformas a la Constitución General de la República y a las leyes que corresponda. Confío en que durante este periodo de sesiones se logre presentar una iniciativa de reforma que está siendo elaborada conjuntamente por los Poderes Legislativo y Ejecutivo. Una reforma que explicite y garantice los derechos indígenas y asegure una educación bilingüe y pluricultural; que reconozca sus formas de representación social para incorporarlas a la organización municipal; que reafirme los compromisos del Estado con sus comunidades, y que les garantice que al acudir a la justicia se tomarán en cuenta su lengua, usos y costumbres [...] Debatir y aprobar una reforma constitucional y transformar leyes e instituciones es sólo un primer paso. Es indispensable trabajar para que el marco jurídico y la capacidad institucional efectivamente sirvan a los hombres y mujeres, a las familias y las comunidades indígenas. Esto exige evitar dilaciones, sumar esfuerzos y participación...

Es decir, omitió cuidadosamente la mención de los acuerdos que sobre Derechos y Cultura Indígena firmó la representación del gobierno federal con el EZLN en San Andrés Larráinzar en abril de 1996 y que no han tenido efectos inmediatos como propuesta de iniciativa de ley. La rapidez con que se reforman artículos constitucionales y se aprueban leyes reglamentarias que propone y convienen al presidente de la República, contrasta con la lentitud que ahora se vive en la negociación en San Andrés. Esto se explica quizá por la resistencia oficial a creer que el EZLN enarbola valores de cambios y transformaciones integrales de orden social que gran parte de México quiere y que expresa a través de los foros nacionales e internacionales que él mismo ha convocado, y de la lucha de sindicatos, manifestaciones numerosas, organizaciones de resistencia civil, protestas poselectorales y opinión pública. O quizá se explica por la inexperiencia oficial a tratar con la guerrilla mexicana a que se ha visto obligado, por vez primera en treinta años y sobre todo, por vez primera también, a la luz de los medios informativos.

Si no hubiera ocurrido en los países de la Europa del Este la debacle del llamado socialismo real, las propuestas del EZLN se hubieran situado en la vanguardia socialista; ahora, son de orientación indígena. Desde el gobierno federal y los gobiernos regionales seguimos desconociendo (o mejor, queriendo desconocer) que la capacidad de rebelión, de resistencia y de organización de los grupos indígenas ha sido más que evidente y constante a lo largo de por lo menos cinco siglos. Sus organizaciones campesinas son capaces de defenderse en términos legales, de dialogar en términos de agrupaciones regionales o nacionales, pero capaces también de defenderse con violencia cuando a ello se les obliga. Relevante es ahora para ellos el reclamo de "autonomías". El 5 de enero de 1996, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Jorge Madrazo Cuéllar, propuso ante el Senado de la República, durante la Consulta Nacional sobre Derechos Humanos y Participación Indígena , crear una jurisdicción especial para que los pueblos indígenas resolvieran conflictos civiles, penales, laborales y mercantiles que las autoridades de cada estado pudieran convalidar u homologar mediante procedimientos sencillos, y consideró que era urgente efectuar modificaciones legales que garantizaran que en los municipios mayoritariamente indígenas los ayuntamientos fueran integrados por indígenas.

Durante el mes de julio de 1996 algunos diarios difundieron el contenido de un documento de la Secretaría de Gobernación que sería la base de una propuesta que el presidente Zedillo presentaría al Congreso en algún momento para modificar doce artículos constitucionales, entre ellos, destacadamente, el 4, el 27 y el 115. Los temas se habían tratado en la mesa de diálogo en Chiapas y en la consulta nacional sobre derechos indígenas que habían promovido la propia Secretaría de Gobernación y el Congreso de la Unión. El documento explicaba que existía el acuerdo en que los pueblos indígenas tuvieran "la facultad expresa de aplicar justicia" a partir de una conciliación entre los usos y costumbres indígenas y el sistema jurídico nacional, siempre que se fijara como límite "...el respeto a los derechos humanos y a las reglas generales que para el sistema penal y para las infracciones administrativas fija la Constitución de la República". Proponía también ampliar los cauces de intervención de las comunidades para que los indígenas pudieran hacer valer usos y costumbres donde fueran mayoría, a fin de integrar la autoridad municipal. Por último, señalaba que se excluía la interpretación de autonomía como autogobierno independiente del Estado nacional, y que no implicaba privilegios especiales ni la ruptura del principio de igualdad ante la ley.

El lector debe recordar que la perspectiva social del primer Congreso del México independiente, el de 1824, empeñado en negar al indio, ocasionó precisamente que el país se organizara partiendo del supuesto de que los pueblos indígenas no existían. Esto afectó de base la composición nacional, estatal y municipal. Para superar este error histórico, debe reconocerse en ciertas estructuras políticas y sociales, propias durante siglos de los pueblos indígenas, el núcleo real, cultural, político, de las autonomías. Su visión comunitaria en la posesión de tierras, en trabajo colectivo, en responsabilidades civiles y religiosas, en valores políticos y familiares, a partir de un derecho consuetudinario sorprendentemente equitativo, es un ejercicio político y jurídico conservado y practicado por siglos como autodefensa de la comunidad, como base de su identidad y su cultura. A partir de aquí debe entenderse la autonomía y formularse legislativamente, sin creer que será creada de la nada y sin temer a los múltiples sentidos de la palabra. Ahora, los pueblos indígenas no tienen autonomía en la forma que la desean, pero padecen el aislamiento de una isla "autónoma" de marginación y discriminación. Muchos creen que su pobreza no atenta contra el estado de derecho, pero sí su autonomía. Por esto, el reconocimiento de las autonomías indígenas no puede ser visto como una invención o concesión, sino como el inicio, por vez primera en cinco siglos, de un proceso de acercamiento y de reconocimiento institucional de los pueblos indígenas, como el primer paso hacia una nueva coordinación oficial y administrativa de México.

Para retomar algunos de los aspectos militares con que habíamos iniciado este capítulo, repitamos que la aparición del EZLN en 1994 y del EPR en 1996 planteó una seria preocupación en torno a las tareas y efectividad de Seguridad Nacional. Desde su aparición, el 28 de junio de 1996, hasta el 28 de agosto, diferentes comandos del EPR emprendieron emboscadas, ataques o incursiones violentas en varios puntos del estado de Guerrero (en, por ejemplo, Coyuca, carretera Tlapa-Chilpancingo, Atoyaquillo, Tecpan, Acapulco, Tixtla, Ciudad Altamirano y Petatlán), del estado de Oaxaca (en Huatulco, Tlaxiaco y ciudad de Oaxaca), del Estado de México (en Texcoco, Huixquilucan y Papalotla), del estado de Puebla (en Nueva Necaxa) y de Chiapas (en el kilómetro 28 de la carretera Tuxtla Gutiérrez-San Cristóbal de Las Casas). El EPR estaba corrigiendo las sucesivas versiones gubernamentales que lo habían minimizado y subestimado, primero como una pantomima, luego como un grupo apoyado por oscuros intereses políticos que sólo tenía un limitado poder de penetración en la sierra de Guerrero, finalmente, como una organización terrorista y cobarde. En su segundo informe de gobierno, sin mencionar al EPR de manera explícita, el presidente Zedillo afirmó:

Sociedad y Gobierno estamos unidos en el más firme repudio a toda forma de violencia. Quienes recurren a la violencia y al terrorismo buscan provocar represión a terceros inocentes que, según ellos, les proporcione bases sociales para reducir su aislamiento y para justificar más violencia. El Gobierno Federal no caerá en esa provocación. Perseguiremos cada acto terrorista con toda nuestra capacidad y aplicando todo el rigor de la ley. Invariablemente apegados al Derecho, respetando las garantías individuales y los derechos humanos, actuaremos con toda la fuerza del Estado. Sociedad y Gobierno están y seguirán unidos a fin de impedir que el terrorismo amenace las libertades de todos y que la violencia dañe los derechos de todos.

Durante la décima Cumbre del Grupo de Río, que reúne a doce presidentes latinoamericanos, celebrada en Cochabamba, Bolivia, los días 3 y 4 de septiembre de 1996, siguiendo quizá los pasos de Bill Clinton en la reunión del Grupo de los Siete en Lyon, Francia, también el presidente Ernesto Zedillo se pronunció contra "el terrorismo". Algunos diarios norteamericanos, como The Wall Street Journal o The New York Times, dieron sus versiones sobre el EPR. Dolia Estévez, corresponsal en Washington del diario mexicano El Financiero, informó el 5 de septiembre que, según el Pentágono, en México operaban 37 organizaciones subversivas guerrilleras, desde el estado de Chiapas hasta el estado de Sonora; que aparte del EZLN, en Chiapas había, por ejemplo, 12 grupos rebeldes más, en Guerrero tres y en Hidalgo nueve; que los otros núcleos guerrilleros se extendían por los estados de Puebla, Sinaloa, Chihuahua, Nuevo León, Michoacán, Jalisco, Estado de México, Veracruz, Sonora y el Distrito Federal. En realidad, varios servicios de inteligencia nacionales e internacionales participaron desde 1994 en los Altos de Chiapas y en las regiones de las Cañadas para identificar a los mandos zapatistas y a sus comunidades y familias, y para ubicar al subcomandante Marcos y conocer exactamente el número y localización de los contingentes armados del EZLN.

El martes 3 de septiembre, los medios informativos de México dieron a conocer el comunicado que el subcomandante Marcos dirigió a los combatientes y mandos del EPR con fecha 29 de agosto:

Sólo quiero decirles que no queremos su apoyo. No lo necesitamos, no lo buscamos, no lo queremos [...] El apoyo que queremos, el que buscamos y necesitamos, es el de la sociedad civil nacional e internacional, y son movilizaciones pacíficas y civiles las que esperamos [...] Nuestra legitimidad no la ganamos con las armas; la conseguimos con muchos años de trabajo político con quienes ahora son nuestros jefes: las comunidades indígenas, y con el diálogo que hemos privilegiado (aun a riesgo de nuestra seguridad, autonomía e independencia) con la sociedad civil nacional e internacional. A esto me refería cuando declaré que el EPR tenía que ganarse su legitimidad ante el pueblo de México. No a escatimárselas, sino a señalar que no son los dirigentes políticos (aunque sean guerrilleros) los que otorgan legitimidad a un movimiento, tampoco las declaraciones de funcionarios (que, es para reír, ayer se atropellaban para decir que éramos "terroristas" y que no teníamos base social y éramos producto de una "implantación" artificial de grupos radicales universitarios "con ideologías de los setenta" en medio de los indígenas. Ahora, esos mismos se atropellan para decir que ustedes son "terroristas"; en cambio, el ezetaelene "sí tiene base social" auténtica) [...] En los momentos en que redacto esta carta, escucho las noticias sobre sus operativos militares y de propaganda en Guerrero, Oaxaca y el Estado de México. De ellos les digo que me parece que reúnen la sorpresa y la contundencia, y han exhibido, una vez más, que este gobierno construye realidades virtuales sobre las declaraciones de sus funcionarios y no sobre sus acciones. Sin embargo, el operativo propagandístico en Chiapas me pareció inútil y tonto en el mejor de los casos, y provocador en el peor. Ese acto vino a colocarse en el final de nuestra consulta interna y puso en peligro la vida y libertad de los dirigentes indígenas que, en estos días, recogían los resultados de la opinión de los pueblos. ¿Ignoraban ustedes que nosotros estábamos en consulta? ¿Para qué un operativo propagandístico en Chiapas si ya habían demostrado que tienen capacidad para moverse en muchas partes de México? ¿Para alardear que también tienen simpatizantes en las zonas donde se encuentra el EZLN? [...] En fin, las demás consecuencias de sus operativos están por verse todavía. Es de esperarse que venga sobre ustedes una fuerte campaña acusándolos de "terroristas", "delincuentes" y los etcétera que, ahora escucho, ya llenan la boca de funcionarios y líderes empresariales [...] Pero, ¿alguien olvida la patética imagen del señor Zedillo el 9 de febrero de 1995 cuando, con los mismos argumentos con los que ahora se lanzan en contra de ustedes, desató la fallida ofensiva militar que buscaba nuestro asesinato? Tal vez lo olviden los funcionarios y los medios de comunicación que, todavía hasta hace poco, clamaban por nuestro aniquilamiento, y ahora resaltan nuestra "base social" y la "legitimidad" de nuestras demandas. Nosotros no olvidamos.

Desde el mes de junio de 1994 era un secreto a voces que en varias regiones del país se habían detectado grupos armados "subversivos". Pongo entre comillas "subversivos" porque la palabra indicaba que no se trataba de grupos ligados con el narcotráfico o el abigeato; eran subversivos por su naturaleza política. Las regiones se localizaban en Guerrero, en Oaxaca, en ciertas zonas de la Huasteca, e incluso en Chihuahua. En ese momento, la persistencia del EZLN en Chiapas parecía presagiar una oleada de levantamientos similares en otras partes del país. La aparición del EZLN acaso era sólo la punta de un iceberg de descontento social. Y así fue. Así es. El mismo EZLN contaba con que en algún momento de 1994, o incluso de 1995, otros movimientos se hubieran integrado a la lucha nacional. Pero el EPR decidió sus propios tiempos al margen del EZLN y de las comunidades indígenas de Chiapas. Otros posibles grupos también han decidido quizá su propio tiempo y no se proponen encadenarse ordenadamente con los demás núcleos armados. Estos movimientos no asentados en territorios específicos como el EZLN producirán al menos tres efectos principales.

El primero es un proceso de militarización del país en varios niveles. Por ejemplo, como se está manifestando ya aceleradamente, la penetración del ejército mexicano en las regiones del país donde se han detectado posibles focos de insurgencia, particularmente en Chiapas, Guerrero, Oaxaca y en las huastecas de Hidalgo y Veracruz. Otra forma es la creciente participación de elementos del ejército en los cuadros policiacos del Distrito Federal y del estado de Jalisco. Si tomamos en cuenta las tareas del ejército en las áreas del narcotráfico y además en el apoyo administrativo a los contingentes de desplazados en Chiapas, la militarización del país aparece con dimensiones que revelan quizás algo más que el crecimiento solamente militar: el desgaste de cuadros y de instituciones políticas en el gobierno mexicano. Pero la militarización no sólo es peligrosa para el país entero, también lo es para el ejército mismo: lo exponen a severos riesgos de integridad institucional que podrían ocasionar fisuras y producir una gradual descomposición de sus cuadros. Esto mismo señaló, respecto al ejército norteamericano, el general McCaffrey cuando se opuso a que las fuerzas armadas de su país participaran en la lucha antidrogas, como lo planteó Robert Dole en la convención del Partido Republicano efectuada en San Diego en 1996, pues se pondría en riesgo la seguridad nacional. Lo mismo podríamos prever, ciertamente, en México. Un segundo efectosería la posible posición vulnerable, en términos sociales y estratégicos, de los numerosos comandos o células de los movimientos armados que no presenten un frente único o coordinado. El tercer efecto natural sería el de la prolongación de la lucha antiguerrillera durante varios años, quizá lustros, en una atmósfera política y económica cada vez más cerrada. Pero ¿cuánto sabe acerca de esto el gobierno mexicano? ¿Cuál es la efectividad ahora de Seguridad Nacional en México?

He dicho que a lo largo de la administración del ex presidente Salinas se fue desarticulando este enclave por la conjunción de varios factores, cada uno de ellos nada desdeñable. Esta desarticulación tuvo que afectar, en mayor o en menor medida, la participación de la Armada y del Ejército Nacional, y producir la tensión que se ha notado en diferentes círculos y en distintos momentos, particularmente desde 1993 hasta nuestros días. Habíamos señalado que la movilización no es un argumento aceptado de inmediato, per se, en la vida políticade México. Se desconfía de ella. Este reduccionismo es sumamente peligroso: toda movilización se traduce como manipulación, y toda solución como represión. Seguridad Nacional podría ser uno de los contrapesos naturales para medidas gubernamentales desprovistas de un conocimiento social. Podría generar una útil información de vastos alcances políticos si reconocemos que no debe desligarse de las condiciones sociales que las acciones económicas producen.

Podría ser un recurso más para conocer lo que puede llegar a ocurrir si no desaparecen medidas gubernamentales de índole política o económica que puedan estar poniendo en peligro la seguridad del país entero. Pero no debe ser un apoyo para el endurecimiento público. Creer que detrás del EZLN hay un grupo manipulador cuya presencia explicará a satisfacción lo que ocurre en Chiapas es un error de Seguridad Nacional. Creer que hay que masacrar en Aguas Blancas a diecisiete campesinos para frenar la aparición del EPR o frenar una creciente ola de descontento social es un error de Seguridad Nacional. Creer que detrás de todo movimiento campesino o urbano, que detrás de todo descontento social, hay un grupo que manipula y que explica a satisfacción el descontento social, sin suponer que hay errores graves en la conducción política o económica del país, es un error de Seguridad Nacional. Seguridad Nacional puede dar una lectura a tiempo de gobernabilidad, de los detonantes de descontento social que no podrán controlarse solamente con cuerpos policiacos o militares.

Con los cambios de sexenio, algunos grupos han visto los puestos de gobierno como botín político. Esta enfermedad de poder se ha extendido también a las estructuras de inteligencia y de Seguridad Nacional. Esas áreas no pueden verse como botín y desplazar cuadros enteros con el advenimiento de un nuevo grupo en el poder, porque se desarticula por completo la memoria de una estructura que por definición debería permanecer al margen de los vaivenes de palacio. Si Seguridad Nacional cumpliera a cabalidad su función, incluiría también la detección de los posibles detonantes sociales de estos movimientos.

En este caso, el gobierno deberá estar preparado para saber que algunos de estos detonantes podrían abarcar desde decisiones del presidente de la República hasta decisiones del agente del ministerio público presionado por el hambre, los poderosos o el soborno. Una estructura firme y con continuidad de Seguridad Nacional no implica, como quizá desean algunas autoridades, que sus reportes confirmen que sólo aquellos pobres, indígenas o rebeldes que están fuera del poder tienen la culpa de la catástrofe del país.

Cuando apareció el EPR en el vado de Aguas Blancas señalé que la sierra de Guerrero, desde la llamada Sierra de Atoyac hasta la que se conoce como Sierra de Tecpan, ha sido una de las regiones con más tradición de lucha. Ahí Vicente Guerrero se atrincheró durante la guerra de Independencia de México. Ahí Juan Álvarez luchó contra las fuerzas conservadoras durante la ocupación francesa. Ahí los grupos zapatistas resistieron a los ejércitos de Porfirio Díaz, luego a los de Madero, después a los de Huerta y finalmente a los de Carranza. Un pueblo llamado El Quemado es un recuerdo de aquellas incursiones militares: fue incendiado en su totalidad para sofocar las bases de apoyo zapatistas. Durante los años setenta, dos movimientos campesinos se abrieron paso en Guerrero de manera cada vez más radical, hasta convertirse en luchas guerrilleras que mantuvieron al estado prácticamente bajo ocupación militar durante más de diez años: la lucha encabezada por Genaro Vázquez Rojas y la encabezada por Lucio Cabañas. Fueron movimientos que se iniciaron primerocon movilizaciones de copreros y de campesinos en defensa de sus productos, predios, aserraderos o comercialización de productos, pero que al momento de su formación sufrieron siempre la represión inmediata: a veces carcelaria, a veces sangrienta. Asombra que en esa sierra, después de las medidas militares que se tomaron en los años setenta, no siguieran otro tipo de medidas económicas, educativas, de infraestructura carretera o de salud. ¿Por qué preferir el emporio del narcotráfico al progreso social y económico de la sierra? ¿Por qué numerosos gobernadores siguieron empeñados en resolver con masacres los conflictos agrarios? ¿Qué oscuros intereses se benefician con esta falta de decisión de transformar a Guerrero? A la miseria, al aislamiento, al narcotráfico, el gobernador Figueroa agregó la masacre de campesinos en Aguas Blancas. No son culpables el EPR ni el EZLN de esta violencia que ha durado décadas. ¿Por qué contra esta violencia no se aplica todo el peso del Estado?

Por ello las fallas de Seguridad Nacional no pueden reducirse a la lenta o fallida detección militar o policiaca de focos guerrilleros. Porque hay una violencia previa, una violencia política y económica que debilita, empobrece, confronta a la sociedad. El riesgo que corre el país con los grupos armados no es tan grave como el que corre con las cúpulas del poder político y económico que han generado la corrupción en México. Más grave que los grupos guerrilleros es la política económica que ha venido empobreciendo al país. La guerrilla no inicia esta violencia: la guerrilla es la fase armada y final de una violencia que desencadena, de manera cruel y letal, las políticas que imponen los grupos de poder.