La Jornada Semanal, 9 de febrero de 1997

En el terreno historiográfico se pone en juego la identidad pública del EZLN, y por lo tanto la manera en que han de relacionarse con la guerrilla el gobierno y el resto de la sociedad: ¿qué conclusiones arroja el estudio de la génesis del EZLN?

­He tratado de demostrar en este libro que un movimiento armado como el EZLN no puede reducirse a la expresión mínima de sus dirigentes, o a una manipulación religiosa o política; tampoco puede explicarse en función de un pasado inmediato. Una insurgencia de esta magnitud sólo podemos entenderla a través de muchos y muy profundos procesos sociales que no siempre pueden ser conocidos por el país completo, debido fundamentalmente a que no siempre son llevados a la luz pública por la naturaleza misma de la clandestinidad en que se desenvuelven. Por ejemplo, existe la evidencia de que por lo menos durante los últimos cuarenta años, México ha vivido de manera casi ininterrumpida una lucha guerrillera en zonas urbanas y rurales. Durante los años sesenta, esta lucha adquirió una dimensión muy importante y la contrainsurgencia fue devastadora. En aquellos años, la posesión de cualquier documento, una copia fotostática o un esténsil, era prueba suficiente para ser arrestado, desaparecido durante semanas o quizá para siempre.

El EZLN debe ser visto, por una parte, desde esta historia de lucha guerrillera de varias décadas, pero por otra parte representa, dentro de esa misma historia, una de las modalidades principales: la guerrilla rural. Ésta se determina por su afincamiento en una zona específica y por la urdimbre familiar, social y regional que la encubre, que la transforma de estación en estación del año, o de acuerdo a los requerimientos que impone un cerco militar, o las condiciones que establece el avance o retroceso de las propias fuerzas insurgentes. Esta naturaleza rural y la compleja red de relaciones que crea, imposibilita a los grupos contrainsurgentes, en este caso a los militares, para emprender una acción selectiva. El ejército se ve obligado entonces a cercar pueblos enteros, comunidades numerosas, regiones extensísimas, a fin de controlar o mediatizar toda la vida social de las comunidades. No hay fuerzas policiacas que puedan controlar una situación así; por naturaleza se requiere la disciplina y la vastedad de las fuerzas militares.

­¿Cuál es la principal aportación del EZLN a la historia de la guerrilla y a la historia social de México?

­El 1 de enero de 1994, México se vio obligado a reconocer por vez primera, después de cuarenta años, que la guerrilla es una de las expresiones sociales más profundas y constantes; por lo tanto, entre otras cosas este libro se propone explicar el proceso guerrillero como parte de la propia transformación social. Pero así como es imposible explicar al EZLN desde una perspectiva inmediata, también es imposible explicar su componente indígena desde una posición simplista de manipulación; necesitamos entender que la historia de la guerrilla es más extensa que la que se refiere a sus movilizaciones armadas, y que sus reivindicaciones sociales afectan varios niveles, tanto religiosos como culturales, económicos o agrarios. Puedo afirmar que el libro no le servirá de mucho a aquellos que quieran explicarse al EZLN desde un punto de vista policiaco, de seguimiento de los cabecillas sobre los que debería descansar la explicación total del movimiento; desde mi perspectiva, ni David, ni Tacho, ni Moisés bastan para explicarse el desarrollo y la aparición del EZLN. Son elementos de un contexto más vasto, que la lógica de la conspiración no puede explicar, ni frenar, ni mucho menos solucionar.

­¿Basta reconocer que el EZLN no es fruto de la conjura de un grupo manipulador, sino el último nivel de desarrollo de una antigua lucha de los pueblos indígenas, para que el gobierno cambie su actitud hacia la guerrilla?

-Hay señales clarísimas de que el gobierno se resiste a aceptar la dimensión social e histórica del EZLN, que no ayudan de ninguna manera a solucionar por vías pacíficas el conflicto. La única medida que el gobierno mexicano ha tomado de manera ininterrumpida desde enero del '94 hasta el día de hoy, ha sido y es la militar. Si con el mismo cuidado, la misma minuciosidad con que ha desplegado sus destacamentos armados en Chiapas, hubiera dispuesto medidas de negociación política y legislativa, estaríamos más cerca de la paz. En este momento, la paz parece más bien un rehén de guerra que una opción que el gobierno mexicano esté buscando. El gobierno tiene que descalificar la naturaleza social del movimiento, porque si no lo hiciera se vería obligado a reconocer que hay injusticia social en México. En la medida que el gobierno descalifique esta causalidad social, reduce el problema a su idea de manipulación; por eso acerca y justifica las medidas de índole represiva y no aquellas encaminadas a la modificación de políticas sociales, económicas y legislativas que transformarían el contexto de la inconformidad. Todo movimiento armado es primero combatido con la descalificación y luego con las armas; es primero considerado como un grupo de delincuentes comunes para intentar eliminarlo después. Por lo tanto, el proceso de descalificación que han emprendido los gobiernos de Salinas y Zedillo es un ejemplo de la estrategia natural de cualquier gobierno para descalificar todo descontento social profundo.

En el caso del EZLN, además, se agrava esta distorsión oficial por nuestros antecedentes históricos. El constitucionalismo mexicano nace a partir de la negación de la existencia del indio. Si usted revisa las actas del Congreso de México de 1824, particularmente las actas del mes de marzo al mes de noviembre, se sorprenderá de la actividad desplegada por José María Luis Mora para exigir, primero, que por decreto desaparezca la palabra indio, no solamente del lenguaje legal sino del lenguaje público, y segundo, que por ningún motivo se reconozca la propiedad comunal de la tierra, porque, anclada al concepto de indio, implicaba para Mora y para muchos liberales del siglo XIX una forma de propiedad aberrante, contraria a la modernidad. Para ellos las tierras comunales de los indios eran una muestra de barbarie; para Salinas y Zedillo, sobre todo después de las reformas al artículo 27, las tierras comunales y las formas indígenas de propiedad de la tierra son también un elemento a destruir y expulsar de la historia social de México. Lo que está en juego entre el proyecto de la COCOPA y el proyecto del gobierno respecto a la formulación legislativa de los acuerdos de San Andrés Larráinzar, es fundamentalmente la negativa del gobierno de Zedillo a reconocerle personalidad jurídica a los pueblos indígenas. En términos jurídicos es muy sencillo: necesitamos definir una nueva personalidad jurídica, después necesitamos construir un instrumento legal que permita a ciertos pueblos, pero no a todos, acreditarse como pueblos indios. En esta definición de nueva personalidad jurídica y en esta acreditación se basan las atribuciones, derechos y obligaciones para los indios.

Estamos pues ante un conflicto que el gobierno de Zedillo no parece querer resolver, pero también que no corresponde resolverlo solamente a dicho gobierno, sino a toda la nación. México es un país sumamente racista, que ejerce una discriminación que va desde lo taimado y encubierto hasta lo abierto contra los pueblos indígenas. El pueblo mestizo de México desprecia a los indios; sólo aplaude a la cultura histórica prehispánica, porque este aplauso le permite apropiarse de un patrimonio cultural que por arte de magia deja de pertenecer a los pueblos indígenas y pasa a ser propiedad del pueblo mestizo y criollo que no tiene ningún compromiso con esas culturas. Necesitamos, por vez primera,reconocer al indio como es y no nombrarlo en términos legales, judiciales o políticos. Desde hace quinientos años se le ha negado al indio ser lo que es: todas las políticas indigenistas de México, todas las actividades educativas del país se han encaminado a obligar al indio a dejar de ser indio, por lo tanto lo que tenemos que hacer no es cambiar al indio, sino cambiar nuestra manera de relacionarnos con él, y esto implica cambiar la Constitución.

­El libro cierra contextualizando lo que sucede en Chiapas en el proceso de la globalización mundial. ¿Lo que se discute aquí, como lo que está probablemente en juego en Chechenia, el Tibet, el África o Bosnia, no es un mismo problema: el de la redefinición de lo que entendemos por modernidad?

­Creo que la humanidad deja de serlo en el momento en que se rehusa a darle cabida a las minorías; la humanidad deja de serlo cuando un grupo ­mayoritario o minoritario, no importa­ ejerce una discriminación contra todos los demás pueblos. Una élite de países se está enriqueciendo de manera brutal mientras una mayoría de países se está empobreciendo de manera dramática. Al interior de uno de estos grandes y poderosos países, las minorías negras, las minorías asiáticas y las minorías hispanas no pueden disponer de un lugar social en igualdad. La lucha de las minorías en Estados Unidos es por alcanzar una paz con justicia y dignidad. La sociedad criolla norteamericana se rehusa a ver a estas minorías como seres humanos con los mismos derechos. La lucha del EZLN es la lucha de todas la minorías por alcanzar el reconocimiento que como seres humanos merecen.

­En los medios impresos, algunos intelectuales han planteado la discusión sobre la guerrilla zapatista en términos de la legitimidad del uso de las armas para la transformación social, y en los términos de la experiencia de otros países, donde la guerrilla no ha resuelto los problemas que se proponía solucionar e incluso, en muchos casos, los ha agravado.

­El término legitimidad no es justo. Pensamos que cuando un grupo toma las armas la violencia se desata. Se nos olvida que hay una violencia anterior, una violencia que se ejerce de manera despiadada: es la violencia del hambre, la violencia del despojo, la violencia de la represión y la explotación, la violencia de la falta absoluta de justicia, la violencia de la corrupción, la violencia de los asesinatos y las desapariciones políticas. De esta violencia que se prolonga por décadas y se extiende a muchas regiones del país, se habla menos. Los movimientos armados son solamente la fase final de una despiadada violencia social; por lo tanto la etiqueta de legítimo o ilegítimo sirve para instrumentar políticas represivas de corte policiaco o militar, pero no sirve para los cambios que se requieren para impedir el estallido de esos conflictos sociales.

Lo anterior se une al tema de la seguridad nacional: no podemos reducir el concepto de Seguridad Nacional al control militar o policiaco de los grupos armados. Cuando se registran desastres naturales, incendios forestales, ciclones, devastaciones sísmicas, las medidas que se toman de inmediato son de alimentación, de medicinas, de abastecimiento de agua potable, de cobertores, etcétera. Es absurdo creer que cuando se da un desastre natural la medida a tomar debe ser enviar a las fuerzas militares y policiacas a combatir a los damnificados. ¿Por qué entonces, cuando hay un desastre social creemos que las medidas que hay que tomar son militares y policiacas y no las de cambios sociales, educativos, de salud o de procuración de justicia? El análisis de seguridad nacional debiera comprender el análisis de los procesos sociales y políticos que pueden conducir a la alteración de la estabilidad, buscando la implementación de políticas que se adelanten al estallido de los conflictos. Movimientos como el del EZLN no tienen en su origen una causa intelectual sino social, y esta causa social puede ser por injusticia agraria, por represión policiaca, por aislamiento, por explotación y despojo de tierras. En todo caso, son problemas que requieren un tratamiento en términos agrarios, sociales o de procuración de justicia, y no medidas militares.

­En Chiapas, la rebelión indígena de México, el tema de la figura del subcomandante Marcos ocupa un amplio espacio, pero además se aporta una lectura inédita, donde la presencia del líder guerrillero es vista también desde la perspectiva del mito, que sirve para explicar muchas de las interpretaciones que las propias comunidades indígenas pueden hacer del conflicto histórico que atraviesan.

­Yo le dedico un amplio capítulo a los escritos y las afirmaciones del subcomandante Marcos; me parece que es uno de los mexicanos más inteligentes y valientes del Mexico de hoy, pero aun así él no basta para que nosotros entendamos al EZLN, así como Arturo Gámez no es suficiente para explicarnos las luchas agrarias de Chihuahua en la década de los sesenta, igual que Lucio Cabañas no explica las luchas guerrilleras de las sierras de Guerrero en la década de los setenta. Estas figuras relevantes son sólo un accidente dentro del proceso social que los incluye; la relevancia de Lucio Cabañas o de Marcos no debe confundirnos en nuestra apreciación de la violencia social que provoca los levantamientos armados.

­En el libro haces una crítica de "nuestra" apreciación del conflicto indígena, de "nuestra" incapacidad para resolverlo en términos de paz y justicia; ¿quiénes forman ese nosotros?, ¿los intelectuales, los gobernantes, los ciudadanos de las urbes...?

­Utilizo el nosotros para referirme en algunos momentos a los mestizos, en otros a los que no somos indios, a los que vivimos en las ciudades. Pero en el fondo utilizo esa palabra para aludir a todo aquel lector que pueda sentirse integrado en un "nosotros", y que se atreva a reconocer esa otra vida humana a la que nos rehusamos a integrar en el nosotros que todos somos.