Cecilia Soto/ Mujeres: avancemos un trecho
Resulta de interés para toda la sociedad y no sólo para las mujeres, el
que las próximas legislaturas federal y estatales legislen para
garantizar igualdad de oportunidades para las mujeres en todos los
ámbitos y mayor protección para la familia de la mujer trabajadora.
Cecilia Soto
En el lapso de los últimos 20 años, la mujer mexicana ha ganado
nuevas obligaciones pero no necesariamente todos los nuevos derechos
correspondientes. En 1975, una de cada cinco mujeres en edad de
trabajar lo hacía. En la actualidad, trabajan una de cada tres. Y
aunque precisamente en 1975, año de la Primer Conferencia Mundial sobre
la Mujer, se adecuó el contenido del artículo 4o. constitucional para
garantizar la igualdad del varón y la mujer frente a la ley, subsisten
numerosas áreas en las que este principio no se cumple. En especial, la
avalancha de mujeres que, por necesidad o por voluntad propia, se han
incorporado al mundo del trabajo ha rebasado a las instituciones y al
marco legal que protege el trabajo femenino: las mujeres acuden a
laborar en un contexto de gran desprotección para sus familias.
Por ello, resulta de interés para toda la sociedad y no sólo para
las mujeres, el que las próximas legislaturas federal y estatales
legislen para garantizar igualdad de oportunidades para las mujeres en
todos los ámbitos y mayor protección para la familia de la mujer
trabajadora. En este sentido, resulta encomiable la iniciativa del
grupo Diversa que, apoyado por la Fundación Friedrich Ebert, ha
conseguido que candidatas y candidatos a legisladores de todos los
partidos políticos firmen un compromiso de cinco puntos mínimos. Este
compromiso, titulado 'Avancemos un trecho', busca que,
independientemente del partido que gane la mayoría en la Cámara de
Diputados (o en las cámaras locales), se ponga en marcha un esfuerzo
común que produzca una agenda legislativa favorable a las mujeres y, de
hecho, a la sociedad entera.
Se trata, primero, de legislar para extender al resto de las leyes
federales y estatales el principio de igualdad jurídica frente a la ley
consagrado en el 4o. artículo de la Constitución. En segundo lugar, de
fomentar una cultura de paternidad responsable y de responsabilidades
familiares compartidas. El tercer compromiso trata de posibles reformas
a las instituciones de seguridad social en torno a cuidados
materno-infantiles y al establecimiento de guarderías, centros de
lactancia y otras soluciones y apoyos a la madre trabajadora. El cuarto
busca desterrar el despido o falta de contratación laboral por embarazo
y el quinto aborda la dramática problemática de la violencia
intrafamiliar.
De hecho, cada uno de los puntos específicos del compromiso
firmado son demostraciones de cómo "del dicho al trecho hay un gran
trecho": una cosa es lo establecido en el
4o. artículo constitucional y muy otra la realidad cotidiana que
vivimos las mujeres. Por ejemplo, lo relativo al cuarto punto, el
requisito de examen que demuestre que no hay embarazo para poder
solicitar empleo ha sido juzgado como violatorio de las garantías
individuales de las mujeres por la Comisión de Derechos Humanos del
Distrito Federal y, sin embargo, continúa como práctica vigente entre
grandes empleadores de los sectores público y privado.
La demostración de ingravidez la exige la Secretaría de Educación
Pública, Telmex, los bancos, el Departamento del Distrito Federal, el
gobierno de Sonora y de muchos otros estados, Pemex y muchas otras
empresas privadas o entidades públicas. En esto, los empleadores se
muestran piadosos creyentes del Espíritu Santo pues hasta ahora no se
ha sabido de algún varón a quien, al solicitar empleo, se le haya
exigido prueba de no haber embarazado a alguien. La filosofía detrás de
este acto de discriminación medieval es muy simple: que la mujer
embarazada se las arregle como pueda.
Es tan obvia la violación de esta exigencia al artículo 4o.
constitucional e incluso a la Declaración de los Derechos del Hombre
(sic) que lo que más sorprende es la falta de decenas o centenas de
amparos interpuestos por mujeres que no hayan sido contratadas
laboralmente por su estado de gravidez. ¿Por qué se ha tolerado y por
qué se tolera su práctica en el sector público, el primero obligado en
cumplir la ley? Las razones son muchas: por inercia, pues es una
práctica generalizada a muchas empresas, por el temor a quedar
identificada y no ser empleada posteriormente, por la dificultad para
probar la discriminación pues nada de esto está escrito formalmente en
el contrato colectivo, por la falta de una cultura de respeto al
derecho, por la impunidad, etcétera.
Estos cinco puntos son un buen inicio pues unen a mujeres y a
hombres de distintos partidos políticos en torno al propósito común de
lograr un ambiente de mayor justicia e igualdad para los hombres y las
mujeres en México. A la vez, da la pauta para profundizar en las
problemáticas regionales. Por ejemplo, las legisladoras de los estados
fronterizos o de aquéllos con gran presencia de la industria
maquiladora deberán poner especial atención a las condiciones de gran
desventaja para la salud de la mujer y de sus hijos; las legisladoras
de Nuevo León podrán profundizar sobre la discriminación laboral que
sufre la empleada de confianza cuando contrae matrimonio; las
legisladoras de regiones con gran presencia campesina saben de una
realidad que rebasa el marco de la salud y la protección laboral y
alcanza lo productivo, etcétera.
La tan traída y llevada transición podrá garantizar la democracia
electoral y la llegada de nuevos actores políticos al poder político
pero, esto apenas nos empareja con lo que han logrado muchos países
desde principios de siglo. Para estar a tono realmente con el cambio de
siglo, hombres y mujeres en México deben gozar no de la igualdad a
secas (pues afortunadamente no somos iguales), sino de la igualdad de
oportunidades para madurar como seres humanos plenos.
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