Transcripcion por Miguel A. Padilla Acosta
Por considerarlo de interés general, a continuación transcribo texto integro del sexto informe presidencial del Presidente Salinas.
Asisto, por última vez, a la apertura del primer período ordinario de sesiones del Congreso de la Unión. Asimismo, entrego ahora el informe escrito sobre el estado general que guarda la administración pública del país. Hoy, con la misma emoción y convicción que al tomar posesión en 1988, cumplo el mandato constitucional y el deber de dar cuenta al pueblo de México de lo realizado.
México ha cambiado intensamente en estos años, como resultado del esfuerzo de millones de mexicanos y el mérito fundamental está en ellos. Los cambios fueron para establecer una nueva relación entre el Estado y la sociedad, y para ubicar a México, con ventaja, en la nueva realidad mundial. 1994 no ha sido la excepción. Los cambios han seguido adelante y se consolidan en la vida de la Nación. Pero hemos enfrentado este año hechos insólitos que han traído momentos de desconcierto, preocupación y dolor. Las instituciones republicanas sufrieron graves embates y las convicciones íntimas de los mexicanos fueron puestas a prueba. No obstante, por las reformas realizadas y la respuesta serena de la población, el compromiso con el cambio se ratificó y la vida institucional del país salió fortalecida.
Los signos del cambio son claros. México participa en los más importantes foros mundiales y cuenta con el reconocimiento y el respeto de la comunidad internacional. Internamente, el diálogo entre las principales fuerzas políticas, permitió dar los paso s más significativos en décadas hacia la construcción de una sociedad democrática. Los nuevos consensos entre partidos, reformaron las instituciones electorales y muchas prácticas políticas. Por primera vez este año hubo en México debates públicos entre candidatos presidenciales, que fueron televisados a toda la Nación. Tenemos instrumentos mejores y acuerdos más amplios para avanzar en la vida democrática del país.
Por lo que hace a la economía, en estos años se ha controlado la grave crisis que en la década pasada tanto lastimó las expectativas y las oportunidades de la mayoría. México saneó sus finanzas, mejoró la competitividad del aparato productivo y detuvo el deterioro de los salarios, iniciando su recuperación. La sociedad amplió su participación en el planteamiento y resolución de metas colectivas. La inversión en infraestructura carretera, electrificación, agua potable, educación, vivienda, alimentación y salud recibió su mayor impulso en más de una década y, en ciertos rubros, en lo que va del siglo.
Al mismo tiempo, se reformó la operación del Estado para transferir recursos, como nunca antes, al gasto social. El espíritu de Solidaridad arraigó en muchas comunidades y multiplicó las capacidades colectivas para enfrentar la carencia de servicios básicos e iniciar programas productivos. Todos estos son hechos verificables. Ciertamente, no satisfacen todas las necesidades, pero demuestran que hay condiciones para avanzar en su solución y dan sustento a la esperanza. Sin embargo, frente a las realizaciones constructivas del cambio, desde enero de este año, el país ha vivido momentos de violencia localizada, de origen distinto pero con efectos similares. Fueron hechos inesperados, aún trágicos, que causaron dolor y despertaron inquietud, pero también -no lo olvidemos- encontraron una clara y firme respuesta en toda la sociedad.
El primero de enero, un grupo armado atacó cuatro cabeceras municipales en Chiapas y el cuartel del Ejército Mexicano en Rancho Nuevo. Fallas en la información política, deficiencias en la respuesta social y política de las autoridades locales y también, hay que decirlo, un cuidado excesivo durante los meses anteriores en no emprender acciones preventivas de seguridad en una zona tensada por viejos y nuevos conflictos sociales, étnicos y religiosos, hicieron posible que sorprendiera al país -y también lo entristeciera-, esta irrupción violenta en el inicio del año.
El conflicto armado surgido en la selva de Chiapas tiene rasgos singulares. Se dió en una zona de población reciente, en su gran mayoría de indígenas que habían migrado desde los Altos durante las dos décadas anteriores, buscando colonizar nuevas tierras, dejando atrás tradiciones y comunidad. Es una zona geográficamente aislada, con alrededor de 70 mil habitantes dispersos en pequeñas comunidades y que, además, coincide con la diócesis correspondiente. Colinda con una región donde la guerrilla centroamericana ha operado durante 35 años. Pertenece la mayor parte al municipio de Ocosingo, el segundo más extenso del país, donde la simple distancia entre la cabecera y los centros de población significa, en ocasiones, días de traslado por veredas, cañadas y montañas, que se transforma en lejanía entre la autoridad y las comunidades. Existen añejas desigualdades, caciquismos locales, viejas tensiones incubadas por años, quizás siglos, de abandono, agravio y maltrato a los indígenas.
Paradójicamente, Chiapas es el Estado de la República que más apoyo federal ha recibido en estos años de la administración -mil por ciento más que en 1989-. En salud, en educación, en electrificación y agua potable, en apoyos a la producción y a los grupos indígenas, en esquemas novedosos de financiamiento para compras de tierras, en caminos y carreteras, Chiapas ha sido notablemente apoyado entre los Estados de la República. Sus rezagos así lo justificaban y lo siguen haciendo. Más del 8 por ciento del presupuesto de Solidaridad se destina a Chiapas, que sólo tiene un poco más del 3 por ciento de la población nacional. A partir de agosto de 1993, se inició un programa social especial, con recursos adicionales, para la región de la selva y los Altos de Chiapas. Todo este gran esfuerzo abrió esperanzas en el Estado. Pero no fue suficiente. Por un lado avanzaban las expectativas de cambio; por otro, persistían rezagos, rigideces y fracturas.
Todos los aspectos anteriores pueden invocarse como causas sociales del conflicto. Pero no son suficientes para explicar el movimiento. Confluyó, con el rezago social de la zona, el trabajo de un grupo armado y entrenado, con dirigentes locales y foráneos, y un claro proyecto político antagónico al institucional. Si la sola pobreza provocara levantamientos, otras regiones del país y gran parte de la humanidad, que vive en condiciones similares o peores, estarían en revuelta permanente. No; la pobreza en sí no explica la violencia armada.
Se trata, y este es un hecho importante, del primer levantamiento armado surgido después del final de la guerra fría. Antes, cualquier movimiento de esta naturaleza se ubicaba en el contexto del conflicto este-oeste y, frente a los riesgos de una confrontación nuclear bipolar, la respuesta de los países afectados siempre fue la misma: el aniquilamiento a cualquier costo y con la menor difusión posible. Esos términos de referencia han cambiado. Ya no puede pensarse un movimiento de esa naturaleza como una secuela de la lucha bipolar. Las respuestas pueden entonces ser distintas, acordes con las sensibilidades políticas nacionales. El levantamiento de Chiapas no careció, sin embargo, de una clara intensión internacional. Fue iniciado el día de la puesta en marcha del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, cuyo debate había acaparado la atención mundial. Sucedió tras la celebración del quinto centenario del encuentro entre dos mundos, evento que revaloró el interés por lo indígena en los encontrados sentimientos del Viejo Continente. Finalmente, se movilizó escudándose en el nombre más popular y noble de las luchas sociales en México, el del zapatismo. Con un diseño llamativo, con una estrategia de difusión que amplió su resonancia, el grupo armado buscó rápidamente vincularse a medios de comunicación dentro y fuera del país y a movimientos sociales urbanos, en especial en la capital de la República, donde inicialmente tuvo una cierta acogida. La respuesta del gobierno tenía que ser diferente, diferente a la manera como se habían enfrentado situaciones parecidas en otros países; y, también, diferente a como se enfrentó en México en el pasado. Primero, en unos días, el Ejército Mexicano rechazó el ataque a sus instalaciones, disolvió los contingentes ubicados en las cabeceras municipales, forzó el repliegue del grupo armado hacia la selva, estableció un cerco y contuvo la amenaza. Constitucionalmente, es obligación del gobierno guardar y hacer guardar la paz interna y pública del país. A partir de este momento, decidimos no optar por la persecución del grupo dentro del territorio de la selva, en busca de su aniquilamiento: eso hubiera dañado la vida misma de las comunidades y hubiera sido incompatible con nuestros valores. Además, hubiera sido ceder a la provocación del grupo armado que buscaba, con la violencia generalizada, el descrédito de nuestras fuerzas armadas, la repulsa social en el resto del país, el aislamiento internacional de México y un escenario de tensión política que pusiera en riesgo la realización de los comicios federales.
Lo que debemos al Ejército Mexicano por el éxito de la acción militar inicial, debe medirse por las vidas mexicanas no perdidas y las opciones políticas que su acción hizo posibles. Mi reconocimiento permanente está con ellos. Gracias a su efectiva intervención, a sólo diez días de iniciado el conflicto, el gobierno pudo tomar decisiones que, en otras latitudes y frente a conflictos similares, han requerido años para gestarse. Nosotros, por así decirlo, empezamos con el final: ordené el cese unilateral del fuego por parte del Ejército Mexicano, designé un Comisionado para la Paz y se promovió una amnistía ante el Congreso de la Unión, aprobada por todos los partidos políticos. Se fortalecieron, además, las acciones sociales inmediatas en la región y se buscó el diálogo político para encontrar una solución negociada al conflicto. El resultado fue un amplio respaldo social a la iniciativa de paz, que elevó considerablemente el costo político del recurso de la violencia por parte del grupo armado
Sirva el recuento de lo hecho estos seis años, para los siguientes propósitos: primero, como testimonio de lo que son capaces de alcanzar los mexicanos. Sin memoria del esfuerzo realizado, no hay comprensión de la fuerza con que enfrentamos los retos de nuestro tiempo. Segundo, ofrecer argumentos, a este honorable Congreso, no para negar insuficiencias o injusticias, sino para comprobar el cumplimiento de la responsabilidad encomendada.
Desde 1989, sobre la base histórica de una clara y firme política de principios, iniciamos una estrategia activa para promover los intereses de México en el mundo. Así lo demandaba el contexto internacional en pleno cambio y, también, las necesidades internas de bienestar en nuestra Patria. Hace seis años, al anticipar algunas consecuencias de la gran transformación mundial, prefiguramos nuevas oportunidades y retos para el país. Nos propusimos actuar en consecuencia. Nuestra estrategia de política exterior tuvo dos elementos centrales: reafirmar nuestros principios y diversificar nuestros vínculos y relaciones. Frente a la distensión de la bipolaridad, era necesario un nuevo emplazamiento de México en el mundo. Frente a la globalización económica, era indispensable romper aislamientos, alejarse del proteccionismo y conducir la vinculación del país hacia los centros de la dinámica mundial y, en particular, hacia América Latina. La transformación mundial fue más lejos que lo anticipado: en unos cuantos meses terminó la guerra fría y se desintegró la Unión Soviética; avanzó la conformación de zonas económicas regionales pero también se llegó a la resolución de la Ronda Uruguay d el GATT. Estos desarrollos confirmaron la pertinencia de las nuevas iniciativas de política exterior mexicana.
En 1994 redoblamos esfuerzos en la misma dirección: México desplegó ante la ONU, los organismos internacionales, el Grupo de Río y la Cumbre Iberoamericana, la determinación de encontrar nuevas fórmulas de coordinación política y económica y de fortalecer el derecho internacional. A fines del año pasado, estrechamos lazos con China y con Japón e ingresamos a la Conferencia Económica de los países del Asia- Pacífico, APEC; a partir de este año, somos miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, que agrupa a las economías más industrializadas del planeta. En enero, entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y avanza en sus objetivos: regular con claridad el creciente comercio entre nuestros países, alentar la inversión y la creación de empleo. Por todo ello, diversificamos con hecho s concretos nuestras relaciones al exterior y la posición de México en el concierto de naciones se ha vuelto más fuerte.
El esfuerzo en 1994 se suma al trabajo realizado desde 1989. En el curso de estos seis años, establecimos relaciones diplomáticas con 29 países; sostuve 392 encuentros con Jefes de Estado y de Gobierno, realicé 66 visitas a otros países y recibí las de 53 mandatarios de diferentes latitudes. Firmamos 306 tratados y convenios, y 227 acuerdos interinstitucionales. Ha sido una intensa y activa presencia de México en el mundo. El balance es el siguiente. Hacia América Latina construimos un diálogo político más fluido, promotor de la paz y de nuestros intereses comunes, acordamos vínculos económicos concretos y en franco crecimiento, y desplegamos una más intensa cooperación cultural y contra el narcotráfico. 30 viajes presidenciales, más que a ninguna otra región, y los acuerdos de libre comercio prueban que nuestro interés es substantivo. La integración la promovemos con hechos concretos, no con invocaciones simbólicas. En lo político, resaltan las iniciativas de la Cumbre Iberoamericana, de la cual fuimos iniciadores, y de la expansión del Grupo de Río; en la creación de la Asociación de Estados del Caribe, y en las distintas propuestas de reforma de las organizaciones multilaterales de la región. También, contribuimos a la firma por los salvadoreños de los Acuerdos de Chapultepec de enero de 1992 y a las conversaciones entre guatemaltecos, en nuestro territorio, en búsqueda de la paz y la reconciliación; hemos mantenido el rechazo permanente al embargo económico impuesto a Cuba, apoyamos las negociaciones migratorias entre esa gran Nación y Estados Unidos, y nos opusimos a una violenta invasión militar a Haití. En lo económico, sostuvimos con el Grupo de los 3 los acuerdos de San José de apoyo energético a Centroamérica y promovimos con estas últimas naciones acuerdos de libre comercio basados en las resoluciones de la reunión de Tuxtla Gutiérrez de enero de 1991. Ahí están ya, vigentes y positivos, los acuerdos de Libre Comercio con Chile en 1992, Costa Rica, Colombia y Venezuela y Bolivia firmados en 1994, y la participación de México en el Banco de Desarrollo del Caribe.
Con respecto a los grandes centros del comercio, las finanzas y las tecnologías, emprendimos acciones decisivas que ya han cosechado resultados. El más próximo es el de América del Norte. La compleja relación con los Estados Unidos encontró un cauce constructivo y de respeto, impidiendo que diferencias en asuntos particulares compliquen una amplia agenda de cooperación. Destacan, sobre todo, el Tratado de Libre Comercio, ya en vigor; los acuerdos en materia jurídica; también la creación de la Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza, del Banco de Desarrollo de América del Norte y del Plan Integral Ambiental Fronterizo. Desde luego, una relación tan diversa y compleja no está exenta de serias dificultades. Intereses políticos locales en California tienden a culpar a los trabajadores mexicanos de los males de esa sociedad. México ratifica su rechazo a esa campaña xenofóbica y seguirá en los hechos defendiendo los derechos laborales y humanos de nuestros trabajadores migratorios. La existencia de los 50 consulados de México en Estados Unidos permite proporcionar apoyo legal sistemático a los mexicanos, como no se había dado antes. También, intensificamos el diálogo entre los dos países a través del Grupo de Trabajo Bilateral sobre Migración y Asuntos Consulares, la Comisión Binacional, y las Reuniones de Alto Nivel sobre Violencia Fronteriza, para prevenir incidentes. Hemos probado que la compleja, y en ocasiones históricamente traumática, relación con Estados Unidos puede tener espacios de respeto, cooperación y beneficio mutuo. Y, al construirlos, simultáneamente emprendimos nuevas iniciativas a otras regiones, porque cuando se decide tener relaciones más intensas con una Nación tan poderosa, se debe a la vez acercar a los amigos lejanos. Con esta estrategia, diversificamos nuestras relaciones internacionales.
Este año celebramos el cincuenta aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas con Canadá, tradicionalmente amistosas y hoy muy intensas. Durante estos seis años México ha pasado a ser el socio comercial más importante de ese país en América Latina. Sumamos nuestros esfuerzos para crear, junto con los Estados Unidos, un amplio espacio comercial que nos permitirá enfrentar los desafíos del siglo XXI.
La Europa Unida es centro importante de la dinámica económica mundial y un factor político insoslayable en el mundo. México firmó el Acuerdo Marco de Cooperación con la Unión Europea, uno de los más completos en su género. En relaciones bilaterales firmamos con España un Tratado General de Cooperación y Amistad; con Alemania creamos la Comisión 2000 y, con Francia, la Comisión Binacional. El Reino Unido se convirtió en el segundo inversionista en México. Con las naciones del centro y este de Europa avanzamos en la definición de un nuevo marco de relación. México es socio fundador del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo. La Cuenca del Pacífico es el área más dinámica del mundo. Representa el 40 por ciento de la población total y del comercio mundial, así como 50 por ciento de la riqueza global. Tenemos siete representaciones diplomáticas más que hace seis años. Particular atención se dio a nuestra relación con Japón; y también con China, una de las potencias del futuro. México, por la importancia que concede a esta región, es miembro de los consejos Económico de la Cuenca del Pacífico, de Cooperación Económica del Pacífico y del Mecanismo de Cooperación Económica Asia-Pacífico, respectivamente. Hasta 1988 las relaciones de México con Asia y Africa se desarrollaban principalmente en el marco multilateral: ahora, además, avanzamos en los contactos bilaterales; también con Israel y los países árabes, con Marruecos y, más recientemente, con Sudáfrica. En los foros multinacionales hemos rechazado, por historia y geografía, que éstos se arroguen atribuciones que pretenden cancelar soberanías. Propusimos reformas para contar con un sistema de seguridad colectivo, legítimo y transparente, basado en los principios del Derecho Internacional; fomentar la cooperación entre las naciones para enfrentar la pobreza extrema; buscar la consolidación de un régimen comercial abierto que propicie la expansión de la economía mundial; conceder prioridad a la adopció n de acuerdos en materia de protección ambiental; proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales; establecer un régimen internacional más amplio, eficaz y multidisciplinario para el control de las drogas. En todo momento hemos manifestado la necesidad de coordinar, con respeto a cada nación, las acciones contra el narcotráfico.
Impulsamos las negociaciones encaminadas a suscribir el Tratado para la Prohibición Completa de Ensayos Nucleares, y las tareas del comité preparatorio responsable de establecer la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, institución que comenzará a funcionar a principios de 1995. México participó eficazmente en la Cumbre Mundial de la Infancia, de la que fue coiniciador, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, y en la Conferencia Internacional sobre Población. En el curso de los siete años que duraron las negociaciones de la Ronda Uruguay del GATT, México se convirtió en uno de los precursores de importantes propuestas que ahora forman parte del acta final de dicha Ronda, ya ratificada por el Senado de la República.
Han transcurrido seis años decisivos para la política exterior de México. Hemos enfrentado los retos que plantean el fin de la guerra fría y la globalización económica. Ha sido un período excepcional que exigió una estrategia efectiva para situarnos al ritmo de los procesos contemporáneos de cambio: en base a principios y diversificando nuestras relaciones. Nuestra capacidad de acción se ha ampliado; nuestra voz es escuchada con respeto: nuestra presencia tiene significado en el mundo. La imagen, el prestigio y la influencia de México se han consolidado. Todo ello ha fortalecido la soberanía nacional.
Somos más fuertes afuera por el enorme esfuerzo que realizamos adentro. Este trabajo pudo llevarse a cabo porque sabemos que ahí están los centinelas de la soberanía, atentos, leales, profesionales, listos para dar sus vidas en defensa de la nación. Las Fuerzas Armadas han cumplido con valor y honor la responsabilidad de defender la integridad territorial, preservar la soberanía de la Nación, los recursos naturales y las instalaciones vitales, así como mantener la paz de los mexicanos. Cuando fue nece sario, el Ejército Mexicano garantizó la tranquilidad de los habitantes del país, en donde azotaron las inclemencias de la naturaleza o irrumpió la violencia armada. Rindo un sincero homenaje a los soldados mexicanos que perdieron la vida en el cumplimiento del deber.
Por México, cada soldado arriesga su seguridad en el combate al narcotráfico. En más de 8,500 operaciones, las Fuerzas Armadas destruyeron casi 90 mil hectáreas de marihuana y amapola, decomisaron casi 40 toneladas de cocaína, inutilizaron 1,349 pistas clandestinas, y aseguraron más de 21 mil armas de diversos calibres. Durante estos seis años, el Ejército auxilió a cerca de 340 mil damnificados en los siniestros provocados por la naturaleza en 23 entidades federativas. Para reforestar y revitalizar el ecosistema, en sus viveros ha producido más de 150 millones de árboles. La Armada de México realizó poco más de un millón de inspecciones para combatir la pesca furtiva, detuvo 251 embarcaciones y a más de 5,700 infractores. Las Fuerzas Armadas se modernizan para seguir enfrentando eficientemente sus tareas. Hoy tienen mejor capacidad de respuesta en cualquier tiempo y circunstancia, y sus integrantes están mejor adiestrados para desempeñar su misión, tienen mejores y más modernas instalaciones y equipo. En esta Administración se construyeron para sus miembros más de 14 mil viviendas, casi el doble de las edificadas para ellos en los 76 años previos. El Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada de México son ejemplo de lealtad, disciplina, voluntad y dedicación. Han cumplido bien y seguirán velando con honor y patriotismo por la seguridad e integridad de nuestra Nación. Han defendido, como es su deber, a la Patria y a las instituciones de la República, siempre con apego a la Constitución. Reciban el respeto y afecto del pueblo de México y el reconocimiento permanente de su Comandante Supremo, el Presidente de la República.
En la política interior, tres fueron las prioridades de mi gobierno: construir un mejor equilibrio en la división de poderes y el federalismo; extender las libertades ampliando su protección; y avanzar la democracia en el país.
Durante mi mandato las relaciones entre los Poderes de la Unión han sido respetuosas y de amplia colaboración. Ello propició el ejercicio adecuado de las funciones que cada uno tiene encomendadas. Atendí cada año los planteamientos del Poder Judicial en su importante función de impartir justicia. Ahora, cuatro miembros de ese poder son parte de la Segunda Sala del Tribunal Federal Electoral, fortaleciendo a ese órgano jurisdiccional. Durante estos años, las remuneraciones de los jueces y magistrados se incrementaron 54 por ciento en términos reales. Además, se llevó a cabo un programa especial de vivienda para ellos, fortaleciendo así la dignidad de su nivel de vida. Esta Soberanía ha recibido de la Contraloría General de la Federación detalladas explicaciones de las principales acciones de gobierno y de cada dependencia, proporcionadas en los llamados libros blancos. En particular, sobre la desincorporación de empresas públicas, el Programa de Solidaridad y las obras comprometidas y realizadas durante mis 420 giras de trabajo a lo largo del país. Todo esto en adición a la presentación en tiempo de las cuentas públicas que la Constitución ordena.
En estos años, el trabajo legislativo fue particularmente intenso. El cambio fue a través del derecho, también para cambiar el derecho y, con ello, transformar la realidad, abriendo horizontes de bienestar para los mexicanos. De ahí las trascendentales reformas a nuestra Constitución y las leyes reglamentarias correspondientes.
Cambios importantes se dieron para limitar o reducir las facultades constitucionales y legales del Presidente de la República y así mejorar el equilibrio de los Poderes. El propósito fue limitar la discrecionalidad y ampliar la legalidad. Así, el Presidente dejó de ser autoridad agraria, depositándose ésta en las asambleas ejidales y comunales, y en los Tribunales Agrarios, autónomos e independientes. La creación de la Comisión de Competencia, también autónoma, regula ahora la eliminación de prácticas monopólicas y oligopólicas. La autonomía plena del Banco de México es un paso fundamental en la estabilidad del poder de compra de nuestra moneda. Ninguna autoridad, incluyendo al Presidente de la República, puede exigir que emita dinero para financiar el gasto público; esto da consistencia a políticas que aseguran la salud financiera del país. En materia electoral, debido a la autonomía del Instituto Federal Electoral, el Ejecutivo ya no tiene facultades decisorias en la organización de las elecciones ni en materia del contencioso electoral. Tampoco interviene en el nombramiento de los consejeros ciudadanos del Consejo General del IFE. En relación al gobierno del Distrito Federal, las reformas han acotado las facultades del Presidente de la República a aquéllas de clara implicación federal. Una amplia gama de materias de interés ciudadano queda ahora en manos de su Asamblea de Representantes, de órganos colegiados delegacionales y de un Jefe del Distrito Federal con facultades propias. Todas estas son, entre otras, modificaciones al peso y atribuciones del Presidente en la vida de la República. Esta transformación es consecuencia del proceso de modernización.
El Federalismo también se ha fortalecido en estos años. Contamos con un nuevo sistema de participaciones, más eficaz y sobre todo más justo, que considera la población de cada entidad, su grado de desarrollo y los esfuerzos realizados en materia de capt ación de impuestos locales. Los cambios fiscales nos han permitido incrementar, entre 1988 y 1994 las participaciones a los nueve estados con menor desarrollo relativo; éstas se elevaron en 55 por ciento real, 2.3 veces más que la media nacional.
La descentralización educativa tuvo un notable impacto en nuestra vida federal; los gobiernos estatales tienen ahora facultades reales dentro del sistema educativo nacional; además, los libros de texto incluyen ahora temas locales elaborados en los mismos estados. Para dar un mayor equilibrio al desarrollo de las regiones más necesitadas se reorientaron los programas de atención social y de Solidaridad. Se han transferido a los estados reservas territoriales, inmuebles y concesiones carreteras. Dentro de su pluralidad partidista, el diálogo entre el Ejecutivo Federal y los Ejecutivos estatales es fluido y constante.
Existe hoy un clima de mayor respeto al ejercicio de las libertades. Se ejercen a plenitud las de tránsito, reunión y petición, de industria y oficio, de creencias y, sobre todo, las libertades de expresión y prensa. Para contar con una nueva relación de civilidad que garantizara la libertad de creencias, se promovieron reformas constitucionales en la materia, no modificada desde 1917, y a su legislación, producto del arreglo posterior a la guerra cristera en 1927. Las reformas lograron dar plenas garantías a las libertades de creencias y culto público, otorgaron personalidad jurídica igual a las agrupaciones religiosas, consolidaron de manera transparente la separación entre el Estado y las iglesias, cuidando el laicismo en la educación pública y prohibiendo conductas partidistas o de concentración de riqueza de las iglesias, fuera de sus fines explícitos. Hoy, 4,500 iglesias y asociaciones religiosas hacen uso de las prerrogativas que otorga el nuevo marco legal. Consecuentes con nuestra actual norma, establecimos relaciones diplomáticas con la Santa Sede.
Respecto a la libertad de expresión y prensa, se abrió la libre importación de papel, se creó un capítulo especial en la Comisión Nacional de Derechos Humanos para la defensa de periodistas. Se ha brindado protección a los periodistas que lo han solicitado. Mi gobierno ha mantenido el mayor respeto a la libertad de expresión sin ninguna interferencia con ella. El despliegue de opiniones y de indagaciones sin censura alguna es transparente para todos. Reitero, la libertad de expresión es siempre valiosa, y son preferibles sus excesos a la pretensión de restringirla. No se debilitará esta voluntad hasta el último día de mi Administración. Mi gobierno ha comprometido un esfuerzo invariable para erradicar la impunidad y proteger los derechos fundamentales del hombre. Desde su creación en 1990, la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha recibido más de 31 mil quejas y desahogado el 94 por ciento de ellas. Con todo, el cumplimiento pleno y satisfactorio de sus recomendaciones es aún insuficiente. Además, promovimos reformas constitucionales y a las leyes penales que amplían la protección de los derechos de las víctimas y las garantías pr ocesales de los inculpados. Incrementamos, al mismo tiempo, la cooperación entre las procuradurías de justicia de los Estados y la General de la República para perseguir de manera más efectiva la delincuencia. Para promover estas tareas se sumó, en 1994, la Coordinación de Seguridad Pública de la Nación. En este año, en el ámbito federal se concluyeron 44 por ciento más averiguaciones previas y se ejecutaron 94 por ciento más órdenes de aprehensión respecto al inicio de esta Administración. En el Distrito Federal se concluyeron siete veces más averiguaciones respecto a 1989. Para avanzar las metas de rehabilitación y evitar la sobrepoblación de reclusorios, en este mes entran en funcionamiento 9 de los 12 nuevos centros de readaptación social con capacidad para 11,500 internos.
En materia de procuración de justicia, nunca aceptamos la falsa dicotomía entre seguridad y protección a los derechos humanos, ambos reclamos constantes y crecientes durante mi gobierno. Hemos aplicado la ley ahí donde, debiendo salvaguardarse, se ha violado. Aprovecho esta ocasión para brindar un homenaje a todos aquellos que desde las distintas trincheras de esta lucha contra la impunidad -dentro de nuestras corporaciones policíacas, desde el sistema nacional de derechos humanos, desde organismos no gubernamentales o individualmente-, han dado su mejor esfuerzo para terminar con este flagelo que tanto nos lastima como colectividad. La ineficacia en la seguridad pública tiende a impulsar demandas de dureza y resultados a toda costa. Elevar la capacidad de respuesta para combatir el delito: sí, ahora y siempre; pero hacerlo a cualquier costo, al costo de los derechos humanos: no, ni ahora, ni nunca. Es evidente que falta más por hacer. Pero México ha iniciado un movimiento por los derechos humanos y por la seguridad personal, que no tiene retroceso, porque el pueblo lo exige, lo valora y lo ha hecho suyo. De todos, el combate al narcotráfico es el más importante. Se ha mezclado este maligno negocio con la violencia que hemos padecido. Por eso, hemos incrementado los recursos para la atención de los delitos contra la salud en 230 por ciento con relación a 1989. Desde el inicio de mi gobierno y hasta agosto de este año, han sido destruidas más de 128,500 hectáreas de marihuana y amapola; se han asegurado más de 2,850 toneladas de marihuana, más de 243 toneladas de cocaína pura, más de una tonelada de goma de opio, casi 1 tonelada de heroína, y se han detenido un poco más de 102 mil personas por delitos contra la salud. La lucha contra el narcotráfico es nuestra, porque este mal afecta nuestras instituciones, la armonía social y la vida familiar. El negocio en los países de consumo es tan lucrativo, que aunque detuvimos a muchos de los principales narcotraficantes, su vacío es llenado por otros, dada la alta rentabilidad de este perverso negocio. Mientras no se reduzcan las utilidades del narcotráfico en los países de alto consumo y no se avance más en desarticular bandas y capturar cabezas allá, cada éxito que alcancemos aquí será temporal: por eso nuestra lucha ha sido y seguirá siendo permanente.
Mantenemos invariable la tradición de México en materia de refugiados. Contamos hoy con un nuevo marco regulatorio al cual se han acogido más de 42 mil campesinos guatemaltecos. En coordinación con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas, se han otorgado las mejores condiciones de seguridad a los más de 13 mil centroamericanos que de manera voluntaria han sido repatriados en estos seis años. Si bien promovemos la estancia legal de ciudadanos extranjeros, también vigilamos que éstos cumplan con nuestras normas vigentes: se han deportado más de 688 mil personas que violaron la Ley. También, hemos actuado con todo rigor en contra de aquellas bandas que lucran con el tráfico de personas. Durante este último año, se han puesto a disposición de la autoridad competente a 1,400 integrantes de estas bandas.
Hemos fomentado una nueva actitud frente a los desastres naturales para proteger la vida de los mexicanos y sus pertenencias. Este es el papel del Sistema Nacional de Protección Civil. De 1990 a 1994 se han canalizado 2,378 toneladas de diversos apoyos ; en particular, en este mes, a Nayarit y a Chihuahua. A la población desplazada -más de 20 mil-, por el conflicto en Los altos de Chiapas, se brindó protección y ayuda en tanto puedan regresar a sus comunidades de origen.
Cuando protesté como Presidente de la República, propuse un nuevo acuerdo político para avanzar nuestra democracia. El intenso y apasionado diálogo entre las diferentes fuerzas políticas logró renovar nuestro marco electoral en reformas sucesivas. El sistema de representación, organización y calificación de las elecciones, se ha transformado en favor de la democracia.
En lo que hace a la vía electoral, debemos recordar de dónde venimos. En la ley sobre la materia de 1918 y durante los siguientes 30 años, no se planteó la existencia de autoridades especializadas federales, ni la necesidad de un padrón o recursos para inconformarse. Ni siquiera se preveía la existencia legal de partidos políticos. La ley electoral de 1946, permitía integrar las casillas con los primeros cinco ciudadanos que se presentaran y los partidos no tuvieron más garantías que ser parte minoritaria del Consejo Electoral, aunque se creó entonces el Registro de Electores. La reforma más significativa de los años siguientes fue la creación de los llamados "diputados de partidos", que en 1964 permitió la entrada al Congreso a los partidos minoritarios en proporción al voto obtenido.
No fue sino hasta 1977 y 1978 que, en una gran reforma, el órgano electoral y la Cámara de Diputados se abrieron a la representación proporcional, se dio régimen jurídico a los partidos políticos como entidades de interés público y se regularon las distintas etapas del proceso electoral. En 1986, una nueva reforma ajustó el sistema de representación y la integración del órgano electoral; amplió las prerrogativas de los partidos y creó un Tribunal especializado para resolver controversias y hacer recom endaciones.
Hoy tenemos un nuevo sistema de representación más equilibrado, y adecuado a un más maduro sistema de partidos. Se suprimió la cláusula de gobernabilidad y la posibilidad de que un sólo partido pueda reformar la Constitución. El Senado de la República cuenta ahora con el doble de miembros. De ellos, 32 senadores provienen de la segunda fuerza electoral en cada Estado y en el Distrito Federal. Actualmente, el control de la organización de las elecciones está en manos de ciudadanos independientes, electos por la Cámara de Diputados a propuesta de los grupos parlamentarios representados en ella. Así la organización electoral es más imparcial y autónoma. Tenemos hoy un nuevo sistema de calificación de las elecciones. Los órganos electorales colegiados son quienes declaran la validez de las elecciones de diputados, senadores y asambleístas, eliminándose la llamada autocalificación. Tenemos un Tribunal de plena jurisdicción para la resolución de las controversias electorales. En la Ciudad de México se introdujo un sistema de elección indirecta del Jefe del Distrito Federal, que estará en vigor a partir de 1997. Además, la Asamblea de Representantes amplió sus facultades normativas y hacendarias. Se crearon órganos democráticos delegacionales que alientan la participación de la ciudadanía en la resolución de sus demandas. Como he señalado, los avances en la ampliación de la vida democrática de nuestro país pueden y deben mejorarse. Pero los pasos dados son un firme sustento y un aliento profundo para realizar nuevos avances.
En materia económica, el reto que asumí al iniciar mi mandato fue claro: reducir la inflación y recuperar el crecimiento sobre bases perdurables, para crear empleos y elevar el nivel de vida de la mayoría. Hoy, al realizar un balance, y sin dejar de reconocer lo que falta por hacer, podemos sentirnos alentados por la solidez de nuestros logros. Hemos consolidado el abatimiento de la inflación, el más injusto y regresivo de los impuestos y el que más castiga la economía de las familias. Hemos eliminado el déficit fiscal y fortalecido la competitividad del aparato productivo. Comenzamos una etapa de crecimiento económico gradual y sostenido que promueve la creación de empleos permanentes, el aumento de los salarios reales y fortalece el combate contr a la pobreza extrema. Atrás quedaron los problemas de deuda, déficit, inflación y crisis. Asumimos los retos de aumentar la productividad, promover la inversión y mejorar la distribución del ingreso. Avanzamos en lo importante: en ampliar oportunidades, en justicia y en bienestar.
En febrero de 1988 la inflación anual alcanzó un máximo histórico: 180 por ciento. En 1994 será cercana al 7 por ciento anual, con pleno abasto de los bienes de consumo básico. En estos seis años creció el producto interno bruto. En los primeros cinco, el incremento promedio anual fue de 2.9 por ciento, cifra superior al crecimiento de la población. En 1994 volveremos a obtener un crecimiento económico superior a la dinámica demográfica. La inversión privada creció, de 1989 a 1993 a un promedio anual de casi 10 por ciento en términos reales.
En el primer semestre de 1994, el producto registró un aumento anualizado de 2.2 por ciento en términos reales. La producción industrial, en julio de este año, fue de 4.5 por ciento superior a la de julio de 1993, con un incremento acumulado de 2.8 por ciento durante los primeros siete meses de 1994. De enero a julio de 1994, la industria de la construcción ha crecido 6.4 por ciento y el sector de electricidad 6.6 por ciento. Diversas divisiones de la industria manufacturera también muestran crecimientos acelerados, como es el caso de los productos metálicos, maquinaria y equipo, con un incremento acumulado en los primeros siete meses del año de 7.2 por ciento; y el de industrias metálicas básicas con 8 por ciento en el mismo período. Para todo el año se espera una tasa de crecimiento de la economía de casi 3 por ciento, lo cual implica que la economía en su conjunto crecerá a una tasa de alrededor de 4 por ciento en el segundo semestre. Dados los difíciles acontecimientos que el país ha vivido en 1994, estas tasas de crecimiento son alentadoras a la luz de las metas planteadas originalmente. Más importante que las cifras en sí mismas, lo distintivo de la actual reactivación es su solidez y permanencia. Por primera vez en un cuarto de siglo, México comienza una fase de expansión económica que no está apoyada por endeudamiento excesivo o por el incremento artificial de la demanda. Tiene un carácter permanente porque su impulso proviene de mejoras sustanciales en la productividad de las empresas, del dinamismo de la inversión privada, y del crecimiento de las exportaciones manufactureras. La sana naturaleza de esta reactivación permite que el crecimiento sea sostenible en el largo plazo, sin generar presiones inflacionarias.
Para crear los empleos que los jóvenes de México demandan, es necesario aumentar la tasa de crecimiento de la economía. Por ello, en mi administración, emprendimos una reforma estructural del aparato productivo del país que eleva el potencial de crecimi ento económico sostenido. Celebramos tratados de libre Comercio y renovamos el marco regulador de la actividad económica interna para crear condiciones de mejor competencia. Eliminamos subsidios injustificados y promovimos reglas claras que norman el de sempeño de los agentes económicos.
Durante 1994, en materia de inflación y crecimiento alcanzaremos, en lo fundamental, los resultados propuestos hace un año. A pesar de las adversidades internas y externas, continuó la reducción de la inflación, se mantiene la disciplina en las finanzas públicas y la actividad económica y la inversión se fortalecen. Contra muchas expectativas, los mercados financiero, en particular el cambiario, mantienen su evolución ordenada. La solidez que ha alcanzado nuestra economía, la profundidad con la que han calado las reformas y la confianza que todos tenemos en México, lo han hecho posible.
La estabilidad macroeconómica se funda en la corrección estructural de desequilibrios fiscales y monetarios. La adecuada formulación y ordenada ejecución de las políticas de ingreso y gasto públicos permitieron reducir el déficit de niveles de 12.5 por ciento en 1988 a resultados superavitarios equivalentes al 0.5 y el 0.7 por ciento del PIB en 1992 y 1993, respectivamente. Estos resultados no incluyen los recursos provenientes de la privatización de empresas públicas. Este año se cumplirá la meta de un presupuesto equilibrado. Por tercer año consecutivo, no habrá déficit fiscal. La eliminación del déficit se logró mediante la corrección estructural en las finanzas públicas. El equilibrio fiscal es sostenible en el futuro. El gobierno ha dejado de absorber el ahorro de la sociedad, consolidando la estabilidad macroeconómica y liberando recursos para financiar proyectos productivos de los particulares. Para institucionalizar la permanencia de una política monetaria prudente, en 1993 el Congreso de la Unión otorgó autonomía al Banco de México y estableció entre sus objetivos procurar la estabilidad de precios. Ninguna autoridad puede obligarlo a conceder financiamiento.
El fortalecimiento de los ingresos públicos se sustentó en una profunda reforma fiscal. La reforma combina menor número de impuestos y menores tasas impositivas, con un mayor número de contribuyentes y con un combate efectivo a la defraudación fiscal.
Destaca la modificación al impuesto sobre la renta en beneficio de los trabajadores de menores ingresos. Se exentó del pago de este impuesto a trabajadores que perciben hasta dos veces el salario mínimo y se redujo el impuesto hasta en un 50 por cient o adicional para los estratos de menores ingresos. Así, a partir de octubre de 1993, los trabajadores con ingresos menores a dos salarios mínimos reciben una bonificación fiscal y los trabajadores que devengan un solo salario mínimo, incrementaron sus percepciones en alrededor de 10 por ciento.
El número de contribuyentes activos, distintos de los trabajadores asalariados, pasó de 1.76 millones en 1988 a 5.66 millones en este año. Entre 1989 y agosto de 1994 se presentaron alrededor de 700 querellas por evasiones fiscales por montos que equivalen al gasto en infraestructura educativa y Escuela Digna de este año. En los 72 años anteriores sólo se registran dos sentencias por defraudación fiscal. Con menos impuestos, tasas más bajas, sistemas más simples y mejor cumplimiento de las obligaciones fiscales fortalecimos la recaudación del Gobierno Federal, que aumentó 32 por ciento en términos reales entre 1988 y 1994, incrementamos el poder adquisitivo de la población de menores ingresos, y fomentamos el ahorro, la inversión y la competitividad de las empresas nacionales. En materia de gasto público propusimos gastar menos, pero gastar mejor. Gastamos menos en intereses de la deuda pública e invertimos más en programas de bienestar social y en infraestructura básica. A lo largo de mi Administración, el gasto neto total del sector público habrá acumulado una reducción de 25 por ciento en términos reales, por el menor pago sobre intereses de la deuda pública. Al mismo tiempo, entre 1988 y 1994 duplicamos, en términos reales, los recursos del gasto social.
La reforma del Estado implicó la reestructuración del sector paraestatal. Se fortalecieron las empresas estratégicas y se desincorporó a la mayoría de las restantes: 415 entidades paraestatales, el 67 por ciento del total. A partir de diciembre de 1990, con los recursos generados por el aumento temporal de los precios del petróleo y los provenientes de la venta de empresas, creamos el Fondo de Contingencia. En la medida en que se consolidó la estabilización económica, decidimos utilizar la mayor parte de estos recursos para amortizar deuda. Al cierre de septiembre, el Fondo presentaba un saldo de 521 millones de nuevos pesos. Con recursos provenientes del Fondo y del superávit fiscal, hemos reducido radicalmente el endeudamiento público. La deuda neta total del sector público consolidada con el Banco de México pasó de 68 por ciento del PIB en 1988, a 22 por ciento este año; su valor real se redujo en más del 60 por ciento. Ello ha permitido abatir el pago de intereses por adeudos totales del 18 por ciento del PIB en 1988 a únicamente 2.5 por ciento en 1994. En términos del presupuesto, esta disminución implica que el pago de intereses se redujo de 44 por ciento del gasto público en 1988 a sólo 10 por ciento en la actualidad. Con ello abrimos espacios para aumentar el gasto social y el de infraestructura básica en forma permanente.
En los últimos cuatro años el Gobierno Federal ha mantenido una posición acreedora frente al Banco de México, en contraste con la crónica situación deudora de años anteriores. Actualmente, el saldo de la deuda interna neta del Gobierno Federal es de ca si 5 por ciento del PIB, menor en 15 puntos porcentuales a su nivel de 1988.
La renegociación de la deuda externa logró lo que nos habíamos propuesto: abatir la transferencia neta de recursos al exterior, disminuir el monto de la deuda histórica acumulada, asegurar recursos netos durante un período amplio y reducir el valor real de la deuda y su proporción respecto al producto interno bruto. Este menor saldo histórico de nuestro adeudo se acompaña de una mejor estructura de vencimientos: al primer semestre de 1994 sólo el 6 por ciento está documentado a plazos menores a un año. En la actualidad, la deuda externa neta del sector público representa casi el 17 por ciento del PIB, en 1988 representaba casi la mitad de todo lo que producíamos los mexicanos.
México ha consolidado su retorno a los mercados voluntarios de capital. La estabilidad macroeconómica y los cambios estructurales en el aparato productivo, han aumentado el potencial de crecimiento de la economía mexicana y han dado viabilidad a numeros os proyectos de inversión. México ha dejado de transferir recursos al exterior y hoy se registra la entrada de importantes flujos de capital. Recordemos: pasamos de transferir recursos al exterior equivalentes al 6 por ciento del PIB anual a recibirlos por 3.2 por ciento del PIB en promedio anual entre 1990 y 1993. Entre 1989 y julio de 1994, los flujos de inversión extranjera ascendieron a casi 50 mil millones de dólares, con lo cual se duplicó la meta sexenal. Globalmente, el superávit en la cuenta de capital de la balanza de pagos fue de 31 mil millones de dólares en 1993. El flujo de recursos foráneos que combina inversión extranjera y otros fondos, en el primer semestre de 1994 ha sido de más de 12 mil millones de dólares.
La contrapartida natural del superávit en la cuenta de capital es un déficit de la cuenta corriente. Este déficit es la manifestación de que el país está haciendo uso de recursos del exterior, que hacen posible la expansión de la planta productiva nacional a mayor velocidad que si se utilizara exclusivamente financiamiento de origen nacional. A diferencia de lo que sucedió en el pasado, los recursos del exterior se utilizan para financiar proyectos de inversión del sector privado. Ello se ha traducido en el aumento de la inversión privada respecto al PIB permitiendo avanzar en la modernización de la planta productiva y en el cambio estructural de la economía, sin afectar reservas. Al día de ayer, las reservas brutas depositadas en el Banco de México sumaron 17,242 millones de dólares. Conviene destacar que este monto de reservas no incluye recursos de las líneas de apoyo recíproco que se tienen contratadas con las autoridades financieras de varios países, y los cuales no están siendo utilizados. El nivel de las reservas nos permite fortalecer la solvencia de nuestra moneda.
Consolidamos fuentes permanentes de ahorro interno para apoyar el financiamiento de la inversión productiva. El saldo del ahorro financiero en 1988 representaba el 29 por ciento del PIB, mientras que en 1993 fue de 49 por ciento; este año continúa en ascenso y en los primeros nueve meses registró un crecimiento promedio anual de 14 por ciento en términos reales. La eliminación del déficit público y el fortalecimiento del ahorro financiero permitieron ampliar el financiamiento a los sectores privado y social, que pasó de representar el 14 por ciento del producto en 1988 a 39 por ciento en 1993, continuando con esta tendencia en 1994, al registrar en los primeros nueve meses un crecimiento real anual promedio de 18 por ciento.
El manejo congruente de la política monetaria y los avances en la estrategia de estabilización, permitieron un descenso en las tasas de interés a partir de 1988. El rendimiento nominal de los Cetes a 28 días pasó de 52.3 por ciento en diciembre de 1988 a 13.6 por ciento en octubre de este año. Las tasas reales mantienen su tendencia decreciente de largo plazo. La introducción de la nueva unidad monetaria a partir de 1993, transitoriamente denominada "nuevo peso", ha simplificado notablemente los procedimientos contables y de registro de las cifras en moneda nacional. En este año hemos avanzado en la sustitución gradual de los antiguos pesos por la nueva unidad, proceso que se espera concluir el 31 de diciembre de 1995. Desde octubre de 1994 circula en el mercado una nueva emisión de billetes: es la primera vez en la historia del papel moneda en México que se pone en circulación una nueva familia completa de billetes. La política cambiaria otorgó certidumbre a las decisiones de inversión, contribuyó a disminuir la inflación y mantuvo la competitividad de la economía. En el marco del Pacto concertamos un mecanismo de deslizamiento gradual. En noviembre de 1991 eliminamos el control de cambios que se encontraba vigente desde 1982 y, de manera simultánea, establecimos una banda de flotación del peso frente al dólar. Esta nueva estrategia otorgó mayor flexibilidad al tipo de cambio en el corto plazo y fomentó una mayor estabilidad en el largo plazo, con menor intervención del banco central.
La modernización del sistema financiero es parte del cambio estructural. La reforma financiera abarcó cuatro aspectos fundamentales: adecuación del marco jurídico, liberación y mayor competencia, modernización de la banca de desarrollo y fortalecimiento de la supervisión.
El Constituyente Permanente aprobó la modificación constitucional que restableció el régimen de propiedad mixto en la prestación de servicios bancarios. El Congreso aprobó y modificó leyes que regulan el sistema financiero, entre las que destacan la Ley de Instituciones de Crédito, la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras y las disposiciones tendientes a internacionalizar el mercado de capitales.
La desregulación y la creación de nuevos intermediarios financieros ha propiciado una mayor competencia. Se liberó la fijación de tasas de interés y de plazos, se eliminaron los cajones selectivos de crédito y desapareció el encaje legal. Entre 1991 y 1992 se llevó a cabo la enajenación de los activos del Gobierno Federal en las 18 instituciones de banca múltiple. Para aprovechar economías de escala e impulsar el desarrollo de un sistema de banca universal competitiva, se autorizó la creación de 29 grupos financieros, que integran a 181 instituciones. Entre 1993 y 1994 se autorizó también la creación y operación de 18 nuevas instituciones de banca múltiple, propiedad de mexicanos. El número de uniones de crédito se ha más que duplicado durante la actual Administración, y se han autorizado más de 300 instituciones financieras diversas como casas de bolsa, aseguradoras, arrendadoras y casas de cambio.
Se autorizó el establecimiento de 52 filiales financieras del exterior, con una inversión en nuevos pesos de más de 1,200 millones de dólares. La adecuada negociación de la apertura financiera dentro del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, asegura que el control del sistema de pagos siempre estará en manos de mexicanos. Se modificó el marco regulatorio del mercado de valores, se promovió la internacionalización del mercado bursátil y se realizaron ofertas públicas por montos sin precedente. La banca de desarrollo reorientó sus operaciones a las micro, pequeñas y medianas empresas, mejoró sus fuentes de fondeo, y eliminó subsidios injustificados. Para fortalecer a la banca de desarrollo se estableció un estricto régimen de capitalización, de calificación de cartera crediticia y de creación de reservas preventivas. El proceso de apertura y liberalización del sistema financiero ha generado mayor competencia que obliga a los intermediarios a ofrecer mejores servicios y a reducir sus márgenes de ganancia, y por tanto, a otorgar mejores condiciones de tasas y plazos a sus usuarios.
Ahora, la autoridad financiera dispone de un marco legal congruente con la apertura y puede intervenir de manera preventiva para disminuir los riesgos a los inversionistas y ahorradores, o hacerlo de manera correctiva, y con todo el rigor de la ley cuando se comprueban ilícitos. Una adecuada supervisión por parte de las autoridades es el eslabón que permite lograr, simultáneamente, una competencia intensa entre los intermediarios y la estabilidad del sistema.
En los tiempos actuales de creciente globalización se hace necesaria una amplia interrelación con la economía mundial para lograr pleno aprovechamiento de las ventajas competitivas del país a fin de asegurar la rentabilidad de las inversiones, la creación de empleos y la elevación sostenida de los niveles de vida. No hay duda: la protección privilegia al capital y concentra el ingreso; la apertura favorece el empleo y la redistribución del ingreso. La estabilidad macroeconómica, la apertura comercial, los acuerdos promovidos por el gobierno para abrir mercados externos y la desregulación del mercado interno, han elevado la capacidad exportadora del país. Así, las exportaciones pasaron de poco más de 30 mil millones de dólares en 1988 a casi 52 mil millones en 1993 y, en los primeros ocho meses de 1994, alcanzan 39 mil millones de dólares. Las importaciones también han presentado un crecimiento importante de 28 mil millones de dólares en 1988 a 65 mil millones en 1993, sumando ya casi 51 mil millones de dólares a agosto de 1994. Las importaciones de bienes intermedios y de capital representan casi el 90 por ciento de la factura de importaciones.
Hemos avanzado en la creación de una nueva cultura exportadora, basada en el notable dinamismo de la manufactura. La participación de las exportaciones de manufacturas en el total pasó de 56 por ciento en 1988 a casi 70 por ciento en 1994. Las exportaciones petroleras representan sólo el 12 por ciento. La economía mexicana está ya despetrolizada. En estos años establecimos una regulación más clara y transparente del comercio internacional. Casi todos los permisos previos de importación han sido substituidos por aranceles. Hemos reducido la dispersión arancelaria. Reforzamos, también, los instrumentos de fomento a las exportaciones y fortalecimos los mecanismos de defensa contra las prácticas desleales del comercio internacional. El Banco Nacional de Comercio Exterior otorgará durante 1994 un total de casi 16 mil millones de dólares, a fin de incorporar a más de 20 mil nuevas empresas a la actividad exportadora. La Comisión Mixta para la Promoción de las Exportaciones se consolidó como una instancia legal de coordinación y concertación, entre las autoridades y la comunidad exportadora. Los acuerdos de libre comercio han permitido diversificar mercados, captar capitales y acceder a tecnologías avanzadas. Desde un principio claramente establecimos que negociaríamos, no un mercado común, sino un Tratado de Libre Comercio que, por una parte, preservara plenamente la soberanía del país y se apegara a lo establecido por la Constitución; y, por otra, creara condiciones estables y permanentes para el acceso de los productos mexicanos a dichos mercados.
En el período que cubre este Informe, las instancias legislativas de México, Canadá y Estados Unidos aprobaron y ratificaron el Tratado de Libre Comercio suscrito en 1992 por los jefes de Estado de los tres países, así como los Acuerdos Paralelos firmados en 1993. Gracias a ello, el Tratado entró en vigor el primero de enero de 1994. El Tratado ha creado condiciones inéditas para el crecimiento de nuestras exportaciones. Los primeros datos así lo confirman: entre enero y agosto de 1994, las ventas totales de México a Estados Unidos, comparadas con el mismo período del año anterior, crecieron en un 22 por ciento; las exportaciones no petroleras lo hicieron en un 25 por ciento, y el mayor incremento lo registraron las exportaciones de manufacturas que aumentaron en un 27 por ciento. Este ritmo de crecimiento duplica el de las exportaciones del resto del mundo a los Estados Unidos. Las ventas a Canadá, a su vez, crecieron, en el primer semestre del año, en un 36 por ciento. Las inversiones extranjeras también observaron un incremento sustancial; entre enero y septiembre de 1994 sólo por este concepto ingresaron al país más de 10 mil millones de dólares. Estos alentadores resultados muestran, por una parte, que México está enfrentando con éxito los desafíos de la apertura y, por otra, que ha sabido aprovechar las ventajas que brinda el Tratado para allegarse capitales y tecnologías, incrementar su productividad y competir con éxito en los mercados de América del Norte. El Tratado se ha convertido, así, en un poderoso instrumento para atraer nuevas inversiones, crear empleos productivos y elevar el bienestar de los mexicanos. Al interior, en los últimos seis años aplicamos con gran vigor un conjunto de reformas al marco regulador de la actividad económica. De 1989 a 1994 se desregularon aproximadamente 60 áreas. La nueva Ley Federal de Competencia Económica completó el programa de desregulación, al incluir diversas disposiciones que permiten la acción correctiva del Estado para evitar prácticas monopólicas.
En el campo, a través del diálogo y el trabajo conjunto, realizamos una profunda reforma para reactivar la producción con más libertad y más justicia. Los campesinos cuentan ahora con plenos derechos sobre sus tierras a raíz de las reformas al artículo 27 Constitucional; cuentan también con instituciones renovadas e instrumentos de apoyo directo. En conjunto, estas reformas fortalecen la capacidad productiva de los campesinos en un marco de libertad. Hay un nuevo trato con el gobierno; el paternalismo burocrático cede el paso al respeto y al apoyo a las iniciativas individuales y comunitarias. Los campesinos pasaron a ser sujetos de su propia transformación. En los últimos seis años, el crecimiento de la producción de los 10 principales cultivos agrícolas duplicó al de la población nacional. Hoy, todo el maíz y frijol que consumimos se producen en México. Se incrementó sustancialmente el cultivo de frutas y hortalizas. En materia pecuaria, aumentó la oferta y se mantuvo, hasta junio de este año, un saldo superavitario en la balanza comercial, armonizándose las regulaciones sanitarias y agilizándose las transacciones. Sin duda, aún estamos lejos de lo que necesita y merece el campo. Pero las bases para que realmente se eleve la calidad de vida campesina están ya puestas.
Apoyados en el nuevo marco jurídico, se dio cauce al abatimiento del rezago agrario, logrando desahogar el cúmulo de expedientes dotatorios que teníamos rezagados. Atendimos en su totalidad las resoluciones presidenciales ejecutables, formalizando al término de mi Administración la entrega de 5 millones 514 mil 900 hectáreas a 169 mil 234 compatriotas. La Procuraduría y los Tribunales Agrarios están trabajando con tenacidad en todo el territorio nacional, promoviendo y vigilando que los ordenamientos legales se cumplan. De 1992 a junio de 1994, el Tribunal Superior Agrario resolvió 1,223 expedientes, instaurados antes de la reforma al marco legal y dictó resolución favorable para la entrega de 1.1 millones de hectáreas a 71 mil campesinos. Emprendimos un muy ambicioso programa de titulación de tierras, el PROCEDE, para que los campesinos estén en posibilidad de ejercer plenamente los derechos que les otorga la actual legislación, y con ello estimular la inversión y la producción. A través del PROCEDE se integrará el Catastro de los 29 mil ejidos del país. Este año, más de 15 mil ejidos ya están incorporados por decisión de sus asambleas. Al concluir la presente Administración se habrán entregado un millón 250 mil certificados y títulos que cubren una superficie aproximada a los 7.5 millones de hectáreas. A los productores rurales que ocupan terrenos normales, les dimos certeza jurídica al entregarles, durante los seis años de mi gobierno, 581 mil 693 títulos de propiedad. La titulación de predios termina con los conflictos de límites entre comunidades y familias, da certeza al patrimonio de ejidatarios y comuneros y hace justicia a los avecindados, que durante tantos años vivieron en la incertidumbre y el agobio. PROCEDE es acto de justicia y garantía de armonía social.
En los últimos seis años se concluyeron 32 presas con una capacidad conjunta de más de 12 mil millones de metros cúbicos, 8 por ciento más que la capacidad de almacenamiento existente en 1988. Destacan las presas de almacenamiento Miguel de la Madrid en Oaxaca, Constitución de Apatzingán en Michoacán, Ramón Corona Madrigal en Jalisco, el sistema La Zurda, y la más grande en el país para agua potable: El Cuchillo-Solidaridad en Nuevo León. Entre 1989 y 1994, se abrieron al riego 206 mil hectáreas nuevas, 646 mil rehabilitadas, 325 mil mejoradas; y 293 mil hectáreas de temporal se beneficiaron con infraestructura de drenaje y caminos. Los programas de infraestructura hidroagrícola se realizaron con la participación de los usuarios. En estos seis años, se entregaron el 75 por ciento de los distritos de riego a sus usuarios organizados. En el sexenio el financiamiento bancario al campo se incrementó en términos reales, en 127 por ciento. Mejoramos la eficiencia del seguro agropecuario al incrementar, de 1991 a 1994, la superficie habilitada en 40 por ciento, duplicando casi la suma to tal asegurada.
En los últimos seis años, el gasto público destinado al desarrollo rural creció en 44 por ciento real. Desde el inicio, modificamos la política de precios, al sustituir gradualmente el régimen de precios de garantía, que apoyaba principalmente a los productores con excedentes, por uno de apoyos directos; este año ya abarca a todos los campesinos productores de granos básicos. Los precios de garantía no eran justos ni transparentes y originaban distorsiones a lo largo de las cadenas productivas. PROCAMPO ha contribuido al cambio y a mejorar la situación de los campesinos. Una cuarta parte del ingreso monetario del 60 por ciento de los hogares de las zonas rurales, proviene ahora de PROCAMPO. Por ello, la nueva política contribuye a una distribución más equitativa del ingreso y promueve la reconversión productiva hacia aquéllos productos en los que podemos competir mejor. Por primera vez, 3.4 millones de campesinos recibieron apoyos directos por 4 mil 700 millones de nuevos pesos. En julio de 1994 expedí el decreto que regula la operación de PROCAMPO y establece su permanencia por 15 años.
Con objeto de dar dinamismo a la actividad pesquera, ampliamos la participación privada y social en la explotación de especies anteriormente restringidas. Se incorporaron 47 mil hectáreas a la acuacultura. Este año, la producción de camarón de acuacultura fue de más de 15 mil toneladas, volumen sin precedente en la producción acuícola del país. Al mismo tiempo el Estado reforzó su presencia estratégica en las áreas de promoción y ordenación pesquera: apoyó la capitalización de las cooperativas, triplicó la inversión pública destinada al desarrollo de la infraestructura pesquera, y aplicó estrictamente la regulación de vedas para protección de especies marinas, como delfines y tortugas. Con la nueva Ley de Pesca se dieron concesiones particularmente al sector social; también se reestructuró la deuda de las sociedades cooperativas tanto del litoral del Pacífico como del Golfo de México. En el ámbito industrial, las reformas estructurales se han traducido en notables incrementos en el nivel de productividad de las empresas mexicanas. En 1988, la productividad laboral en la industria manufacturera se incrementaba a una tasa anual de 3.5 por ciento. Durante 1994, la productividad en este sector aumenta a tasas superiores al 8 por ciento, muy por encima de las de nuestros principales socios comerciales. Las mejoras en la productividad son el elemento fundamental para lograr una recuperación sostenida de los salarios reales, incrementando la competitividad internacional de nuestra economía.
La promoción de la industria micro, pequeña y mediana ha sido una tarea prioritaria. NAFIN ha apoyado en estos seis años más de 415 mil empresas y BANCOMEXT más de 50 mil. Medio millón de pequeños y medianos empresarios han sido apoyados. Para incrementar el acceso de las empresas pequeñas a los distintos mercados, especialmente a los internacionales, se auspició la creación de 350 uniones de crédito y 90 empresas integradoras. Petróleos Mexicanos experimentó, en estos años, una profunda reestructuración administrativa y, por eso, continúa siendo un pilar del desarrollo nacional. Se revirtió la tendencia decreciente observada en la década de los ochenta en el gasto de inversión. La producción promedio de petróleo crudo y la de gas natural se elevaron. En enero de 1994 las reservas se ubicaron en casi 65 mil millones de barriles de petróleo crudo, garantizándose, al actual ritmo de explotación, el abasto de hidrocarburos hasta el año 2,043. Mantenemos la sexta posición mundial por el monto de nuestras reservas.
No obstante el adverso entorno internacional de la industria petroquímica, se elevó la producción. La integración de cadenas productivas se mejoró y se promovió la inversión privada, nacional y extranjera, mediante una amplia reclasificación de la petro química básica. Se atiende el cuidado del medio ambiente y se privilegia la elaboración de gasolinas y gas licuado de alta calidad ecológica. Con su nueva ley orgánica, PEMEX logró consolidarse como la gran empresa nacional de todos los mexicanos. Los cambios en PEMEX han sido para su fortaleza; para hacer de ella una industria eficiente y competitiva que sirva mejor a los mexicanos. Mi reconocimiento a los trabajadores y autoridades de esta industria, que con su actividad, vigorizan esta conquista histórica de la Nación.
La industria eléctrica es otra de las columnas vertebrales del desarrollo nacional. Por ello, hemos alentado su fortalecimiento a través de mayores recursos de inversión para satisfacer las altas tasas de crecimiento de la demanda. Se cuenta con un nuevo marco jurídico y una nueva Comisión reguladora que alientan la participación de los particulares, sin alterar la responsabilidad constitucional del Estado de otorgar este servicio público a través de la Comisión Federal de Electricidad y del nuevo organismo Luz y Fuerza del Centro. Durante mi Gobierno, la capacidad instalada de generación se incrementó en 35 por ciento. En seis años se concluyeron 18 nuevas plantas. Entre éstas destacan la carboeléctrica Carbón II; la segunda unidad de la central nucleoeléctrica Laguna Verde; la central dual Plutarco Elías Calles, en Petacalco; la termoeléctrica Adolfo López Mateos; y las hidroeléctricas Valentín Gómez Farías, Zimapán y Aguamilpa-Solidaridad, siendo esta última una de las plantas de mayor importancia, con capacidad para atender al 10.2 por ciento de la demanda de los habitantes de la región occidental del país, y la primera cuya construcción se inicia y concluye en un sexenio. Por lo que se refiere a la red eléctrica, para noviembre de 1994 se habrán incorporado 103 mil kilómetros de líneas de transmisión y distribución, 22 por ciento más que en 1988, lo que equivale a una longitud de 2.5 veces la circunferencia de la Tierra.
Promovimos la modernización de la minería, a través de la adecuación del marco regulatorio, la simplificación administrativa, la modificación del régimen fiscal, la liberación de zonas en reservas mineras, así como la desincorporación de empresas públicas. Se han abierto así nuevas posibilidades a los inversionistas nacionales y extranjeros. En el transcurso de mi gobierno se han desincorporado 5.2 millones de hectáreas de zonas en reservas mineras, 97 por ciento del área retenida por el Estado hasta 1988. El país se mantiene entre los diez primeros lugares en la producción de minerales. Se amplió y modernizó la infraestructura de las comunicaciones y transportes con la participación de particulares en su construcción y operación. Al mes de noviembre de 1994 se tendrán 6 mil en operación 294 kilómetros de nuevas autopistas; con ello se superó en 58 por ciento la meta establecida al inicio de esta Administración, y se multiplicó por 6 su extensión. Las carreteras concesionadas a particulares, revertirán a la Nación al término de las concesiones. Se trabajó en conservación y rehabilitación de 44 mil kilómetros de la red troncal de carreteras. En el medio rural se construyeron 10 mil kilómetros de carreteras alimentadoras y de caminos vecinales. El sistema ferroviario mexicano tiene un serio rezago; pero cuenta con bases para su transformación. Mediante una política comercial más flexible recuperamos los niveles de carga anteriores a 1988. La participación del sector privado ha contribuido a la construcción y puesta en servicio de las terminales interiores de transferencia de carga. Hoy se dispone de avanzados dispositivos de comunicación vía satélite para el control de tráfico. Disponemos de un nuevo marco jurídico, moderno y flexible, para la reconstrucción integral de los puertos, convirtiéndolos en entidades autónomas y financieramente autosuficientes. A la fecha se han constituido y puesto en operación 17 administraciones portuarias integrales. Respecto al sistema aeroportuario nacional, se ampliaron y remodelaron, con participación privada, los 17 aeropuertos con mayor demanda y se concluyeron los aeropuertos de Tepic, Colima y el Bajío. El 7 de octubre pasado se lanzó y puso en órbita el Satélite Solidaridad II. Se apoya así la expansión de los servicios de telefonía rural a comunidades con menos de 500 habitantes, a un costo no igualado por sistema alguno; además se ampliará nuestra oferta de servicios en el mercado internacional de las telecomunicaciones.
Avanzamos significativamente en la reconversión de la actividad turística, con nuevos atractivos en ciudades coloniales, de turismo ecológico y en centros arqueológicos, como Mundo Maya. Actualmente ocupamos el octavo lugar en el mundo en captación de turistas. El desarrollo de 15 megaproyectos turísticos en todo el territorio nacional ha contribuido a ampliar la oferta de hospedaje que, para 1994, rebasó 374 mil cuartos. La actividad turística tiene una balanza favorable entre 1988 y 1994, de 11 mil millones de dólares. Esto colocó al sector turístico mexicano en el primer lugar por este concepto entre los países latinoamericanos. Cerca del 13 por ciento de la inversión extranjera total se canalizó al sector turismo que representa hoy en día el 3.2 por ciento del Producto Nacional y emplea a casi 2 millones de personas.
Promover más justicia y ampliar el horizonte de bienestar para las familias es el propósito de los cambios. Sin duda, abatir la inflación ha sido vital para cancelar una de las principales fuentes de concentración del ingreso. Es indispensable pero no es suficiente. El Estado tiene que proponerse una política social deliberada para elevar el nivel de vida, beneficiando más a los que tienen menos. Y esto requiere recursos, organización, compromiso. En ello hemos trabajado invariablemente a lo largo de estos seis años.
En 1988, por cada peso erogado por el sector público para el pago de intereses, se destinaban sólo 34 centavos al desarrollo social; hoy, por cada peso gastado en el pago de la deuda, se destinan más de cuatro pesos al gasto social y al abatimiento de la pobreza extrema. Esto permitió que el gasto en educación se duplicara en términos reales, en salud creciera 81 por ciento, en desarrollo urbano, agua potable y ecología 51 por ciento, en abasto más de 77 por ciento, en justicia y seguridad 68 por ciento, en desarrollo rural 44 por ciento y en Solidaridad más de dos y media veces. Este es el cambio más importante en la orientación del gasto en los últimos 25 años, y refleja un firme compromiso con el bienestar de los mexicanos.
Hoy somos alrededor de 90 millones de mexicanos. Ello significa que en seis años se agregaron 10 millones más a la población total. La tasa de crecimiento de la población pasó de 3.2 por ciento en 1970, a 1.8 por ciento en 1994. Para lograr este menor ritmo de crecimiento demográfico impulsamos una eficaz política de población, respetuosa de la dignidad y la libertad de las personas. A este resultado contribuyó el trabajo de los consejos nacional, estatales y municipales de población.
No obstante el incremento poblacional, la política social logró revertir la caída en el bienestar de la población de acuerdo con el índice que construye el INEGI. Entre 1984 y 1989 ese índice registró un deterioro promedio anual de 0.6 por ciento y, entre 1989 y 1992, alcanzó una tasa promedio de mejora anual de 1 por ciento, tendencia que continuó, en menor medida en 1993 debido al menor crecimiento de la economía el año anterior y en 1994 tendremos un mejor resultado.
El empleo es la base más firme contra la pobreza y el mejor camino a la justicia. Hemos creado más, pero reconocemos que no hemos conseguido crear los empleos que nos propusimos. El proceso de modernización y reconversión en las empresas requiere tiempos de maduración y coincide con el crecimiento histórico más elevado de mexicanos en edad de trabajar. Con todo, en los últimos seis años, el número de trabajadores asegurados permanentes por el IMSS con categoría de asalariados aumentó en 26 por ciento. Los indicadores que miden el desempleo abierto del país mostraron a partir de 1988 reducciones consecutivas, excepto en 1993, para retomar, a partir de mayo de 1994, una tendencia positiva. Las políticas activas de empleo instrumentadas en esta Administración, permitieron mitigar los efectos desfavorables del proceso de reconversión industrial y de la desaceleración económica. El Servicio Nacional de Empleo canalizó al 77 por ciento de cerca de 1.9 millones de solicitantes a un centro de trabajo. Se otorgaron 465 mil becas de capacitación a trabajadores desempleados. La disminución de la inflación y el crecimiento sostenido en la productividad han permitido iniciar la recuperación de las percepciones reales de los trabajadores. El salario promedio de cotización al IMSS creció, entre diciembre de 1988 y agosto de 1994, 22 por ciento en términos reales. Los sueldos y salarios en las manufacturas promediaron, en los primeros cinco años, un crecimiento real anual de 6.3 por ciento, cuando en la década anterior fue negativo en una proporción similar y, en los primeros seis meses de 1994, crecieron 4.8 por ciento real. Las remuneraciones de los asalariados se incrementaron como proporción del PIB, llegando en 1993 a la cifra más elevada de 1988.
Como resultado de la concertación del PECE, suscrito en octubre de 1993, se incrementaron los salarios mínimos conforme a la inflación estimada y a los aumentos de la productividad promedio de la mano de obra. En adición, se estableció un tratamiento fiscal que permite incrementar entre 7.5 y 10.8 por ciento el ingreso disponible de los trabajadores que obtienen un salario mínimo. Adicionalmente, se amplió la cobertura de subsidios al consumo de leche y tortilla, y se ejecutaron programas especiales como el de Solidaridad Obrera. En 1994, en la concertación del PACTO se planteó el otorgamiento de otro apoyo fiscal adicional al ingreso de los trabajadores que perciben hasta dos salarios mínimos. Con estos apoyos fiscales en efectivo, más los incrementos normales, el salario mínimo ha recuperado lo que había perdido en los cinco años anteriores.
El incremento de la productividad es una de las fuentes primarias para la generación de mayores ingresos. Se han promovido programas de productividad y calidad que han abarcado 216 mil empresas medianas y pequeñas, con más de 6 millones de trabajadores. De 1989 a 1993 la productividad promedio de la mano de obra en la industria manufacturera acumuló un crecimiento de aproximadamente 38 por ciento, acelerándose en lo que va del año, lo que derivará en una recuperación sostenida de las percepciones rea les de los trabajadores.
Se reformaron las leyes del IMSS y del ISSSTE para incrementar gradualmente las cuantías mínimas de las pensiones, las cuales pasaron, en el IMSS, del 35 por ciento del salario mínimo en 1988, al 95 por ciento actualmente, y al 100 por ciento a partir del 1o. de enero próximo; y, en el ISSSTE, al 100 por ciento desde 1989. Con la creación del SAR en 1992, establecimos bases sólidas para fomentar el ahorro a largo plazo y mejorar la situación económica de los trabajadores al momento de su retiro. Actualmente, se encuentran incorporados al Sistema alrededor de 12 millones de trabajadores, con un monto total de recursos acumulados en las cuentas bancarias individuales de 24 mil millones de nuevos pesos, ahora bajo la supervisión de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro.
En el marco de la estrategia nacional de concertación, empresas y sindicatos negociaron la resolución de disputas con responsabilidad, respeto y plena libertad. De los emplazamientos a huelga registrados entre 1989 a 1994, sólo estallaron el 2.1 por ciento. En estos seis años se crearon 61,117 comisiones mixtas de seguridad e higiene, que beneficiaron a más de 2 millones de trabajadores.
La educación es una prioridad nacional y así fue atendida. Propuse reformas a los artículos 3o. y 31 constitucionales para incorporar la obligatoriedad hasta el nivel de secundaria, dar sustento explícito al sistema nacional de educación y eliminar prohibiciones hoy injustificadas; todo ello, manteniendo los principios de educación pública laica y gratuita. El sistema educativo se ha federalizado al depositar la coordinación, los recursos financieros y los planteles bajo la autoridad de los Estados. Se promovió una mayor interacción de las familias con las autoridades municipales y escolares. Como lo comprometí, los recursos para la educación crecieron en términos reales cada año de esta Administración; por ello, el gasto nacional en educación respecto del PIB pasó del 3.6 por ciento en 1988 a 6.1 por ciento en 1994, la más alta proporción en lo que va del siglo. Igual resultado arroja el gasto nacional por alumno en educación, 11 por ciento más en términos reales que en 1981, el año de mayor gasto por alumno. Con Solidaridad, se construyeron 81,350 aulas y laboratorios.
Fortalecimos un desarrollo educativo más equilibrado entre regiones y grupos sociales. Se trabaja para elevar el aprovechamiento escolar en 14 Estados donde se presentan los más elevados niveles de marginación. Además, se atendieron a 3.3 millones de personas analfabetas, lo que redujo el índice de 13.7 por ciento a 9.8 por ciento. En la búsqueda de una educación básica de calidad, se renovaron los planes de estudio, los contenidos de la enseñanza, y se promovió una revaluación social de la labor del maestro. Se amplió el calendario escolar a 200 días efectivos de clases y, en septiembre del presente año, se entregó el último paquete de libros de texto gratuitos. Año con año, se han incrementado las percepciones del magisterio, con lo cual, la plaza de menor remuneración ha pasado de 1.5 a 3.3 salarios mínimos generales. La mayoría de los maestros percibe más de 4 salarios mínimos, aumentamos en 100% sus percepciones en términos reales, entre 1988 y 1994.
Adicionalmente, en 1993 se creó la Carrera Magisterial para la promoción y mejoramiento profesional, material y social del maestro. A la fecha, se han incorporado casi medio millón de maestros a la carrera magisterial, dos terceras partes del total. A ellos, nuestro más amplio reconocimiento y sincera gratitud.
Mi gobierno sostuvo el compromiso asumido de fortalecer el desarrollo de las universidades públicas y las instituciones de educación tecnológica. En este año, el presupuesto destinado a educación pública del nivel superior rebasa en 53 por ciento real al de 1988. Se descentralizaron los servicios de educación tecnológica y se crearon 114 planteles de bachillerato tecnológico y 16 de educación superior. Se ha fundado la nueva alternativa de Universidad Tecnológica y operan ya 7 planteles en diversos estados de la República.
El avance científico y tecnológico es elemento esencial para una economía competitiva y una sociedad educada. Desde 1989, el presupuesto asignado a estas actividades se incrementó año con año hasta acumular, en 1994 un crecimiento real superior al 95 por ciento. Adicionalmente, se han apoyado, a través del CONACYT, más de 2 500 proyectos de investigación científica y, sólo durante el presente año, se otorgaron alrededor de 14 mil becas, ocho veces más que en 1988. El Sistema Nacional de Investigadores ha cuadruplicado el número de sus integrantes y, con los estímulos establecidos se han repatriado numerosos investigadores mexicanos. Con pleno respeto a creaciones y creadores, hemos fomentado la preservación y el desarrollo cultural y artístico del país. Este ha sido el propósito del Consejo y el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. El nuevo Sistema Nacional de Creadores de Arte, dirigido a quienes han ya contribuido a fortalecer la cultura nacional, es un reconocimiento y un estímulo a la creación en libertad y a las condiciones para alentar esa creatividad. Para fomentar el hábito por la lectura, casi se duplicó la Red Nacional de Bibliotecas Públicas. En unos días más contaremos ya con nuevas instalaciones en el Centro Nacional de las Artes, un proyecto arquitectónico magnífico que permitirá una nueva interacción entre estudiosos de diferentes disciplinas artísticas como la música, la danza, el teatro y las artes plásticas. Para reafirmar nuestras raíces prehispánicas se han impulsado 14 proyectos arqueológicos integrales. La magnitud de los trabajos de exploración, investigación, restauración, mantenimiento, creación de museos y servicios que comprende el programa, no tiene precedente en nuestro país. En los últimos seis años, se ha logrado la participación de más de 25 millones de personas en actividades deportivas, tanto en los juegos nacionales estudiantiles, el deporte obrero, como en las competencias de alto rendimiento. Los recursos programados para el deporte por el Gobierno Federal, ascendieron en 1994 a un monto 13 veces superior en términos reales a lo asignado en 1988.
Me comprometí al inicio de la Administración, a avanzar en la infraestructura y en la calidad de los servicios de salud, en particular para los más necesitados y para los niños. Nuestra población aumentó su promedio de vida a 68.7 años para el hombre y 74.6 para la mujer; la tasa de mortalidad general se redujo de 5.2 en 1988 a 4.7 defunciones por mil habitantes en los últimos cinco años. Destacan la atención destinada al grupo materno infantil, que permitió disminuir la tasa de mortalidad infantil en más de 25%.
Creció la cobertura de los servicios de salud. El IMSS y el ISSSTE alcanzaron, en 1994, 45.5 millones de derechohabientes, 3 millones más en comparación con 1988. La Secretaría de Salud y el IMSS-Solidaridad atendieron a la población de áreas rurales, urbanas marginadas y en especial de los lugares donde habitan los grupos sociales más vulnerables, alcanzando una cobertura de 39.5 millones de habitantes, 11.2 millones más que en 1988. Durante los últimos seis años, el gasto público en salud y seguridad social se incrementó en 81 por ciento en términos reales, 4.1 del Producto y casi el doble que en 1988, para apoyar la construcción de más de 2,500 nuevas unidades médicas, equivalentes a una diaria en estos seis años, y 120 hospitales, equivalentes a uno nuevo cada 18 días. Asimismo, se incorporaron más de 27 mil médicos, y más de 34 mil enfermeras. La calidad se muestra por un aumento de 33 por ciento en consultas de especialidad y 54 por ciento más exámenes de laboratorio. Contamos ahora con el Centro Médico Siglo XXI, reconocido entre los más modernos de América Latina y del mundo, y se concluyó la reestructuración integral del Centro Hospitalario 20 de Noviembre del ISSSTE.
Mediante el Programa de Vacunación Universal, se lograron coberturas de hasta el 93 por ciento en niños menores de cinco años. Así, México ya alcanzó la meta mundial de inmunización propuesta para el año 2000. Como resultado de estas acciones, no se registran casos de poliomielitis desde hace cinco años, y de difteria desde hace cuatro. Otras afecciones han reducido su presencia al nivel más bajo de la historia sanitaria del país. El paludismo se redujo en 95 por ciento y logramos reducir en 67 por ciento la mortalidad por enfermedad diarréica en menores de cinco años, en relación a 1988. Además, se controló y se redujo el problema del cólera. Durante 1994, el DIF otorgó atención con eficacia y responsabilidad a poco más de 10 millones de habitantes de escasos recursos, especialmente menores, adolescentes, mujeres embarazadas, ancianos desamparados, minusválidos e indigentes, lo que representa un crecimiento de 28 por ciento en relación a los atendidos al inicio de esta Administración. Especial mención merece el trabajo del Voluntariado Nacional. Las mujeres que en él trabajan apoyan los esfuerzos comunitarios y comparten su ánimo social. Mi reconocimiento a quien las encabeza y a todas sus integrantes.
El Programa 100 Ciudades ha contribuido a moderar el crecimiento de las zonas metropolitanas de México, Guadalajara, Monterrey y Puebla, y ordenar el desarrollo de las ciudades medias. También impulsó la oferta pública de suelo y reservas territoriales. Mediante la actualización de registros catastrales, fue posible incrementar en 3.5 veces la recaudación en beneficio de las administraciones municipales, con respecto a la que se registró en 1992, cuando inició este programa. Se fomentó la inversión en renovación urbana de las zonas centro de las ciudades. A través del Programa Ambiental Fronterizo mejoró la atención a los problemas ambientales en 16 ciudades de la frontera norte. En materia de vivienda, en beneficio de más de 13 millones de mexicanos hemos ejecutado un programa de construcción de 2.7 millones de viviendas, que significa prácticamente el doble de lo realizado en la década anterior. Sin duda, el problema no está concluido, pero tenemos mejores bases para hacerlo. En los tres últimos años de mi Administración, la inversión para vivienda llegó a un porcentaje superior al 3 por ciento del PIB. A partir de 1993, y producto de una importante reforma, el INFONAVIT pagó rendimientos superiores a la inflación a cada una de las cuentas de ahorro de los trabajadores y, a su vez, el trabajador puede ahora aplicar libremente su crédito a la vivienda de su elección. Durante esta Administración, el INFONAVIT ha otorgado 550 mil créditos, que se comparan con los 750 mil otorgados en los 16 años anteriores. Además, entregó más de 880 mil títulos de propiedad.
México ha logrado definir y aplicar una nueva política ecológica. La protección de nuestro medio ambiente es condición del desarrollo; su cuidado y el aprovechamiento racional de nuestros recursos son imperativo moral en nuestra relación con las generac iones presentes y futuras. Hoy se ha completado y actualizado el marco jurídico y normativo; las instituciones se han modernizado para hacer más ágil la gestión ambiental. Hemos puesto en operación políticas preventivas y correctivas. Así, se ha realiza do la evaluación previa del impacto ambiental de casi 5 mil proyectos de inversión con el propósito de que toda actividad y obra de infraestructura no ponga en riesgo el medio ambiente. Durante los últimos tres años hemos levantado un inventario de 763 empresas de alto riesgo que han realizado los estudios correspondientes y en su caso, los programas de prevención de accidentes. En lo correctivo, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente efectuó a partir de su creación en 1992, más de 34 mil visitas de inspección a industrias y áreas naturales protegidas, con la aplicación de las medidas correspondientes.
Se impulsó la inversión pública y privada para la instalación de tecnología limpias, particularmente en la pequeña y mediana empresa. En pocos años se ha reducido el deterioro ambiental mediante acciones en las que gobierno y sociedad han sido correspon sables. Aún falta por hacer, pero los pasos que se han dado nos acercan a satisfacer la sentida demanda por un ambiente sano y limpio.
En cumplimiento del compromiso de sanear nuestros ríos, lagos y acuíferos, se instalaron 415 plantas de tratamiento de aguas negras. Ahora tenemos 3.3 veces más la capacidad instalada de 1988. En cuanto a la cobertura en el suministro de agua potable a nivel nacional, ésta pasó de 76 por ciento en 1988 a 86 por ciento de la población en 1994.
Para preservar mejor nuestra biodiversidad decidimos ampliar la extensión de nuestras áreas protegidas, conocer mejor nuestra riqueza y propiciar su aprovechamiento racional. Así, en estos seis años se triplicó la superficie protegida en las reservas naturales. Hoy supera los 10 millones de hectáreas. Mejoramos así el cuidado de nuestra gran diversidad biológica y a través de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad se ha avanzado en la identificación de las más de 30 mil especies animales y vegetales presentes en nuestro territorio. México ratificó su compromiso con la conservación de las especies, al apoyar la persistencia de la moratoria internacional que impide la captura de las ballenas y la protección de las tortugas marinas. Un mejor conocimiento y una mayor protección de nuestras riquezas naturales, permiten ya su aprovechamiento racional en proyectos de ecología productiva.
Durante este sexenio se invirtió en la Ciudad de México más que en las tres décadas anteriores. El Distrito Federal saneó sus finanzas públicas y los ingresos propios del Departamento del Distrito Federal crecieron en 82 por ciento en términos reales. Se demostró con hechos la voluntad política para proteger el medio ambiente y la salud de la población: se cerró la Refinería "18 de Marzo" y se introdujeron mejores combustibles y sistemas de control de emisiones en industrias y vehículos; asimismo, se expropiaron importantes zonas para recarga de acuíferos en el Ajusco y en la Sierra de Guadalupe. Se puso en marcha una estrategia integral de abastecimiento, distribución, uso racional y reutilización del agua. El servicio se incrementó para atender al 98 por ciento de la población mediante la red de distribución y sólo el 2 por ciento, por vivir en zonas muy altas, se abastecen mediante carros-cisterna y tanques portátiles. Para esto, se pusieron en servicio 11 kilómetros del Acueducto Periférico, 122 kilómetros de red primaria, 52 plantas de bombeo y 30 tanques de almacenamiento. Se sustituyeron 635 mil muebles sanitarios en escuelas, industrias, comercios y edificios públicos, con lo que diariamente se ahorran 120 millones de litros. La infraestructura de drenaje avanzó al mayor ritmo histórico que haya tenido la Ciudad de México. Se construyeron 31 kilómetros de drenaje profundo, 20 plantas de bombeo, 367 kilómetros de red primaria, 63 kilómetros de colectores marginales, cinco lag unas de regulación. Destaca el entubamiento de mil metros del Gran Canal de Desagüe, obra exigida por la Ciudad. Así, se incrementó la cobertura del drenaje en 20 por ciento, de manera que el 94 por ciento de la población ya cuenta con este servicio; es decir, 2 millones más que en 1988.
De notable importancia fue la recuperación del entorno agrolacustre de Xochimilco y Tláhuac que estaba condenado a la desaparición. La superficie rescatada abarca 1,100 hectáreas e incluyó el saneamiento de los canales Nacional y Chalco, los cuales ahora conducen agua limpia tratada.
Por su valor arquitectónico, el Centro Histórico de la Ciudad de México es uno de los más destacados de América. Conserva 1,500 inmuebles coloniales, y el más importante centro ceremonial azteca. Con objeto de rescatar esta zona se realizaron obras de revitalización con una inversión pública y privada de 1,500 millones de nuevos pesos. Con la construcción de las líneas 8 y A, se amplió la red del Metro en 38.5 kilómetros, es decir, 26 por ciento más que en 1988; estas obras indujeron la transformación a vías rápidas de 4.5 kilómetros de la Avenida Francisco del Paso y Troncoso y 11 kilómetros de la Calzada Zaragoza, mismas que junto con la ampliación de las salidas a Cuernavaca, Pachuca, Puebla y Ajusco, mejoraron la fluidez del tránsito. Recientemente se inició una nueva línea B, que consta de 21 kilómetros de longitud con 21 estaciones, y se desplazará hasta Ecatepec, Estado de México. La vialidad primaria se incremento en 85 kilómetros, se terminaron siete ejes viales con longitud de 31.5 kilómetros y se amplió el Periférico al oriente y al norte en una longitud de 35 kilómetros con lo que finalmente se cerró el circuito de 80 kilómetros.
Se reconstruyó el Auditorio Nacional para 10 mil espectadores, y es uno de los más modernos del país. También se renovó el Zoológico de Chapultepec, y se inauguraron el Museo del Niño, el Parque Tláhuac, casas de cultura, plazas, centros deportivos y corredores ecológicos.
En materia educativa, se construyeron 205 escuelas de nivel básico y se reforzaron 1,472 para proporcionar mayor seguridad a los niños. De 1989 a 1993 se construyeron 89,465 viviendas en el Distrito Federal y en 1994 se terminarán 40 mil. Se construyeron hospitales generales en Milpa Alta, Tláhuac y Cuajimalpa, y se rehabilitaron otros nueve de los Servicios Médicos del Departamento del Distrito Federal.
Importantes transformaciones se lograron en el manejo de la basura, con la modernización y construcción de nuevas estaciones de transferencia, la clausura de basureros a cielo abierto convertidos en rellenos sanitarios, y éstos en extensas áreas verdes con instalaciones recreativas.
La Ciudad de México tiene una gran vitalidad y está atendiendo las necesidades de sus habitantes con más participación, con más ánimo, con la grandeza que siempre ha demostrado.
Solidaridad dio respuesta directa al reto social de superar la pobreza. Estableció una nueva relación entre sociedad y gobierno basada en la iniciativa comunitaria, en la corresponsabilidad, en la participación democrática y en el uso transparente de los recursos. Solidaridad es el balance moral de la modernización. A lo largo de estos seis años se ejercieron recursos del gobierno federal, de los gobiernos estatales y de los propios beneficiarios por 52 mil millones de nuevos pesos, para llevar a cabo más de 523 mil obras de Solidaridad que resolvieron graves carencias y rezagos en todo el país. Cada día, nuevas comunidades se sumaron a Solidaridad. Se formaron 250 mil Comités en todo el país y se capacitaron más de 228 mil Vocales de Control y Vigilancia. En 1988 el Programa Nacional de Solidaridad inició sus acciones en la infraestructura de servicios para el bienestar familiar y pronto la iniciativa comunitaria promovió otros proyectos de carácter productivo para ampliar oportunidades de ingreso. Se trabajó en todos los estados y municipios del país, destacando la atención a Chiapas, Oaxaca y Guerrero, entidades con un grado mayor de marginación y a las cuales se canalizó casi la quinta parte de la inversión federal de Solidaridad. Se electrificaron 14 mil poblados rurales y 5,230 colonias populares para beneficio de más de 20 millones de habitantes. Hoy, la cobertura del servicio eléctrico alcanza casi al 95 por ciento de la población. En materia de salud, con Solidaridad se construyeron o renovaron 355 hospitales, 4,373 centros de salud y 1,241 unidades médicas rurales, para aumentar en un 53 por ciento las unidades médicas respecto a 1988. El Programa de Cirugía Extramuros ha tenido un impacto notable, al llevar mejor atención médica a las poblaciones más distantes.
Reitero que Solidaridad logró la construcción de 81,350, aulas, laboratorios en beneficio de casi 3.3 millones de alumnos, para abatir el rezago que existía en 1988. Además, se rehabilitaron y dignificaron 120 mil escuelas públicas, beneficiando a más de 19 millones de alumnos en todo el país. En apoyo a los menores que más lo requerían para continuar su educación básica, Niños en Solidaridad otorgó casi 1.2 millones de becas en efectivo, entregó cerca de 18.2 millones de despensas y proporcionó más de 4.4 millones de consultas médicas.
Más de 2.5 millones de familias asentadas irregularmente recibieron escrituras notariales para regularizar su patrimonio y asegurar su tranquilidad. La meta alcanzada equivale a haber expedido 1,141 escrituras diariamente en beneficio de igual número de familias. Representa también 9 veces más que las escrituras expedidas por la CORETT durante 15 años de operación. Con ello, se realizó un esfuerzo sin precedente en la titulación de la propiedad y en la seguridad jurídica del patrimonio familiar. Con los programas de apoyo a la vivienda y Solidaridad Obrera, se beneficiaron casi 4 millones de habitantes de escasos recursos. Con los pueblos indígenas hemos establecido una nueva relación a partir del reconocimiento, en la ley y en las acciones del Estado, de su diversidad social y cultural como componente de la unidad de la Nación. Se consagraron y fortalecieron los derecho s de los grupos indígenas. Con la protección y promoción para el libre desarrollo de lenguas, tradiciones, costumbres y formas de organización social, reconocimos constitucionalmente sus derechos para que forjen su propio destino en el marco plural y generoso de nuestra gran nación.
Nuestros códigos penales garantizan a todos los indígenas la asistencia legal en su propia lengua y obligan a la autoridad a conocer y tomar en cuenta los usos y prácticas jurídicas del acusado para impartir una sentencia justa. Superamos el paternalism o con el compromiso de justicia, de combate a la desigualdad, de respeto a la diferencia. En ese marco emprendimos un nuevo camino para el desarrollo de los pueblos indígenas afectados por rezagos ancestrales y por desigualdades moralmente inaceptables. El trayecto es largo, indudablemente difícil, pero tenemos las bases para recorrerlo en paz y con confianza.
La nueva relación se traduce en hechos. Con estricto apego a derecho y en el marco de Solidaridad, se logró la liberación de 8,849 presos indígenas. También se conciliaron 552 problemas agrarios de indígenas, para dar certidumbre jurídica sobre la posesión de 623 mil hectáreas distribuidas en cinco estados del país, con lo cual se superaron conflictos por la tenencia de la tierra que tenían en promedio más de 34 años. Mediante los 142 Fondos Regionales establecidos, se apoyaron a 4,250 organizaciones indígenas que con libertad deciden y ejecutan sus propios proyectos. Con Solidaridad se completan esos proyectos con obras de infraestructura social y productiva. La inversión en las zonas indígenas se multiplicó casi por veinte veces. No basta, pero gracias a ella podemos ir más rápido, con mayor participación y con res peto pleno a los grupos involucrados.
Desde 1990 se apoyó con crédito a la palabra a más de un millón de campesinos temporaleros, que producen principalmente alimentos básicos en 2.9 millones de hectáreas con alto riesgo y baja productividad. Estos recursos son adicionales a PROCAMPO. También, en tres años Solidaridad respaldó, con capital de riesgo temporal y créditos flexibles, las iniciativas productivas de los grupos populares para incrementar y consolidar su patrimonio. En este período, se crearon y desarrollaron cerca de 20 mil empresas de Solidaridad, el doble de la meta establecida, generando 85 mil empleos en todo el país.
En la lucha contra la pobreza, los mexicanos hemos dado un paso adelante. La movilización y la energía social generadas para combatirla es un movimiento de grandes proporciones. Con Solidaridad incrementamos la infraestructura de servicios, las oportunidades de empleo e ingreso en los lugares que más lo requerían; pero sobre todo, se ha logrado renovar la confianza de los participantes y desplegar las iniciativas del pueblo. Con dignidad, responsabilidad y firmeza, avanzamos en el esfuerzo conjunto de construir una sociedad más justa. En las giras semanales que realicé, encontré siempre la disposición, la iniciativa y el trabajo generoso de quienes menos tienen. Con Solidaridad encontraron un medio para seguir expresando la grandeza nacional. Reitero, de Solidaridad han salido fuerzas para el cambio y más justicia para la Nación. Estamos frente a un nuevo movimiento social y popular surgido de la democracia participativa, de la libertad y la dignidad. En los hechos, Solidaridad ha contribuido a crear un nuevo piso de justicia para México. Partimos de una nueva y firme base para proseguir en la más grande de las tareas: erradicar la pobreza con la justicia, con el trabajo, con la participación, con el compromiso de todos y cada uno de nosotros. Solidaridad ha permitido cumplirle mejor a la Nación.
Hace casi seis años protesté guardar y hacer guardar la Constitución General de la República y las leyes que de ella emanan. Me comprometí a defender, con lealtad y patriotismo los intereses supremos de la Nación, a gobernar para todos los mexicanos y respaldar con hechos mis promesas. En todo momento, he puesto mi mayor dedicación, lo mejor de mí, para que así fuera.
Al inicio de mi gobierno propuse a la nación una reforma en tres vertientes, cuyo cumplimiento habría de transformar cualitativamente las relaciones de la sociedad con el Estado y del país con el mundo. Esas vertientes de la gran reforma nacional fueron planteadas como tres acuerdos: acuerdo para el crecimiento, acuerdo para la justicia y acuerdo para la democracia. En la primera vertiente, la económica, nos propusimos crecer con estabilidad de precios. Avanzamos efectivamente en la estabilidad, abatiendo la inflación hasta niveles muy cercanos a los del mundo desarrollado. Durante estos seis años registramos también un crecimiento económico positivo y en cinco de ellos mayor al de la población. Fue un crecimiento menor a la meta propuesta, sí, pero fue un crecimiento firme y sano, con buenas perspectivas para los próximos años. Ciertamente, el entorno internacional no fue favorable. Hubo una evolución negativa de los términos de intercambio y bajo dinamismo en las economías más desarrolladas. Desde el punto de vista interno, la estrategia de cambio estructural del aparato productivo se dio a un ritmo mayor a lo inicialmente previsto. Cuando quedó resuelto el problema de la deuda, con la perspectiva de una mayor fortaleza financiera, optamos por enfrentar aceleradamente el reto que la rápida globalización económica le imponía al país. Decidimos reestructurar más a fondo en estos años, para crecer más rápido después. Fue una decisión con perspectiva de largo plazo.
Decidimos también, en ese mismo horizonte, emprender la negociación de un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, cuya entrada en vigor casi un año después de lo planeado afectó la dinámica económica en 1993. Paralelamente, aceleramos la reforma del Estado y creamos las condiciones internas de una mejor competencia. Lo hicimos convencidos de nuestra capacidad de adaptación al presente y ciertos de que se abrían oportunidades benéficas para el futuro. Si necesitábamos como país una vinculación eficiente con la economía mundial, qué mejor manera de lograrlo que mediante una apertura efectiva y recíproca, debidamente calendarizada, con la mayor economía del planeta. Si el objetivo era sustentar el dinamismo productivo sobre la competencia entre particulares y la adecuada regulación gubernamental, qué mejor manera de lograrlo que privatizar áreas públicas no estratégicas, abatir con esos recursos la deuda interna, liberalizar mercados y dar un nuevo fundamento al marco regulador.
Fue un curso de acción exigente para los productores nacionales, porque los obligó y los obliga a ajustar planes obsoletos, modernizar su capacidad instalada, multiplicar la capacitación e invertir en las oportunidades del cambio, más que en la repetici ón de los caminos probados. El gobierno, al reformarse, asumió su propia responsabilidad de acompañar la reestructuración, cierto, repito, de que sentaría así las bases de un crecimiento más sano y duradero, acorde con las exigencias de nuestra dinámica demográfica. El camino no estuvo exento de dificultades y de tensiones. Pero el resultado ha sido, al final, favorable. El sólido piso alcanzado por la reforma en esta vertiente, fue un escudo de la nación para enfrentar la adversidad en 1994 sin mayor es turbulencias económicas y es una firme plataforma para un futuro de más oportunidades.
La vertiente económica de la reforma avanza y se consolida; pero, como afirmé desde el inicio de mi gobierno, el compromiso de justicia no podía esperar, ni aplazarse el imperativo moral y político de responder a las demandas sociales. Este fue el propósito de la vertiente social de la reforma, el acuerdo para el bienestar productivo que propuse en diciembre de 1988 y de la puesta en marcha, el primer día de mi gobierno, del Programa Nacional de Solidaridad, embrión de un nuevo método de combate a la pobreza que encontró su propia forma de sumar los esfuerzos de la sociedad y el gobierno. Desde el inicio, en efecto, empezamos a buscar respuestas no desde las oficinas, sino en el contacto directo con las propias comunidades y canalizamos recursos crecientes a las pequeñas obras que dan enorme esperanza a las familias. El gobierno amplió de manera y monto sin precedentes los porcentajes reales de su gasto dedicados a la cuestión social. Ahí está la nueva infraestructura en salud y la enorme atención a los niños en estos años. Ahí está la reforma de la educación para abrirle futuro a nuestros hijos. Ahí las reformas al campo, el apoyo directo a los campesinos y agricultores de PROCAMPO y la seguridad patrimonial que consolidó el PROCEDE. Hoy tenemos más gasto social, más infraestructura de bienestar y los logros del Programa Nacional de Solidaridad, para respaldar, con hechos, el compromiso asumido hace seis años en la vertiente social de la reforma. En un país como el nuestro de injusticias lacerantes, acumuladas por generaciones, la acción económica y social llevada a cabo detuvo el deterioro del ingreso y mejoró el entorno social y los servicios básicos de millones de mexicanos. La evidencia está a disposición de este H. Congreso.
La vertiente política de la reforma quedó planteada en el Acuerdo para el avance democrático, que durante estos años permitió avanzar en la construcción de los consensos para reformar nuestro sistema electoral, en el fortalecimiento del respeto a los de rechos humanos y la mayor participación de los grupos sociales en las principales decisiones de gobierno. Todos esos factores sentaron las bases de una nueva relación política entre el Estado y la sociedad: una base ampliada de libertades, tolerancia y democracia.
Entre 1989 y 1994, el sistema electoral cambió sustancialmente, en pasos decisivos resultantes no sólo de la voluntad del gobierno sino del diálogo permanente con las fuerzas políticas. Tenemos hoy resultados ciertos, mecanismos confiables, transparencia en el proceso y claridad de hacia dónde debemos seguir avanzando. Vivimos un debate similar al de otras democracias avanzadas en temas como el de los recursos de los partidos y el acceso de los contendientes a los medios de difusión. La democracia mexicana no tiene carácter de excepción: se consolida y avanza en un proceso irreversible de expansión de las libertades públicas, particularmente las de expresión y crítica. Al ampliarse el marco de la participación política, al construir instrumentos objetivos y reglas imparciales, se elimina una causa de tensión política y la pluralidad efectiva del país encuentra cauces creativos. Ha avanzado la democracia, la sociedad la impulsó y el gobierno ha encauzado hacia ella el camino del país.
Reformamos la economía, reformamos la atención a las demandas sociales, reformamos las instituciones democráticas en la libertad. Fortalecimos así las posibilidades internas del desarrollo de México y su presencia en el exterior. ¿Cómo realizamos estas reformas? ¿Por qué unas vinieron aparentemente antes que otras? Las tres vertientes de la reforma se inscriben, con tiempos y modalidades distintas, en un mismo proceso general de modernización. Todas se apoyan en lo edificado por quienes nos antecedieron. Reitero que el país no empieza ni termina con una administración públicas.
Los cambios económicos sabemos, tienen largos tiempos de maduración; no pospusimos su profundización pues hacerlo habría tenido costos sociales mayores que los de la transformación misma. Los cambios económicos dieron solidez y estabilidad al país. Fueron prioridad en la acción del gobierno porque la fortaleza económica es siempre condición necesaria del progreso social y la armonía política. Más aún en razón de nuestra demografía: 10 millones más de mexicanos nacieron en este sexenio, sería irresponsable no pensar en su destino o suponer que pueden esperar por siempre. Al consolidar el cambio económico se sientan las bases para ofrecer oportunidades a quienes más lo necesitan y para dar bases materiales a la satisfacción de las expectativas democráticas. Reitero: la democracia no florece y el beneficio social se anula cuando el desorden financiero, el déficit y la inflación se exacerban, porque esos desequilibrios siempre afectan más a los que menos tienen.
La vertiente social de la reforma atendió necesidades urgentes y abrió nuevas esperanzas precisamente entre quienes menos tienen. Se inició en forma simultánea a la reforma económica, se profundizó junto con la renegociación de la deuda y se aceleró el paso más que ningún otro esfuerzo gubernamental. En 1994 lo social fue ya más de la mitad de todo el presupuesto y también en las conciencias de cientos de miles de mexicanos organizados solidariamente a lo largo y lo ancho del país, en busca de progreso y de una Nación mejor para sus hijos. Hay una reforma social en marcha, que alteró cualitativamente las prioridades presupuestales del Estado y dio a las comunidades un presente mejorado y la esperanza de un futuro con dignidad.
La transformación política garantizó la conducción ordenada del cambio, preservó la unidad básica del país y evitó rupturas. Emprender unilateralmente, desde el gobierno, la reforma democrática hubiera marginado a las fuerzas políticas y alejado a los electores; aplicarla de manera brusca o irreflexiva, en un país con la historia y las tradiciones de México, hubiese creado reacciones contrarias. La experiencia muestra que los cambios políticos abruptos, promovidos desde la autoridad, sin el consenso de los partidos y el apoyo de la sociedad, provocan sólo rupturas de lo viejo pero no la consolidación de lo nuevo. Por eso, los cambios políticos de estos años no fueron producto de iniciativas individuales ni de ideas generales sobre el avance democrático. Su ritmo y su densidad fueron definidos por los acuerdos a que pudieron llegar las principales fuerzas políticas desde 1989. Una de mis primeras acciones de gobierno fue reunirme con diversos partidos políticos para empezar a construir los consensos que dieran estabilidad a la reforma, para que generara la adhesión que reclama toda transformación política duradera. En todo momento tuvo que hacerse política, mucha política, para construir esos consensos: política entendida como actuación prudente y decidida para cambiar al mundo. Por eso, más que debatir si la vertiente política de la reforma fue posterior a las otras, lo importante es que llegó a tiempo para el momento crucial de su expresión: la jornada electoral del 21 de agosto, que condensa los avances de estos años y marca el tránsito hacia una mejor democracia. Los cambios mencionados fueron propuestas explícitas al comenzar este gobierno. Son ahora la referencia con la cual se ha de medir la contribución del mismo gobierno al devenir de la Nación. Las tres vertientes de la reforma, económica, social y políti ca, han acelerado la modernización del país. Han dado fortaleza y, también, sentido de rumbo. Por la reforma, México está hoy en capacidad para acometer nuevos retos, definir nuevas prioridades y adoptar nuevos enfoques. Los mexicanos saben dónde nos quedamos cortos, dónde se necesita corrección o avanzar más rápido. A ellos me debo, en ellos deposité mi plena confianza, de ellos espero el veredicto.
Los cambios de la reforma en que empeñé mi administración, se hicieron en el marco de la ley, para fortalecer la vida institucional del país. El Estado de Derecho exige que la ley impere y donde la realidad necesita nueva conducción, que la ley se reforme por los caminos que prescribe la propia ley. Así ha sucedido. Reformamos la Constitución para ampliar nuestras libertades, para fortalecer nuestra economía y para impulsar nuestros derechos políticos y humanos. Sin embargo, la protección cotidiana de la ley sobre la seguridad de las personas y su patrimonio, demanda aguda en 1988 y nuevamente reiterada en 1994, queda en el temario de la nación.
El diálogo y la negociación, es decir, la política, fueron el medio para cambiar. Diálogo para reducir la inflación a través de pactos sucesivos con las organizaciones obreras, campesinas y empresariales. Diálogo para incorporarnos a los flujos mundiales de comercio e inversión, y en particular para negociar el Tratado de Libre Comercio para América del Norte, mediante una consulta amplia y un debate libre. Diálogo para modernizar nuestro sistema político. Para ofrecer al campo nuevas oportunidades de capitalización, libertad y esperanza. Diálogo para ofrecer un nuevo sustento educativo a la formación de nuestros hijos y nuestros nietos. Diálogo para combatir de raíz nuestra peor calamidad, que es la pobreza extrema. En todos estos caminos hemos avanzado, porque nos hemos sabido poner de acuerdo. En todos ellos, la vía ha sido democrática y participativa. Cambiamos dialogando y negociando por la vía política. Y lo hicimos juntos.
Junto al compromiso con la ley, las instituciones y el diálogo para el cambio, hay otras grandes lecciones derivadas de este año de 1994. Son lecciones fundamentales para la vida del país, que debemos apreciar y recoger, porque son garantía de un futuro mejor para la Nación.
En los últimos meses acudimos a un surgimiento notable de los sentimientos cívicos del pueblo, que mostró una nueva vitalidad y fortaleza frente a la adversidad. A pesar de comentarios y rumores adversos, superando la descalificación anticipada de su voto, los mexicanos mostraron valor y serenidad, balance de espíritu y confianza en sus instituciones.
La elección presidencial de agosto de 1994 no fue un hecho aislado, sino un proceso largo, intenso y apasionante. Convergieron en él la negociación de los partidos, las campañas de los candidatos, la preparación logística, el libre debate público, el compromiso de cientos de miles de ciudadanos sirviendo en las casillas, la presencia de decenas de miles como observadores voluntarios, hasta en los rincones más apartados del país, a veces incluso, con riesgo personal. Pero su momento estelar fue la extraordinaria afluencia de votantes. Independientemente de como votaron, millones se decidieron a concurrir a las urnas, convirtiendo un acto individual en contundente decisión colectiva sobre el destino democrático e institucional del país.
Fue una muestra ejemplar de civismo, una clara decisión de convertir la política, no en coto particular de los políticos, sino en cosa pública, asunto del pueblo, interés general de la República. La jornada del 21 de agosto probó que hay correspondencia entre lo que señala la Constitución y los sentimientos del pueblo: es la Nación la que es soberana y es la Nación la que manda.
La elección de agosto mostró también que el país está lejos de la uniformidad. Hay diferencias de opinión y de pensamiento; la pluralidad es ya una norma de nuestra vida pública. Probamos que las virtudes cívicas no se fundan en la uniformidad social y cultural, en la homogeneidad política a toda costa. El país mostró capacidad para debatir sobre los temas públicos fundamentales, para dirimir sus diferencias en libertad, para tolerar la diversidad política y la opinión ajena. Esa es la práctica cívica en un país democrático. La tolerancia política y el respeto mutuo en la efectiva pluralidad, son la expresión más elevada de una comunidad política moderna.
Como gobierno, el reconocimiento de la participación cívica nos llevó a abrir nuevos espacios democráticos frente al conflicto de enero, y a crear condiciones más favorables para la participación ciudadana en la elección de agosto y su organización. La presencia en las urnas del 78 por ciento de los electores evidencia la enorme reserva democrática de México. A quienes pensaban que el país era incapaz de una participación cívica libre, por su larga tradición de clientelismo y corporativismo, la elección de agosto les probó que existe un México profundamente cívico en las zonas populares y rurales, en los barrios, en las colonias, a lo largo de la Nación. Se superó la lógica pesimista que inhibe la acción colectiva. En México se ha probado el poder de las virtudes cívicas, reflejadas en el interés por las causas colectivas. Son virtudes vitales para la salud de la República. La participación electoral mostró un nuevo capital social y político del país. Comprobó que los recursos morales crecen, cuando se usan; y disminuyen, cuando se dejan de lado.
Probó también que fortalecer la democracia no significa poner en riesgo la gobernabilidad. Invocar la falta de gobernabilidad por parte del gobierno es buscar un pretexto para no cumplir su responsabilidad. Invocarla por miembros de la sociedad civil , es pretexto para justificar su falta de participación, lo que termina debilitando a la República.
La gran jornada cívica de agosto modificó también los términos del debate sobre el ámbito de lo estatal. La sociedad no quiere menos gobierno, sino un gobierno que funcione. Quiere un gobierno eficaz, que asuma sus responsabilidades con la sociedad, no al margen o en sustitución de ella. El gobierno funciona mejor con la participación ciudadana, sea ésta en los partidos políticos o a través de organizaciones de la sociedad civil. Por su parte, el individuo, se convierte en ciudadano a través de su participación social y política. Por ello el reclamo ciudadano no es desaparecer al Estado sino que funcione mejor; no es debilitar al gobierno sino que éste sea eficaz, capaz de realizar los cambios necesarios.
El liberalismo social dejó atrás la lógica autoritaria de que la sociedad sólo funciona con un gobierno omnipotente y la lógica neoliberal de que la sociedad y el mercado pueden resolver los problemas sociales sin el gobierno. El liberalismo social exige que el gobierno funcione, que sea eficaz en el marco de la acción ciudadana colectiva. Reconoce y alienta, por ello, la importancia de los movimientos cívicos, de los grupos sociales interesados en la política general y en el buen gobierno. La participación cívica significa redes de confianza institucional ampliada, de solidaridad social fortalecida. La construcción de la democracia en México, que significa más libertad, mejor gobierno y más justicia, requiere de la participación cívica que, como nos lo muestra 1994, florece en los momentos más difíciles. Hay que reconocer y respetar esa comunidad cívica que ya existe en México. Es buena para la Nación.
Vivimos hoy la confianza derivada de la fuerza de la participación ciudadana, solidaria, disciplinada y generosa. Con ella, México ha fortalecido su democracia en el parteaguas del siglo que termina y el que está por iniciar. El llamado México bronco fue este año la expresión de unos cuantos. El verdadero despertar de estos meses fue el del México cívico y solidario, que se hizo presente en la participación organizada de millones de ciudadanos.
La reforma modernizadora que llevamos a cabo estos seis años tuvo como guía las mejores luchas de nuestra historia y como propósito el bienestar del pueblo soberano.
Fue nuestra tarea promover la reforma de la Revolución Mexicana, transformando al Estado y fortaleciendo a la comunidad y a la sociedad civil. Reafirmamos la soberanía de nuestra patria como valor supremo. Somos nación soberana por el sentido de pertenencia que tienen nuestras tradiciones y valores, y por nuestra voluntad deliberada de ser y permanecer mexicanos. Y la soberanía de México se ha fortalecido por la reforma que nos ha permitido cimentar el crecimiento económico, ensanchar justicia, reafirmar libertades y promover una nueva y vigorosa permanencia de México en el mundo.
La reforma de la Revolución Mexicana exigió recoger, actualizar y proyectar lo mejor del liberalismo social, que es propuesta y no doctrina. Con Otero y Arriaga se probó que una sociedad civil vigorosa fortalece a un gobierno democrático. Con Juárez se confirmó el propósito republicano y nacionalista, por la libertad y la soberanía. Y con Zapata, el legado de las grandes luchas sociales y la transmisión de los valores fundamentales. Ellos inspiraron la modernización nacionalista y popular de estos seis años.
La reforma modernizadora se materializó en la reforma del Estado, que significó un cambio cualitativo en la relación de la sociedad con el gobierno. Tuvo consecuencias políticas enormes. Condujo a nuevas reglas y se expresó en el cambio económico, en el cambio social y en el cambio político. Fue una reforma diseñada desde el Gobierno; pero llevada a la práctica con la sociedad civil y junto a ella. Se pagaron costos elevados, equivalentes a su profundidad. A este amplio proceso de cambio dediqué mi energía y mi pasión. No obstante, quien realmente materializó en la realidad las potencialidades de la reforma modernizadora, fue el México cívico con su decisión política de participación y su jornada ejemplar del 21 de agosto.
La reforma de México nos permite una nueva perspectiva económica, sin agobios de deuda, inflación o déficit; un nuevo horizonte de equidad social, sin inequidades crecientes; y una nueva institucionalidad política, plural, cívica y democrática. Nos abre también, un nuevo lugar en el mundo, donde la voz de México se escucha y su presencia se respeta.
No fue una reforma que actuara en busca de resultados inmediatos, para la próxima elección; sino en busca de resultados duraderos, para la próxima generación. Sabíamos que al cambiar correríamos riesgos; al tocar intereses de décadas, habría una fuerte reacción. Pero México no alcanzaría la viabilidad económica y política que hoy tiene, si no hubiéramos cambiado. Los retos que enfrentamos estos seis años provenían, en lo interno, del agotamiento de una forma de hacer las cosas que había funcionando bien durante un largo ciclo. Pero el reto ya no se circunscribía a las fronteras del país y mucho de lo que antes tenía arreglo entre mexicanos, cobraba ahora carácter global. Desafiado por los cambios imperiosos del mundo, el Estado mexicano, esa gran construcción histórica y estratégica, se veía emplazado a cambiar, con riesgos, o a la inmovilidad con crisis perma nente.
Como gobernante, mi convicción fue abrir nuevos caminos; reafirmar la confianza nacional en la capacidad de la República. El contacto y la cercanía con la gente mantuvieron alta mi fe y firme la convicción entrañable de que en el cierre del siglo el Es tado y la sociedad tenían la capacidad para acometer la nueva perspectiva.
Igual que todos los mexicanos, como ciudadano comprometido en el destino nacional, aprendí que los cambios que el país ha de vivir, para tener cauce y futuro, tienen que responder a la herencia viva, inherente a nuestra forma de ver el mundo y de enfrentarlo. La visión y sensibilidad de nuestro pueblo, su arrojo sin aspavientos, fueron determinantes en mi gobierno. La reforma fue ideario y convicción durante mi ciclo como gobernante. Pero en todo momento y en cada decisión, tuve plena confianza de que México tiene enormes reservas, sobre todo morales, suficientes para trascender el desafío mundial en cuyo oleaje muchas naciones naufragaron, por retraso, precipitación o por una selección equivocada de los medios, y sacrificaron su unidad, debilitaron sus Estados y perdieron viabilidad y soberanía. El punto de partida fue reconocer con franqueza y honestidad, que para poder conducir y sumar las voluntades de la sociedad mexicana, tenía que emprenderse un cambio de fondo, estructural, de largo aliento en el ámbito mismo del Estado. Impulsé la recuperación de sus equilibrios políticos y de sus principios fundadores; puse toda mi confianza en el potencial futuro del país y en el ascenso, la madurez y el patriotismo de las fuerzas sociales que, he visto día con día, construir y defender a México. Con el proyecto y la convicción de una amplia reforma del Estado, fui al encuentro de las nuevas fuerzas y actores sociales y políticos que actuaban ya, en los hechos, en el cambio de nuestra vida colectiva. El núcleo ético de mi gobierno fue la política social. Todas y cada una de las piezas de la reforma mexicana, tuvieron como fin último recuperar y multiplicar el sustrato social de la Nación; dignificar las condiciones de vida y de trabajo, de quienes c onstituyen la fuente de cohesión, identidad y riqueza de México. Quisimos ir más allá de una acción compensatoria y dimos prioridad en los hechos al combate a la pobreza, a la organización autónoma de la sociedad y al ejercicio creciente de la democraci a comunitaria.
Trabajé convencido por una política dinámica, que hiciera compatible los ritmos de la sociedad, la reforma productiva y el avance democrático. La reforma modernizadora, encontró y amplió su curso en la sociedad y la sostienen hoy instituciones democráti cas cada vez más sólidas, de las que la Constitución de la República es referente privilegiado, y la pluralidad un signo irreversible que fortalece y enaltece nuestra vida política.
Serví al país convencido de que en el movimiento diverso y plural de la Nación, en el esfuerzo colectivo y fraternal de nuestro pueblo, y en su despliegue de innovación y su disposición a cambiar en tantas áreas, hay una fuerza superior de cohesión nacional y pertenencia cívica. Siempre sentí el aliento de una ancestral sabiduría popular y una serenidad a toda prueba, que nos dio a todos prudencia y firmeza, para alcanzar logros y para enfrentar pérdidas y afrentas que fueron dolorosas pero no suficie ntes para doblegar nuestro ánimo y nuestra vocación de cambio nacional.
Ir hacia el frente significó un principio cuyo único equilibrio intocable, fue la relación profunda entre la Constitución General de la República, la preservación del andamiaje institucional del país y la ampliación de los espacios para la expresión, or ganización y representación de nuestra sociedad civil.
Los cambios obedecieron a ese principio organizativo y articulador, sustentado en nuestras leyes e instituciones. El ritmo de los cambios, hay que decirlo con toda claridad, emanó de la suma de voluntades de los mexicanos, del temple para negociar gener oso y prudente que distingue a nuestra sociedad, tanto en su tradición política como en su tradición cultural e intelectual, que manifestó en estos años, de manera admirable, su vitalidad y su capacidad de propuesta.
Gobierno y sociedad han crecido y enfrentado duras pruebas, muchas de ellas dolorosas y aún trágicas, pero no suficientes, lo reitero, para detener el paso de la modernización de México, sobre sus nuevas corrientes democráticas y plurales. Mucho se ha hecho y falta mucho por hacer. Nuestra sociedad, de cara al fin de siglo, es más justa pero tiene un gran reto de justicia que cubrir; nuestra economía es más sana, pero tiene muchos nuevos empleos y nuevos satisfactores que entregar a los mexicanos de hoy y de mañana; nuestras libertades son mayores e irreversibles, pero tienen aún rigideces e inequidades que enmendar para ser la Nación democrática y moderna que deseamos.
México es una gran Nación en cambio, tiene un amplio futuro y una identidad añeja; no sólo una lengua, sino una cultura nacional que resume en un fruto único y entrañable la rica diversidad de su historia. México tiene orgullo sustentado en su pasado, reconocido por las naciones del mundo y posee la cualidad del respeto para dialogar con otras culturas. Comprometí mi gobierno y mi voluntad toda con la reforma de nuestro viejo y joven país no para negar su historia, sino para enriquecerla; porque, com o todos los mexicanos, he aprendido en esa misma historia los riesgos de no cambiar y la sabiduría de cambiar a tiempo. Me llevo como la más preciada de mis recompensas la cálida memoria del contacto cercano con mis compatriotas. Nada se compara con la cercanía del pueblo. Por eso, nadie puede ser el mismo después de haber gobernado una Nación sensible, original y generosa como la nuestra. Nadie, tampoco, puede aspirar a la unanimidad, porque la riqueza de México es su diversidad. Gracias, muchas gracias, al gran pueblo de México, por haberme permitido servirle.